Alejandro Martí, durante su intervención en la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los diputados ningunean hace 10 meses una ley que acorralaría a los secuestradores, pues permitiría localizar en tiempo real las llamadas telefónicas en caso de plagio.
Y… luego de 32 reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, resulta que de julio a diciembre de 2011 los secuestros fueron mil 239, cuando en ese mismo periodo de 2010 fueron mil cuatro.
Alejandro Martí acusó el retraso de la Cámara de Diputados en legislar para dotar a las fuerzas antisecuestros con mayor tecnología y lamentó que los intereses de quienes integran el poder público no se alineen con los ciudadanos, sino con los partidos.
Una voz seria, no sólo por la autoridad moral que le otorga ser víctima, por el secuestro y asesinato de su hijo Fernando, a manos de Noé Robles, quien también mató al adolescente Antonio Equihua, por 90 mil pesos que le pagaba la banda de Los Petriciolet.
La de Martí es una voz autorizada porque ha rechazado candidaturas a cargos de elección popular por diferentes partidos, porque ello le restaría potestad, al alinearse él también a los intereses de éstos.
En los 10 meses que los legisladores llevan sin aprobar la Ley de Geolocalización, se registraron dos mil 252 secuestros, en los cuales terminaron asesinadas 61 personas, y fueron denunciadas tres mil 374 extorsiones.
¿En qué consiste la ley que reclama Martí, y que fue presentada por los Senadores Tomás Torres Mercado (PRD), Fernando Castro Trenti (PRI) y Alejandro González Alcocer (PAN)? Pues, en nada que sea imposible de implementar ahora mismo.
Veamos:
–Bloqueo inmediato de los equipos de los teléfonos reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados.
–Que los celulares cuenten con dispositivos de emergencia o una combinación de teclas de fácil acceso que permitan enviar señales de auxilio.
–Que sea obligación de los concesionarios de telefonía informar a las autoridades sobre cualquier variación o interrupción de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para bloquear las comunicaciones celulares en centros penitenciarios.
–Contemplar la Geolocalización, en tiempo real, de llamadas telefónicas en caso de secuestro.
Sin embargo, sería de suponer que aun cuando los diputados no aprobasen esta ley, las 32 reuniones realizadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública servirían para reducir, cuando menos, al máximo los secuestros.
Pero no: en 2011 aumentaron 23.4 por ciento en relación con 2010. Ah, pero “la consolidación de las Unidades del Combate al Secuestro” avanzó ya un 60 por ciento y el gobierno destinó 473 millones de pesos para su pronta instalación en todos los estados.
Mientras, cada día que los diputados pasan sin aprobar la ley, se producen seis mil 500 llamadas de extorsión y muchas más para negociar secuestros.
Uf: un desmadre.
Rubén Cortés
El Arsenal.Net
No hay comentarios:
Publicar un comentario