En menos de diez días, el Presidente electo podrá poner de manifiesto cómo gobernará en los próximos años: estará en condiciones de demostrar si tiene control real sobre las diversas y variopintas fuerzas que confluyen en el tricolor y tras su candidatura o si, luego de más de una década fuera de Los Pinos, esas fuerzas han tomado ya una autonomía que un presidente priista no puede dominar. Se verá también cómo puede y quiere actuar ante sus oposiciones, sobre todo aquellas que, como ocurre desde las épocas de Carlos Salinas, tienen como casi única respuesta política el bloqueo y la toma de tribuna.
Antes del 1 de octubre deben estar dictaminadas las dos iniciativas preferentes que envió el 1 de septiembre el presidente Felipe Calderón, pero más importante que eso, dos iniciativas que han estado en el centro de las promesas de campaña de Peña Nieto: la necesidad de impulsar una profunda reforma laboral, que permita generar los puestos de trabajo que el país requiere, y el establecimiento de un cuerpo legal e institucional que dé una verdadera lucha contra la corrupción y por la transparencia en la utilización de los recursos públicos.
Las propuestas que han enviado por una parte el presidente Calderón y, por otra, el PRI y el Presidente electo, no son iguales pero sí compatibles. Las de Calderón van mucho más al fondo de estos temas, pero son mucho más difíciles de sacar políticamente. Las de Peña están más en la lógica de la realpolitik, pero será allí, precisamente, donde el mandatario electo será “calado” por propios y extraños.
En el tema de la reforma laboral se debería aterrizar en forma muy precisa sobre lo que se desea hacer. Desde muy distintos ángulos, en estos días, tanto María Amparo Casar como Pablo Hiriart insistían en algo que parece ser clave en este tema para avanzar en una reforma laboral estancada, desde los sesenta. En otras palabras, lo que decían María Amparo y Pablo, y que suscribo, es que no se pueden hacer prevalecer los criterios políticos en torno al sindicalismo por encima de las exigencias de la economía: son dos temas diferentes que deben ser analizados y resueltos en su respectivo ámbito. Una cosa es legislar para abrir cauces a la generación de empleos en forma mucho más amplia que en la actualidad, quitarle costos y cargos a las empresas por cada empleo generado, establecer medias jornadas y nuevos mecanismos para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad, reducir los tiempos en los procesos laborales en conciliación y arbitraje, y muchas otras cosas que se pueden hacer para agilizar y actualizar el mercado laboral, y otra es la democratización plena de la vida sindical, que resulta por supuesto deseable, pero que se convierte en este momento en un escollo para todos los otros objetivos económicos de la iniciativa (mismos que, si se cumplen, finalmente terminarán incidiendo en la vida política de los sindicatos).
Más allá de las posiciones más ideologizadas, la principal oposición de distintos grupos sindicales a la reforma laboral pasa por el tema de la vida interna de los sindicatos y la extensa red de intereses que se entreteje en torno a ella. En este momento, tratar de intervenir en ella homogeneizará las posiciones de todos, de los duros y de los blandos, de los de izquierda y de los cetemistas. La reforma que envió Calderón al Congreso va, precisamente en esos temas, mucho más allá que la que había construido su secretario del Trabajo, ahora senador, Javier Lozano, que habrá que recordar, porque nuestra memoria política es muy corta, que no intervenía en esos temas y contaba con el respaldo de muchos grupos sindicales. Luego los tiempos políticos se impusieron, pero ese era el tenor también de la propuesta que presentó poco después el PRI, que recibió el respaldo del PAN y que finalmente el PRI, en una decisión errada, decidió dejar en la congeladora para no afectar sus posibilidades electorales. Errada o no la decisión de entonces, lo cierto es que la elección ya pasó, Peña Nieto es Presidente electo, asumirá su responsabilidad en dos meses y debe tomar decisiones.
La reforma laboral debe salir, lo mismo que las leyes anticorrupción y transparencia. Pueden y deben tener todas las adecuaciones posibles, pero no terminar siendo el parto de los montes. El gobierno de Fox prácticamente se acabó cuando, durante su primer periodo ordinario, no sacó prácticamente ninguna reforma importante. El de Felipe Calderón pudo sacar a cuentagotas reformas, siempre a medias, porque el Congreso le demostraba, un día sí y el otro también, que el apoyo, en el mejor de los casos, era extremadamente condicionado. Si Peña Nieto sigue el mismo camino, también lo seguirán sus aliados y adversarios y tendremos otros sexenios de grises. El país no lo merece. Para el Presidente electo es el momento de mostrar sus cartas y develar su estilo personal de gobernar.
Jorge Fernández Menéndez
EXCELSIOR
