Intolerancia y autoritarismo

Felipe Calderón inicia su último año en el poder Ejecutivo amenazando a, al menos, 23 mil mexicanos. El periodo electoral –que culminará con la elección de un nuevo presidente de la República en julio de 2012– se le empieza a dificultar al inquilino de Los Pinos. La respuesta de la Presidencia a la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que el panista sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad exhibe a un gobierno autoritario e intolerante, consideran abogados, académicos, políticos y defensores de derechos humanos. Los especialistas en derecho señalan, además, que no hay elementos jurídicos para que proceda la “amenaza” de la administración federal de actuar legalmente en contra de los denunciantes

 

 

La expresión de que el gobierno federal explora la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la situación de violencia que existe en México es calificada como desmesurada, intimidatoria y autoritaria por académicos, juristas, políticos y defensores de derechos humanos.

 

La petición, hecha por un grupo de abogados y respaldada por alrededor de 23 mil personas, documenta los crímenes y violaciones a derechos humanos que, en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, han cometido tanto los grupos del crimen organizado como miembros de las Fuerzas Armadas.

 

La intención es que la Corte abra una investigación y, en caso de que acredite que se han perpetrado violaciones al derecho internacional humanitario, juzgue a los responsables. De acuerdo con la propuesta, que fue entregada el pasado 25 de noviembre a la CPI, éstos serían Felipe Calderón Hinojosa, sus secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, y los líderes de los cárteles del narcotráfico, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

 

A tan sólo dos días de que la solicitud fuera presentada, la Presidencia de la República respondió calificándola de “imputaciones falsas y calumniosas” que “afectan terriblemente el buen nombre de México”.

 

Pero no sólo eso: la réplica presidencial manifiesta que el gobierno federal “explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [las imputaciones] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

 

Los juristas Diego Valadés, Perla Gómez Gallardo y Raúl Carrancá y Rivas coinciden en que se trata de una amenaza que carece de sustento, pues no se puede acusar a alguien por ejercer un derecho ciudadano.

 

El propósito del mensaje es más bien intimidatorio, a decir de Gómez Gallardo, y busca amedrentar a quienes ejercen su derecho a presentar una demanda ante una instancia judicial.

 

Para el jurista Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un mensaje represor y que exhibe “una actitud intolerante y amenazante” de quien lo suscribe, es decir, del gobierno federal.

 

Apreciaciones similares son expresadas por defensores de derechos humanos, académicos y políticos, quienes concuerdan en que la respuesta del gobierno federal constituye una acción desmedida.

 

Asimismo, es común la opinión de que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a buscar justicia ante tribunales internacionales cuando el país no la garantiza.

 

Intimidación, un “mal signo”

 

Para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del gobierno calderonista fue intolerante y autoritaria.

 

Mediante  un comunicado, el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, señala que “es absoluta, total y plenamente criticable la reacción desmedida de Felipe Calderón; le salió de lo más profundo la vena intolerante que caracteriza a los gobiernos de derecha”.

 

La secretaria general del partido del sol azteca, Dolores Padierna Luna, coincide con el dirigente al considerar que la respuesta fue “de nivel dictatorial”, así como “una clara muestra de autoritarismo”.

 

En el mismo tenor se expresa el diputado Armando Ríos Píter, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.

 

Para Ríos Píter, el mensaje presidencial “deja clara la visión autoritaria de este gobierno y la cerrazón que ha tenido ante las críticas de una política de seguridad pública que ha sido considerada como ilegítima”.

 

La legisladora Enoé Margarita Uranga, quien funge como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expresa que tanto la Cámara como la Comisión de la que forma parte, deberían tener un señalamiento ante esta respuesta, considerando que son parte de los denunciados.

 

Uranga califica el mensaje presidencial como “declaraciones de un dictadorcillo, que desde el inicio se ha esmerado en debilitar la democracia”.

El politólogo Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, considera que la respuesta de la Presidencia es una “acción antidemocrática del gobierno” que pretende castigar un derecho de la ciudadanía.

 

El investigador arguye que el gobierno tenía que dar una respuesta a la acción emprendida ante la CPI, pero que ésta debía servirle para fijar su postura al respecto y no para penalizar dicha acción.

 

En lugar de ello, el mensaje que ha mandado al condenar a quienes hicieron la propuesta es que no está dispuesto a enfrentar o someterse al dictamen de un organismo jurídico, estima.

 

Para Raúl Trejo Delarbre, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el mensaje presidencial es una expresión “de torpeza, quizá de berrinche y de intolerancia que no son propios de un gobierno que quiera ser respetable ante el resto de la sociedad”.

 

El académico percibe en la respuesta de Calderón un abuso de poder, de su capacidad propagandística y de su potencial para actuar legalmente y usar la fuerza del Estado en contra de quienes tienen apreciaciones distintas.

 

Aunque califica de “desmesurada, inoportuna e ineficaz” la petición llevada ante la CPI, Trejo Delarbre considera que la respuesta del Ejecutivo federal fue igualmente desmedida e inadecuada y que constituye un precedente “preocupante”.

