Es preocupante observar los diversos escenarios para México que, de suceder, podrían poner en riesgo su estabilidad y viabilidad.
Uno de éstos, de corte catastrófico, imaginado por actores en los ámbitos de la seguridad dentro y fuera del país, afectaría el resultado de la elección y situaría al país al borde de una crisis peor a la que se experimentó en 1994 con el alzamiento armado en Chiapas y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el de José Francisco Ruiz Massieu, entonces diputado electo y futuro coordinador de la Cámara de Diputados.
Este
escenario indica que las vulnerabilidades del gobierno actual podrían
ser el terreno propicio para que grupos de poder intenten reproducir las
experiencias de 1994. En México no faltan grupos de esta clase que se
sienten agraviados por la política gubernamental contra el tráfico de
drogas del presidente Felipe Calderón.
Una de las acciones potenciales más terribles que hay que tomar en
cuenta que dichos grupos intenten asesinar a uno de los candidatos a la
Presidencia. Al igual que en 1994, la muerte de un candidato sembraría la confusión entre la opinión pública y arrojaría la sombra
de sospecha sobre el poder Ejecutivo, con el consiguiente daño al
Partido Acción Nacional (PAN) y sus posibilidades de continuar en el
poder.
Para llevar a cabo esa operación, los grupos de poder requerirían
de la capacidad para realizar una operación de guerra sicológica a gran
escala, lo que sólo sería posible si contaran con aliados dentro de las
estructuras políticas y de seguridad del gobierno.
Aunque el país no ha estado exento del asesinato reciente de
candidatos a puestos de elección popular, un ataque a los aspirantes
presidenciales lo situaría en una de las crisis políticas, económicas y
sociales más severas de su historia reciente.
Varias debilidades de la política del gobierno actual podrían
facilitar que cualquiera de esos escenarios pueda ocurrir: la pretensión
casi enferma de algunos grupos de poder en el PAN para impedir a toda costa (con
todo lo que eso implique) que Andrés Manuel López Obrador gane la
elección y conquiste la Presidencia de la República. En este ambiente de
incertidumbre, nada impediría que la franja decisiva del voto volátil
rechace la continuidad del PAN en el poder, la posibilidad del regreso
del PRI y se incline hacia el Partido de la Revolución Democrática.
Los excesos y abusos de las fuerzas gubernamentales en el conflicto
armado contra los grupos de la delincuencia organizada, que incluirían
la probable ejecución extrajudicial y desaparición forzada de
narcotraficantes, la multiplicación de víctimas no relacionadas con el
conflicto, son a final de cuentas una debilidad importante porque
disminuyen el apoyo popular.
En este espectro de vulnerabilidades también se encuentra la
proliferación de grupos paramilitares y de seguridad privada que están
librando su propia lucha armada contra bandas criminales rivales. Aún se
desconocen los contactos de estos grupos con los cuerpos de seguridad,
pero la posibilidad de que existan y sigan activos no debe de
descartarse.
Los cambios en el aparato de seguridad han dejado al país sin una
capacidad adecuada de contrainteligencia, lo que podría afectar a los
escudos del gobierno contra la infiltración del narcotráfico y otras
organizaciones criminales y abrir una gran ventana de vulnerabilidad.
La renovación del equipo de las Fuerzas Armadas no ocurre al mismo
ritmo de las exigencias de movilización que ha tenido en esta
administración. Los militares siguen encabezando el combate al
narcotráfico en contra del marco jurídico vigente y sin una inversión
suficiente en equipo, armas, logística y efectivos para una lucha que se
libra prácticamente en todo el territorio nacional.
La política gubernamental contra la delincuencia organizada se basa
casi exclusivamente en la aplicación de la fuerza y ha dejado de lado
otros componentes sociales, políticos y económicos que podrían disminuir
los espacios de dominio criminal, acrecentar el apoyo de la población y
crear las bases para una redefinición de las políticas de seguridad.
Estas vulnerabilidades han sido analizadas por observadores
extranjeros que también han esbozado escenarios pesimistas. Uno de éstos
es la hipótesis del México fallido, como una situación grave de
ingobernabilidad que se materializa como la peor consecuencia para un
gobierno incapaz de garantizar la seguridad de la población, confrontar a
la delincuencia organizada, mantener la integridad territorial e
impedir el desbordamiento de la influencia criminal sobre las
instituciones. Para dichos analistas varias porciones del país ya son
pequeños Estados fallidos.
Entre los escenarios que han sido pensados por personajes de
seguridad de Estados Unidos aparece la posibilidad de que sus Fuerzas
Armadas invadan al país para derrocar a un grupo de narcotraficantes que
habría tomado el poder con ayuda de una fracción desertora del
Ejército.
Otros consideran el escenario de bandas criminales que se comportan
más como una guerrilla que como grupos de la delincuencia organizada.
Algunos ven el problema como una evidencia de que los grupos criminales
intentan construir su propia capacidad insurgente con el apoyo de
sectores de la población que no ven otras alternativas de sobrevivencia
que no sean las de unirse a la delincuencia organizada.
Aún es a tiempo de reducir drásticamente las posibilidades de que
esas catástrofes ocurran. Pero eso no sería posible si al mismo tiempo
no se revisan y corrigen las políticas que no han hecho más que
profundizar la debilidad gubernamental y abonar el terreno para los
peores escenarios.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del
Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la
Defensa Nacional en Washington
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