Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.
El jurista mexicano
Netzaí Sandoval entregó hoy al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo,
un expediente en el que acusa los crímenes de guerra y contra la
humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que
abra una línea de investigación contra el Presidente Felipe Calderón.
“Queremos atraer la atención del fiscal de la CPI sobre las múltiples
violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas
por las fuerzas policiacas y militares, para que juzgue el papel y la
responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en la sanción de esas
conductas”, dijo Sandoval al diario
Reforma.
“
No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando,
tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la
exYugoslavia, con el expresidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue
juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y
castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”.
La denuncia
Un grupo de
abogados, activistas y periodistas busca que la
Corte Penal Internacional juzgue al Presidente Felipe Calderón por los
efectos de la ‘guerra’ contra el narco; sin embargo, entre los expertos en Derecho Internacional no hay un consenso sobre
si esa petición es viable en términos jurídicos.
Entre los promoventes del juicio
se encuentran el investigador John Ackerman; el abogado redactor, Netzaí Sandoval; los ‘moneros’ del diario
La Jornada,
Rafael Barajas, Antonio Helguera y José Hernández; el productor
Epigmenio Ibarra, entre otros simpatizantes con el grupo ‘No más
sangre’.
Los firmantes piden un juicio penal internacional contra el
presidente Felipe Calderón; Genaro García Luna, Secretario de Seguridad
Pública; Guillermo Galván Galván, Secretario de Defensa; Francisco
Saynez Mendoza, Secretario de Marina, y contra el narcotraficante
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entre otros.
El documento, que aún
se puede firmar por internet, afirma
que el Presidente declaró el inicio de una “guerra” contra el narco el
11 de diciembre de 2006, y para enfrentarla se ha valido del Ejército,
la Marina y las fuerzas policiales. El resultado es “la muerte de 40 mil
seres humanos en los últimos cuatro años”.
Entre las razones expuestas en una petición,
disponible en línea, se lee:
“
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que
ha resultado en la muerte de más de 40 mil seres humanos en
los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas,
el Ejército y Marina mexicanas. El uso del Ejército en operativos contra
el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este
período.
Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar
de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al
Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos
policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011).
Tan
sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra
emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y
Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y
ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120 mil personas debido
a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center
2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente
vulnerable:
mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). ”
Asimismo, los convocantes consideran que “
México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia”, así como que el país vive una “
impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados.”
La petición de juicio al presidente de México
continúa abierta y hasta el momento
ha sido firmada en línea por 12 mil 141 personas,
aunque se estima que lleva más de 20 mil firmas recaudadas; entre los
signatarios destacan Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor),
John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), José
Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos “Pro Juárez”),
Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM),
Edgardo Buscaglia (Abogado, investigador y consultor de la ONU) y
Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación).
La postura del gobierno federal
En octubre pasado el gobierno mexicano
rechazó de manera categórica que la Estrategia Nacional de Seguridad pueda constituir un crimen internacional y que, por el contrario, ésta se apega al Estado de derecho y su fin es llevar a los delincuentes ante la justicia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
dio respuesta así en
un comunicado emitido por la noche,
al
anuncio de la solicitud frente a la Corte Penal Internacional (CPI)
para interponer una denuncia contra el Presidente Felipe Calderón, sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes por “crímenes de guerra y de lesa humanidad.”
En la respuesta de seis puntos,
la cancillería rechazó “categóricamente”
que la política de seguridad en el país
pueda constituir un
crimen internacional.
La Corte Penal Internacional
La
Corte Penal Internacional (CPI)
se estableció en 1998 para ayudar a terminar con la impunidad de
quienes han perpetrado los crímenes más graves de la comunidad
internacional. Así, pues,
juzga la responsabilidad individual de personas y no de Estados, como hacen otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
México ratificó la norma fundacional de la Corte –
El Estatuto de Roma— el 28 de octubre de
2005. Con la firma, le reconoce junto a otros 118 países,
competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra cometidos en territorio nacional o por mexicanos en cualquier parte del mundo.
Cabe señalar que
la CPI conoce de los crímenes una vez que se
haya demostrado que los tribunales del país involucrado no ha querido o
no ha podido juzgar a los responsables. Eso implica que la CPI
sólo actuará cuando las autoridades locales no procesen o castiguen a
los criminales. A este principio se le conoce como Complementeriedad
Positiva.
Desde su creación hasta el pasado mayo, el Fiscal de la CPI –el
argentino Luis Moreno Ocampo—ha recibido 9 mil 214 documentos similares a
los que
el grupo mexicano presentará el 25 de noviembre.
http://www.animalpolitico.com/2011/11/recibe-corte-penal-internacional-denuncia-contra-calderon/
