San Juan Teacalco, Temascalapa, Estado de México. Lo primero que Petra recuerda de cuando se enteró que en su comunidad se depositaban desechos radiactivos es que ese día regresaba del molino con una cubeta repleta de masa. Su tránsito por el viejo camino de tierra –hoy convertido en la carretera federal Otumba-Tizayuca– fue interrumpido por un convoy de camiones que, escoltados por patrullas, transportaban “como máquinas viejas, como fierro viejo todo revolcado”, recuerda la anciana de 77 años.
Sería gracias a la encargada de la tortillería que ella y otros vecinos sabrían que ese cargamento era de varilla contaminada con Cobalto 60 (un elemento radiactivo utilizado en las radioterapias para enfermos de cáncer).
Pero no sólo eso: se enterarían que en San Juan Teacalco existía un cementerio nuclear y que ese material se depositaría allí. Era 1985 y para entonces el confinamiento llevaba ya 15 años operando.
Petra dice que sus gallinas empezaron a morir. “Nada más cacaraqueaban, volaban y ¡pum!, se morían”, relata, sentada en el pórtico de su casa, ubicada al pie de la carretera federal Otumba-Tizayuca.
Su vivienda está separada apenas un kilómetro y medio del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), el confinamiento que desde 1970 opera como depósito “temporal” de residuos nucleares en esta localidad mexiquense.
Aunque está también al paso del camino, el Cader no es percibido por la mayoría de los transeúntes, pues no hay letreros ni señalamientos que lo distingan como tal. Sólo el logotipo y nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) –encargado de su operación– aparecen en su fachada.
Además de las láminas blancuzcas que resguardan y delimitan las 16.4 hectáreas del Centro, no hay otros indicios sobre el carácter del lugar: se trata del sitio donde se depositan casi todos los desechos radiactivos que se generan en México, con excepción de los producidos por la Central Nuclear de Laguna Verde, Veracruz.
Cada año, 10 metros cúbicos de residuos radiactivos de nivel bajo son confinados en este lugar, de acuerdo con datos del ININ, los cuales provienen de instituciones educativas y de investigación, hospitales y empresas dedicadas a las aplicaciones de técnicas nucleares.
Para su resguardo, tres almacenes –dos de 750 metros cada uno y el otro de 300 metros cúbicos– fueron construidos en la parte frontal del Centro.
En el traspatio, cinco surcos sobresalen de la tierra. El conjunto de zanjas se extiende a lo largo de 190 metros, mas su profundidad no rebasa los dos metros y medio, y en algunos casos la cavidad es de apenas un metro y medio.
Fue allí donde hace 26 años se enterraron 96 toneladas de varilla contaminada con Cobalto 60.
La fuente del material radiactivo era de un equipo de teleterapia que el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, había desechado sin el control debido, y que había ido a parar a una recicladora. Ésta a su vez lo vendió como chatarra a una fundidora y a una maquiladora.
Las empresas produjeron y comercializaron varillas de acero y bases para mesa, respectivamente, con el material contaminado. Se calcula que cuando menos en 16 entidades del país hubo construcciones que utilizaron las varillas contaminadas.
Cuando se supo que el material de construcción estaba dañado, muchas edificaciones fueron demolidas. Pero el sigilo con que las autoridades buscaron mantener el accidente nuclear –considerado el más grave de su tipo en todo el continente– dificultó el rastreo de toda la varilla contaminada con el agente radiactivo.
Si de algo sirvió el escándalo desatado fue para que los habitantes de Temascalapa se enteraran de la existencia del confinamiento de residuos radiactivos.
Para impedir que la varilla contaminada fuera depositada en el municipio, los pobladores bloquearon la carretera federal durante un mes, justo frente a las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos.
El fin del bloqueo sólo se produjo con la intervención del Ejército, que socavó la protesta. El mutismo de las autoridades permitió que, tras la violenta disolución, el movimiento opositor se desdibujara.
Muchos de quienes participaron entonces en la protesta han muerto ya, dice doña Petra. Entre quienes aún viven, el ánimo del reclamo pereció desde hace tiempo.
Mientras tanto, el Cader ha continuado su operación. Aunque fue planeado como un confinamiento temporal, su presencia en esta localidad lleva ya 41 años.
Compromisos pendientes, peligro latente
Localizado a sólo 75 kilómetros del Distrito Federal, el Centro fue construido hace cuatro décadas para albergar de manera temporal los residuos nucleares producidos en el país, que hasta entonces se habían confinado en Tlalnepantla, Estado de México.
