El 23 de marzo el testigo, identificado como “Jennifer”,
hizo señalamientos ante autoridades de Estados Unidos, arrojan documentos de la
averiguación SIEDO/UEIDCS/112/2010, con los que se pidió al juzgado primero de
distrito el arraigo de Ángeles y Dawe.
México.- Desde marzo de 2010, los generales de división Tomás Ángeles
Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como el general brigadier Roberto Dawe
González fueron señalados por un testigo protegido de estar involucrados con el
narco, alertó en ese año la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus
siglas en inglés) al gobierno mexicano.
El 23 de marzo el testigo, identificado como “Jennifer”, hizo señalamientos
ante autoridades de Estados Unidos, arrojan documentos de la averiguación
SIEDO/UEIDCS/112/2010, con los que se pidió al juzgado primero de distrito el
arraigo de Ángeles y Dawe.
El testigo, quien radica con una nueva identidad en el país vecino del norte,
detalló que Ángeles y Dawe recibieron, al menos en seis ocasiones entre 2005 y
2010, “dádivas” que presuntamente les proporcionaron miembros del cártel de los
hermanos Beltrán Leyva.
“Jennifer” involucró a seis militares; tres de ellos supuestamente ya se
encuentran bajo proceso penal.
En 2010 dijo a la DEA que al menos en seis ocasiones vio salir al general
Dawe de casas de seguridad que utilizaba Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”,
cuando éste era lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva.
En su declaración a la DEA –que la agencia estadounidense le envió al
gobierno mexicano en abril de 2010- sostiene que escuchó decir a “El Grande” que
entre 2008 y 2010 “La Barbie” le entregó al general Ángeles seis pagos de 350
mil pesos en efectivo.
De acuerdo con el diario
La Jornada, “Jennifer” ha sido utilizado
desde 2007 en casos relacionados con delincuencia organizada, donde ha referido
conocer pagos a funcionarios públicos o militares con grupos del crimen
organizado, que van desde “Los Zetas” hasta los Beltrán Leyva y el cártel de
Sinaloa, que son procesos en los que en su mayor parte la Procuraduría General
de la República (PGR) no ha obtenido sentencias condenatorias.
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