México
es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo,
coinciden la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El diagnóstico de ambos órganos,
tras su visita al país, descubre un sistema jurídico débil, falta de
voluntad política e inoperancia de los mecanismos de defensa para la
libertad de expresión. El resultado: autocensura y, al menos, 104
periodistas asesinados y desaparecidos desde que el PAN llegó a la
Presidencia de la República. Luego de más de un año del recrudecimiento
de las agresiones contra el gremio, el 27 de octubre pasado se aprobó en
la Cámara de Diputados la federalización de delitos contra los
informadores, la iniciativa de reforma se encuentra ahora en el Senado
Tras la misión conjunta que se realizó del 9 al 24 de agosto de
2010, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para
la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la relatora
especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, emitieron el pasado 25 de
octubre el informe La libertad de expresión en México. El
diagnóstico da cuenta del peligro en el que los periodistas realizan su
oficio: un creciente número de asesinatos desde 2000; impunidad de los
agresores; sanciones penales a los comunicadores por el ejercicio de la
libertad de expresión; acceso restringido a la información, y
discriminación en la asignación de publicidad oficial como mecanismo de
censura, entre otras prácticas.
“El
Estado enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. Las
diversas fuentes consultadas por el relator especial confirman que en
México la violencia contra periodistas tiende a intensificarse”, cita el
informe. Además, La Rue y Botero concluyen: las cifras convierten a
México en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo.
Durante la visita, la relatoría de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) constató que el ejercicio periodístico en México se
desempeña constantemente bajo amenazas y hostigamientos. Ambas
relatorías retoman el caso de Contralínea como ejemplo de agresiones: el semanario ha enfrentado allanamientos, amenazas y discriminación publicitaria.
Ante las agresiones contra el ejercicio de las libertades de
expresión y de prensa, el Estado ha creado la Fiscalía Especial para la
Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Sin embargo, los organismos internacionales puntualizan que “hasta el
momento dicha dependencia no ha contribuido a reducir la impunidad
generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas”:
desde la creación de ésta, en 2006, se han consignado tan sólo cuatro
casos y hasta el momento no se ha logrado sanción penal alguna.
A decir de Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Senadores, no hay avances en materia de
protección a la libertad de expresión: “Si antes había cuatro jinetes del Apocalipsis hoy
hay tres que son muy perniciosos: la corrupción, la impunidad y la
simulación. La simulación de las autoridades es un crimen”.
Además, de acuerdo con el diagnóstico de la ONU, es evidente la
falta de voluntad política para defender al gremio: en la mayoría de los
casos, la FEADLE ha declinado competencia sobre las investigaciones que
se le designan. “Los avances hasta ahora son lentos”, confirma Javier
Sepúlveda, director general del Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
Federalizar los delitos
Luego de cinco años de la creación de la Comisión Especial para dar
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, el
27 de octubre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la
federalización de los delitos contra periodistas.
La adición al artículo 73 constitucional cita: “Las autoridades
federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra los
periodistas en el ejercicio de las libertades de información, expresión e
imprenta”. La propuesta queda a la espera de su aprobación en la Cámara
revisora.
Sin
embargo, ante el incremento de la violencia contra quienes ejercen el
periodismo en el país, la comisión encargada de atender estas agresiones
no cuenta con las facultades ni el presupuesto suficiente para operar:
no se ha conseguido que se convierta en una comisión ordinaria.
La relatoría también da cuenta de la responsabilidad de las
autoridades como perpetradoras de agresiones contra la libertad de
expresión. De acuerdo con registros retomados de la CNDH, las
autoridades señaladas son: la Procuraduría General de la República, las
secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, la
Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y la Procuraduría General de
Justicia de Veracruz.
El informe La violencia en México y el derecho a la información,
presentado en abril pasado por el Centro Nacional de Comunicación
Social y Artículo 19 –órganos defensores de la libertad de expresión–,
coincide: de 76 casos de agresión por parte del Estado durante 2010,
46.05 por ciento fue perpetrado por autoridades federales; 42.11 por
ciento por autoridades estatales; y 11.84 por ciento por autoridades
municipales.
Hasta la visita de ambas relatorías los datos estadísticos fueron
tomados del registro de la CNDH: 66 periodistas asesinados de 2000 a
2010 y 12 más desaparecidos de 2005 a 2010, además de 18 ataques a
instalaciones de medios de comunicación. A pesar de la gravedad del
tema, el gobierno no cuenta con un registro oficial en materia de
agresiones contra periodistas.
Ante la nula respuesta de las autoridades frente a estos casos, la
autocensura se ha adoptado como única medida de protección personal,
asegura Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que la
autocensura es una práctica común en las entidades con mayores índices
de violencia debido al crimen organizado: medios de Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas adoptan
la autocensura como medida de protección. Como consecuencia, los vacíos de información en México van en aumento.
El informe, asimismo, analiza casos emblemáticos de agresiones contra el gremio periodístico. Las agresiones a las revistas Contralínea y Proceso, y a los diarios guanajuatenses AM y Al Día son destacadas en el estudio.