Ya desde 1992 un estudio de caracterización de sitio, hecho por la Comisión Federal de Electricidad, había dado elementos para que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda (CNSNS) concluyera que el sitio no era apto para confinar permanentemente esos desechos. Además, la CNSNS preveía el incremento del uso agrícola de la tierra y el crecimiento del desarrollo urbano en la zona.
El dictamen de la Comisión fue retomado en un estudio realizado seis años después por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, titulado someramente como El centro de almacenamiento de desechos radiactivos.
Dicho documento refiere que un depósito permanente para residuos de bajo nivel cerca de la superficie debe estar en un sitio con una estabilidad mínima de 500 años y en donde no existan fallas, pliegues o actividad sísmica o volcánica que afecte su capacidad.
En el predio que ocupa el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos existe basalto con cavidades y fracturas abiertas a 150 metros de profundidad, de acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Éste también da cuenta de la presencia de agua subterránea en las rocas basálticas, a 300 metros de la superficie.
En marzo de 1999, un grupo de diputados federales de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente realizó una visita al Cader, casi un año después de que se hiciera la proposición en el pleno de la Cámara de Diputados.
El informe, que dio su visto bueno a la operación del Centro, fue presentado en abril de 1999 por el entonces presidente de la extinta Comisión, Alejandro Jiménez Taboada. La única diputada que rechazó la conclusión favorable sobre el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos fue Laura Itzel Castillo Juárez, quien denunció que había “muchas irregularidades”.
Castillo Juárez –quien de nueva cuenta ocupa una diputación federal y es integrante de la Comisión de Energía– observa que el tema de los desechos radiactivos no se encuentra en la agenda de la energía en el país, a pesar de que se trata de elementos peligrosos que pueden durar cientos de años y cuyo riesgo se potencia a partir del contacto que se tenga con éstos.
La operación de una central nuclear en México y la existencia de un confinamiento de residuos cercano al Distrito Federal y a Hidalgo son elementos suficientes para que, a juicio de la legisladora, sea un tema que no debe soslayarse.
En entrevista con Contralínea, la integrante del Partido del Trabajo considera importante que nuevamente se haga una evaluación del Centro y se tomen en cuenta las recomendaciones pendientes desde 1999, entre éstas su reubicación en un lugar adecuado y definitivo.
El tema del reasentamiento del depósito no sólo fue planteado por los legisladores y por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda. De acuerdo con el informe de la extinta Comisión de Ecología y Medio Ambiente, desde 1999 los funcionarios del Cader fijaban un plazo de aproximadamente siete años para desmantelarlo por completo. Ha pasado más de una década y el confinamiento sigue operando.
A 12 años de la realización del estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la capacidad de almacenamiento del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos también habría de considerarse.
Y es que para 1998, uno de los dos almacenes, con capacidad para 2 mil 665 bidones, se encontraba al límite. Otro, con espacio para 3 mil 664 bidones, albergaba para entonces 937 recipientes y el último estaba a un tercio de su capacidad.
Además, el aforo del Centro se había reducido por la interrupción en el uso de las trincheras. De acuerdo con el ININ, para entonces éstas habían dejado de utilizarse para depositar residuos, en cumplimiento de las normas internacionales que habían prohibido esa práctica desde 1989.
Sin embargo, el material que para entonces se había enterrado nunca fue removido. Se trata no sólo de las 96 toneladas de varilla contaminada con Cobalto 60, sino también de fuentes agotadas de Cesio 137 y Americio 241, así como minerales de Uranio, entre otros desperdicios radiactivos.
De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, el Cesio 137 se adhiere fácilmente a casi todos los suelos y la mayoría de sus compuestos son muy solubles en suelos húmedos.
El dato no es menor si se toma en cuenta que cercano a las trincheras donde se depositaron desechos radiactivos se localiza un arroyo. Éste se encuentra “generalmente seco”, asienta el estudio del Instituto.
Contralínea solicitó entrevista con el director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, José Raúl Ortiz Magaña. Aunque el coordinador de prensa, Omar Sarabia, dijo que “no había nada que ocultar”, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Así como a nivel federal se han desatendido los señalamientos de reubicar el Cader, a nivel local son desatendidas las peticiones de intervenir para que éste se cierre y se practiquen estudios a la población para determinar si la operación del mismo ha dañado la salud de los pobladores de las comunidades aledañas.
Desde hace dos años el presidente municipal, Mauricio Copca Fernández, se comprometió a solicitar que se hicieran estudios tanto a las personas como al ambiente para determinar si la operación del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos estaba causando afectaciones por la emisión de agentes radiactivos.