 

Ernesto Villanueva, investigador del IIJ y especialista en derecho a la información, sostiene que la reacción del gobierno da un mensaje contrario a la libertad de expresión y expresa no sólo la intolerancia de Calderón, sino “una falta de liderazgo, de visión de Estado y muestra cada vez más a una persona con talentos reducidos”.

 

Para Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el tono intimidatorio con que respondió el gobierno federal es un “mal signo”, pues podría llevar a un recrudecimiento del clima adverso que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.

 

“Todos los defensores de derechos humanos, sus organizaciones y los periodistas nos sentimos amenazados”, expresa.

 

El derecho de los ciudadanos y el de Calderón

Gerardo Sauri, relator para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincide en que el mensaje del gobierno tiene una naturaleza intimidatoria y agresiva.

 

Sauri subraya que el gobierno hizo una descalificación anticipada sobre la petición llevada a la CPI, lo que podría mermar la confianza de los ciudadanos en el uso de tales recursos de defensa de los derechos humanos.

 

Pero más que el debilitamiento de la confianza en esos instrumentos, lo que preocupa a los juristas Gómez Gallardo, Carrancá y Rivas y Valadés es que se inhiba el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho a demandar.

 

Al respecto, el senador Ricardo Monreal defiende el derecho de cualquier mexicano de acudir jurisdiccionalmente ante tribunales internacionales cuando consideren que la justicia es denegada en el país.

 

Una postura similar es expresada por Francisco Ramírez Acuña, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

 

Ramírez Acuña expresa que no se puede negar el derecho de los ciudadanos a presentar una demanda, “aunque en un momento dado el juzgador acredite que no lo tiene”.

 

El panista se dice en desacuerdo con la respuesta de la Presidencia, a la que valora como “un error de comunicación”. Y sostiene que, para acreditarse, el gobierno mexicano tendría que hacer su defensa ante la CPI, “pero no podemos coartar el derecho a ningún ciudadano mexicano de manifestar sus deseos o buscar ejercer algún derecho”.

 

Aunque el líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas, también se pronuncia a favor de que los ciudadanos ejerzan su derecho a demandar, dice que Calderón tiene el mismo derecho a defenderse.

 

“Y no es criticable ni al presidente de la República ni a los que denunciaron porque están ejerciendo sus derechos”, esgrime.

 

La legisladora panista Rosi Orozco, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, también muestra su apoyo a Calderón y expresa sus dudas de que la Corte atraiga el caso, pues “aquí no hay genocidios ni delitos de lesa humanidad ni un asunto en que las cortes de México no estén dispuestas a actuar”, asegura.

 

Pero a pesar del recelo de la diputada, el 29 de noviembre pasado, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, informó que estudiará la denuncia recibida en su oficina contra Calderón, de acuerdo con la agencia de noticias Efe.

 

En una comunicación poco usual, Ocampo confirmó a Efe que había recibido la denuncia del caso de México y explicó que la recepción de las quejas comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes denunciados están dentro de la jurisdicción de la CPI.

 

“Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, dijo el fiscal a la agencia noticiosa.

 

Amenaza sin sustento

 

Perla Gómez Gallardo, Raúl Carrancá y Rivas y Diego Valadés hacen una afirmación común: no hay ningún delito que se le pueda imputar a quienes llevaron la petición ante la CPI.

 

Carrancá y Rivas, experto constitucionalista, explica que a los denunciantes no se les puede acusar de calumniadores, dado que lo único que hicieron fue presentar un hecho ante una autoridad internacional.

 

“Decir que una demanda es calumniosa me parece la cosa más absurda y equivocada. Entonces sería calumniosa toda denuncia que yo presente ante la autoridad, simplemente porque al denunciado no le gusta”, ironiza.

 

La abogada Gómez Gallardo recuerda, además, que el delito de calumnia fue eliminado del Código Penal Federal. El 29 de noviembre pasado, el Senado de la República también anuló los delitos de calumnia y difamación de la Ley de Imprenta.

 

La también académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana subraya que demandar es un derecho básico de una sociedad democrática, independientemente de si la autoridad que juzgue le dé la razón o no a quien demanda.

 

“El problema está en la actitud que asume [el gobierno] de pretender amedrentar o inhibir a quienes se atrevieron a hacer esta denuncia”, expone.

Valadés agrega que “un gobierno nunca tiene fundamento legal ni constitucional para amenazar a ningún ciudadano en el ejercicio de su libertad”.

 

Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, reconoce que no habría elementos para emprender acciones penales en contra de quienes presentaron la petición a la CPI. No descarta, sin embargo, que éstas se pudieran hacer por la vía civil.

 

El funcionario es enfático en señalar que la respuesta del gobierno federal no afirma que se hayan emprendido acciones legales en contra de los denunciantes o se pretenda hacerlo. Recuerda que el texto de la Presidencia sólo dice que “el gobierno federal explora todas las alternativas”.

 

Tal expresión constituye una “torpeza política”, a decir de Raúl Trejo Delarbre.