Respecto de las agresiones contra este semanario, los relatores
refieren el ataque armado contra dos reporteros durante la cobertura
informativa en San Juan Copala, Oaxaca; el robo en las instalaciones; el
acoso y al menos cinco demandas contra los periodistas que revelaron
información sensible sobre Petróleos Mexicanos; privación de la
libertad; allanamiento de las instalaciones por parte de integrantes de
la Secretaría de Seguridad Pública; y el veto publicitario como
respuesta a la crítica periodística de esta revista.
El informe conjunto aborda otras problemáticas gremiales, entre las
que destaca el uso no autorizado de frecuencias radioeléctricas por las
radios comunitarias. Esto no debiera ser considerado un delito, sino
únicamente una falta administrativa, sentencia La Rue. De esta forma,
cita el informe, el sistema de procuración de justicia mexicano es usado
para hostigar y silenciar a los periodistas.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, puntualiza: “El gobierno debe respetar las formas de
comunicación alternativas y comunitarias”. Además, coincide en que la
eficacia de los mecanismos de defensa para la libertad de expresión
radica en un sistema de procuración fortalecido mediante la
federalización de estos delitos.
Incipientes avances
Durante su visita, La Rue constató la presencia de algunos
mecanismos de protección. En Chihuahua se adoptó el Acuerdo de
Implementación del Sistema Integral de Seguridad para Protección de
Periodistas; en octubre de 2010, la CNDH aprobó un par de guías para
desarrollar medidas cautelares en beneficio de periodistas y defensores
de derechos humanos; en noviembre de 2010 se estableció un convenio de
colaboración entre las secretarías de Gobernación, de Relaciones
Exteriores, de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; y a finales de 2010 la Cámara de Diputados aprobó una partida
para la protección de periodistas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
No
obstante, el clima adverso para la prensa en México revela la falta de
eficacia de tales mecanismos. A decir de Méndez Silva, abogado de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, la
respuesta de las autoridades “es una simulación, tiene un mal diseño
normativo y un diseño institucional incorrecto […] Constantemente hay
que litigar en contra de las mismas autoridades que favorecen la
revictimización [de los denunciantes]”.
Los crímenes contra periodistas son corresponsabilidad de las
autoridades locales y federales, señala. La federalización de estos
delitos contribuiría a la colaboración entre los tres niveles de
gobierno, y podría disminuir la vulnerabilidad en que se encuentra el
gremio en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León,
Sinaloa y Tamaulipas.
Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, destaca en el informe el pobre manejo de los datos sobre
agresiones a periodistas: se carece de estadísticas detalladas. Los
registros con los que se trabaja son provistos por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos. El gobierno no cuenta con un sistema propio de
compilación, estadística y registro de agresiones contra la libertad de
expresión. A decir de la Comisión Interamericana, los datos estadísticos
son “un requisito esencial para el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas efectivas de prevención, protección y persecución
penal de las violaciones a los derechos humanos”.
El informe señala que “la Relatoría observa con preocupación la
inexistencia de una institución que tenga la función de recolectar y
mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra
los periodistas en México, y sobre los procesos penales y
administrativos realizados en estos casos”.
A decir del abogado Méndez Silva, la efectividad de un mecanismo de
protección a periodistas radica en seis características fundamentales:
un gobierno con voluntad política para legislar adecuadamente; mayores
recursos económicos y humanos destinados a los programas de protección;
capacitación de los agentes del Ministerio Público en términos de
estrategias de investigación; protección de las víctimas a través de
medidas cautelares efectivas –mismas que requieren mayores recursos
económicos–; acción inmediata ante las denuncias de los periodistas,
para evitar medidas de autoprotección como la autocensura; y contar con
una base de datos propia. Para Méndez Silva, la inexistencia de un
registro nacional de agresiones contra la libertad de expresión
evidencia la falta de interés del propio Estado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que dentro de
las tareas a su cargo se encuentra vigilar que los agravios no sigan en
aumento. El director general del Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de este órgano, Javier Sepúlveda, coincide en que
urge una mayor capacitación de los agentes del Ministerio Público y la
profesionalización de quienes lleven a cabo las investigaciones. Además,
indica que “el próximo año es sumamente complicado. Se espera que la
cifra no sufra un aumento significativo, pues los periodistas son los
auxiliares de la justicia en este país”.
El informe, que se presentó vía videoconferencia en la sede de la
ONU en México, incluyó más de 40 recomendaciones tras la misión conjunta
de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana al Estado mexicano.
A decir de las fuentes consultadas, se espera que el Estado reconozca
su responsabilidad, mejore la calidad de las investigaciones y cese la
impunidad ante las agresiones contra la libertad de expresión. De no
hacerlo, se estaría alentando que se cometan estos delitos.
Méndez Silva espera que el Estado reconozca su deficiente labor y
que asuma las recomendaciones; “si no, México seguirá siendo el país más
peligroso [para el ejercicio periodístico]”.
Las recomendaciones
Algunas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de
la República y a las procuradurías locales
Capacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza pública
Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. El
mecanismo de protección debería ser implementado a través de un comité
interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad
federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas
autoridades y órdenes de gobierno; y gozar de recursos propios y
suficientes
Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa
Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la
jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión
Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas
sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos
crímenes
Crear un órgano público independiente del gobierno federal que regule la radio y la televisión
Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre
éstos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en
los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras
figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de
expresión
Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no
discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los
niveles y órdenes de gobierno
Fuente: La libertad de expresión en México.Informes
de misión de las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.