Sicilia, Blake e Icaza en el Castillo de
Chapultepec.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
En el helicóptero en el que viajaba Francisco Blake Mora iba también su
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora. Ambos
fallecieron precisamente al término de una semana en la que sus nombres sonaron
fuertemente en el ámbito de los derechos humanos… Organizaciones no
gubernamentales los acusaron de desentenderse sistemáticamente de la defensa de
esos derechos, de ignorar o tergiversar indicaciones precisas de la Corte
Interamericana y de defender a ultranza la estrategia calderonista de combate al
narco.
Entre el lunes 7 y el viernes 11 varias organizaciones sociales señalaron a
Francisco Blake Mora y a su subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos, Felipe Zamora Castro –ambos fallecidos el día 11– por no cumplir
compromisos internacionales contenidos en las sentencias contra México dictadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Pero Blake ya había hecho gala de su desinterés por los derechos humanos
desde que fue secretario de Gobierno de Baja California, durante la actual
administración de José Guadalupe Osuna Millán.
Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
(CCDH), recordó en julio de 2010 que durante la gestión de Blake como
funcionario de Baja California “nunca hubo una política de derechos
humanos”.
Zamora Castro –exdiputado federal por Sinaloa y quien aspiraba a ocupar un
escaño en el Senado, según se rumoraba en los pasillos de la Segob– tenía entre
sus responsabilidades coordinar las acciones de autoridades federales y
estatales para acatar las resoluciones del tribunal interamericano, así como
atender los requerimientos de protección para defensores de derechos humanos y
periodistas en riesgo.
El lunes 7 fue increpado por familiares de víctimas de feminicidio en Ciudad
Juárez durante un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado ordenado
por la Coidh en torno al caso del Campo Algodonero, donde en noviembre de 2011
aparecieron los cadáveres de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y
Esmeralda Herrera. Organizaciones de derechos humanos calificaron ese evento de
“parodia”. Le tocó ser el pagano de la decisión del gobierno de Felipe Calderón
de incumplir los acuerdos signados para acatar los ordenamientos de la Corte
Interamericana. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la
edición 1828 de la revista Proceso, ya en
circulación).
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