El munícipe firmó dos acuerdos con ese compromiso, en septiembre y octubre de 2009, respectivamente. El segundo de éstos fue más allá: fijó un plazo de 60 días para solicitarlos a alguna institución “independiente” e incluso acordó que pediría al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, su intervención para que el Centro fuera retirado del municipio. Sin embargo, el gobierno del ahora precandidato priísta a la Presidencia de la República tampoco resolvió el problema.
Copca Fernández prometió que pediría a Felipe Borja Texocotitla, diputado federal del V Distrito del Estado de México (que integra al municipio de Temascalapa), su intervención para plantear el tema en la Cámara de Diputados.
Pero ninguno de esos compromisos ha sido cumplido, denuncia Juan Antonio Medina Austria, integrante del Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa.
La presidencia municipal no atendió la petición de entrevista con Copca Fernández para conocer las razones por las que no ha cumplido los acuerdos pactados hace dos años.
Cuestionado sobre la dilación de los compromisos del munícipe, el diputado federal Borja Texocotitla asegura que se está trabajando en el tema.
Pero en dos años, el legislador priísta no ha llevado a tribuna la demanda de que se cierre el Centro y se hagan estudios a los habitantes de las poblaciones cercanas.
Riesgo perenne
Doña Petra y su hija, Rosa, hacen memoria de los que han fallecido recientemente: don Abel murió de cáncer de la garganta; doña Adela, también.
Lanzan otros nombres, todos de personas que murieron afectadas por el cáncer. Se trata de vecinos, conocidos, familiares. También recuerdan casos de mujeres que abortaron o de niños que nacieron con malformaciones.
“La gente antes no se enfermaba [de cáncer]. Se moría uno de viejito”, explica Petra.
Debido a que las causas del cáncer son multifactoriales es difícil determinar que su padecimiento en personas que viven cerca de un centro nuclear es consecuencia solamente de la radiación, explica Beatriz Olivera, encargada de la campaña de Energía y Cambio Climático de la organización ecologista Greenpeace.
Sin embargo, refiere que hay riesgo de que dichas personas tengan una mayor incidencia. La falta de estudios epidemiológicos en las comunidades aledañas a un centro nuclear es lo que invisibiliza las afectaciones a la población.
Tal ha sido el caso de la Central Nuclear de Laguna Verde, que trabaja con elementos radiactivos considerados de alto nivel. Desde abril pasado, Greenpeace ha monitoreado la salud de los habitantes de poblaciones aledañas y ha documentado 148 casos de enfermos de cáncer, presumiblemente como consecuencia de la exposición a la radiación.
Pero en el caso del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos no se han realizado recientemente estudios similares ni por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ni por alguna otra instancia, denuncia Medina Austria, del Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa.
El estudio del ININ de 1998 sería el único antecedente. Éste refiere que el Instituto envió personal médico a los centros de salud de las poblaciones vecinas.
“Las personas interesadas acudieron a los centros de salud para verificar si alguna enfermedad o afectación estaba relacionada con la exposición a la radiación o contaminación interna”.
De acuerdo con el Instituto, hasta septiembre de ese año se atendieron a 400 personas, se realizaron 44 mediciones de cuerpo entero y se analizaron 338 muestras de orina. Ninguna de ellas mostró que los padecimientos de las personas tuvieran relación con la operación del Centro, de acuerdo con el informe.
La ausencia de un médico en la comunidad –pues el que había se fue hace más de tres meses y no ha sido reemplazado– contribuye en la falta de información actualizada sobre la salud de los pobladores.
“¿Por qué no quieren hacer los estudios que demuestren que realmente no hay un peligro para la gente que vive aquí?”, cuestiona el miembro del Frente del Pueblo, quien ha propugnado porque el municipio gestione su realización.
La llegada de desarrolladores inmobiliarios a la región también es un tema que preocupa a Medina Austria, pues no se está informando a la gente que adquiere propiedades sobre la existencia del confinamiento, en la que se mantienen fuentes agotadas de Cobalto 60, Americio 241 y Cesio 137, entre otros residuos radioactivos.
De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, la exposición a altos niveles de Cobalto puede producir daño en las células humanas, efectos en los pulmones y el corazón, dermatitis y síndrome de radiación. Basado en pruebas de laboratorio con animales, la institución ha determinado que el Cobalto y los compuestos de éste son posibles agentes cancerígenos en seres humanos.
El Americio 241, cuya vida media es de 432 años, puede permanecer concentrado en los huesos humanos por mucho tiempo. Aunque la posibilidad de desarrollar cáncer se reduce si la dosis de éste es baja, la radiación que emite puede alterar el material genético de las células óseas y producir cáncer en los huesos.