 

De acuerdo con el académico e investigador en temas de ciencias sociales, de esta forma el gobierno sólo hizo una amenaza, en lugar de llevarla a cabo. Con ello, se puso al mismo nivel de los ciudadanos para abusar de su poder frente a ellos.

 

Gómez Gallardo también critica que el gobierno federal responda con una amenaza a los ciudadanos en lugar de contestar a las acusaciones en los canales que tiene para ello.

 

“Ahora lo importante será que el gobierno nos diga exactamente qué tipo de acción en contra de quien denuncia existe en México. Lo mínimo que esperamos en el corto plazo es que nos diga a qué son acreedores aquéllos que se atreven a disentir de una política pública”, expresa.

 

Valadés expone que el gobierno sólo podría castigar de facto a los denunciantes, pues legalmente no hay un sustento para su amago.

 

“No hay una sola facultad en la legislación o en la Constitución que permita que un gobierno amenace públicamente a 23 mil personas con proceder en su contra”, sentencia.

 

El jurista conjetura que el mensaje presidencial no se traducirá en hechos concretos, lo que, en su opinión, dejará al gobierno “en un doble ridículo”: por amenazar y por no haber podido cumplir con su amenaza.

 

 

Proceder legalmente contra quienes “calumnian”: Presidencia*

 

Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de noviembre de 2011. El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.

 

México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

 

Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

 

En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

 

En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.

 

Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes Federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución Mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.

 

Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.

 

La estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.

 

En particular, las recientes Reformas a la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los Derechos Humanos.

 

Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.

 

Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.

 

Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el Gobierno Federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.

 

Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. (sic)

 

*Comunicado oficial CGCS-196

 

No hay ataque sistemático contra la población: Secretaría de Gobernación*

 

1. El Gobierno Federal niega que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente. Es convicción del Gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en México, ya que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos.

 

2. Las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las Entidades Federativas y sus municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, realizando una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas.

 

3. En México como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos. Prueba de ello, son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso implementación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos. Esta última, establece el deber de todas las autoridades del Estado de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a derechos humanos.

 

4. El Estado Mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

 

En seguimiento a esta política, se mantiene una relación de estrecha cooperación y diálogo con la Corte Penal Internacional. En este sentido, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa ante el Senado de la República, para generar una Ley de Cooperación con dicho tribunal internacional. Misma que se encuentra en dictamen en la Cámara de Diputados.

 

5. El Estado mexicano a través de los diferentes órganos de procuración de justicia, realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos. Al respecto, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende, actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole.

 

6. Por otro lado, para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país. Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido. (sic)

 

*Boletín 433 emitido por la Secretaría de Gobernación el 25 de noviembre de 2011

 

 Denunciantes presentan de manera equivocada la realidad nacional: SRE

 

En relación con la intención de un grupo de personas de presentar una solicitud para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala lo siguiente:

 

1. El Gobierno Federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales.

 

2. Es convicción del Gobierno de México que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y se alcanzará el clima de seguridad que los ciudadanos reclaman. En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia federales, estatales y municipales, así como para cerrar espacios de impunidad a la criminalidad, para que los delincuentes sean sometidos a la justicia y sancionados por cada uno de sus crímenes.

 

3. El compromiso del Gobierno Federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. A iniciativa de la presente administración, en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México. La reforma constitucional de mayor trascendencia es la que da rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos. En ella también se establece la obligación de todos los órdenes de Gobierno de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a estas garantías fundamentales; además de que fortalece la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

A lo anterior, se suman las nuevas leyes de migración, de refugiados y las reformas en materia de justicia penal, y la constitucional en materia de Amparo. Todas ellas, promovidas por el Gobierno Federal, representan avances cualitativos en derechos humanos y mayor certeza jurídica frente a la autoridad.

 

4. México es parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos. Por ello, ha mantenido una política de cooperación y apertura total con los órganos de Derechos Humanos, ha extendido invitaciones a todos ellos, y se llevan a cabo numerosos programas de cooperación con las autoridades nacionales. Esta cooperación fortalece las estructuras nacionales para la vigencia y pleno cumplimiento de esos derechos.

 

5. Hacer un llamado a que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso.

 

En nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificación de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias.

 

6. En México se vive un Estado de derecho en el que se combate el crimen y la impunidad, sin distingos. El Estado Mexicano actúa contra las organizaciones criminales, así como contra aquellos servidores públicos que han dado la espalda a sus deberes constitucionales y legales en perjuicio de la sociedad. Es prioridad para el gobierno la atención de las víctimas u ofendidos de tales delitos, y muestra de esto es la reciente creación de Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.

 

El Gobierno Federal mantiene su compromiso indeclinable con los gobiernos locales y con la sociedad mexicana de profundizar un frente común en contra de las organizaciones criminales, con el firme propósito de construir un México cada vez más seguro para las futuras generaciones. (sic)

 

*Comunicado 372 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido el 11 de octubre de 2011

 

 

 

Mayela Sánchez/Ruth Roque/Mariela Paredes