Aunque los desechos radiactivos confinados en Temascalapa son de niveles medio y bajo, un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, elaborado en 2006, señala que también la exposición a dosis pequeñas pero continuas de radiación puede aumentar la incidencia de cáncer.
Para los especialistas en energía nuclear, Pablo Álvarez Watkins y Epifanio Cruz Zaragoza, la operación del Cader constituye un riesgo controlado. Aunque no descartan que el confinamiento de residuos radiactivos pueda ser peligroso, consideran que sí se están tomando las previsiones para minimizar ese riesgo, a través del control y monitoreo constante de los materiales.
Álvarez Watkins, doctor en energía y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, observa que “el riesgo cero no existe” y que lo único que se puede hacer es disminuirlo. Enfatiza que el peligro de los desechos nucleares es perenne, pero que éstos “se tienen que poner en algún lugar”.
El coordinador de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cruz Zaragoza, aduce que muchos de los riesgos que implica un confinamiento de este tipo dependen de las autoridades.
En el caso del Centro, critica que no haya un control del ordenamiento urbano y se permita el crecimiento de la mancha urbana en las cercanías del depósito.
El secretario de prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Cecilio Duarte Alaniz, coincide con que no deberían de permitirse construcciones cerca del centro de confinamiento.
Sin embargo, respalda la operación del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos, pues asegura que “no representa riesgos a la población” y arguye que la industria nuclear es la única que tiene bien controlado el manejo de sus desechos.
La falta de estudios que descarten las posibles afectaciones en la población y el medio ambiente es lo que mantiene en vilo a los habitantes de Temascalapa, señala Medina Austria.
Petra y Rosa aseguran que también se han presentado muchos casos de aborto, de niños que nacen muertos o con deformidades. “Hasta las chivas tenían sus albortos; las borregas, las burras, todo animal tenía albortos”.
“¿Pero qué hacemos?”, se pregunta Petra, cuyo nieto también forma parte del recuento de muertos por cáncer. “Hasta da pena. Decimos: ‘¿De qué murió?’, ‘De cáncer’…Nos da pena. Mejor ya murió y se acabó”.
El Chernóbil mexicano
Casi tres décadas han pasado desde que el accidente con la varilla de acero contaminada con Cobalto 60 colocó a México en el primer lugar de contaminación radiactiva en el continente.
La historia comenzó a finales de 1977, cuando el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez compró un equipo usado de teleterapia a la empresa X-Ray Equipment Co, que a su vez lo había adquirido luego de que el Methodist Hospital de Lubbock, Texas, lo desechara. El equipo contenía en la cabeza una bomba de Cobalto 60.
Dada la falta de técnicos calificados para su ensamble, el hospital juarense mantuvo almacenada la máquina hasta diciembre de 1983, cuando el encargado de mantenimiento lo desmanteló a golpes. La pastilla que contenía el elemento radiactivo se fracturó, dejando escapar 6 mil 10 pequeñas partículas del material contaminante.
Desmontado, el equipo fue vendido como chatarra al yonke Fénix, ubicado entre las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Ahí, las partículas de Cobalto 60 se diseminaron entre el material que se mantenía confinado.
Una parte de éste fue comprado por la fundidora Aceros de Chihuahua, SA de CV, para producir varillas. A su vez, la empresa envió material contaminado a siete fundidoras más.
Cuando menos en tres de éstas se detectaría más tarde contaminación radiactiva: en Durango, Fundival, SA de CV; en Nuevo León, Alumetales, SA de CV; y en San Luis Potosí, Duracero, SA de CV.
La maquiladora Falcón de Juárez, SA de CV, también compró al yonke (como se les conoce a los depósitos de chatarra) material contaminado, que utilizó para producir bases de mesa de acero colado. En 1984, las varillas y las bases de mesa contaminadas comenzaron a distribuirse.
El 17 de enero de ese año, un camión que transportaba bases para mesa, fabricadas con dicho material, pasó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. Las alarmas para detectar radiación sonaron.
Fue entonces que se supo que el material proveniente del yonke Fénix había sido contaminado con un elemento radiactivo.
Las autoridades estadunidenses devolvieron el material a territorio mexicano. Mientras tanto, el rastreo de las varillas contaminadas condujo a Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.
Cuando menos en esas entidades, se habían construido viviendas con la varilla dañada. Pero la intención de las autoridades de mantener en sigilo la información del accidente hizo difícil la detección de todo el material contaminado.
Muchas construcciones fueron derribadas, mas nunca se supo con absoluta certeza cuántas edificaciones se sostenían con esa varilla en las 16 entidades a donde llegó.
En el caso de las 96 toneladas que se confinaron en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Temascalapa, se trató únicamente de material proveniente de Hidalgo.
