El
Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México,
administrado hasta el 15 de septiembre pasado por el precandidato a la
Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades
federativas más endeudadas del país, revela el
Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011,
elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con
la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los
95 mil millones de pesos.
En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de
la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya
deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las
administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los
tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las
21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades
federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema
Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer
trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal
ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315
mil 18 millones 300 mil.
“De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero,
al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y
municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una
diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento
adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones
financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta
dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones
en ingresos federales”, detalla el Análisis.
En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado,
la Auditoría Superior observa que “el riesgo ni siquiera se puede
determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los
montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y
de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones”.
El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que “la deuda de los
estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene
una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control
sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica
este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al
endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo
consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan
tasas muy altas”.
Pero los adeudos que dejó el exlíder nacional del PRI en Coahuila
no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200
millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le
reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de
México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el
enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.
Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a
conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de
Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines
políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato
presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil
973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300
mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las
autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.
Más deuda
Los pasivos por contratación de empréstitos de esas
administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los
más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de
acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema
Financiero.
Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las
líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de
noviembre, Standard & Poor’s dio a conocer que le asignó
calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los
certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello
posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un
crédito de hasta 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán
respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario
derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito
Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación
de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno
federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante.
Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831,
constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el
patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.
En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se
contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El
objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones
políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda
por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil
millones fueron contratados con documentación falsa.
Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del
ocultamiento de la deuda “está en ambos frentes: por una parte,
cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal
o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables
tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos
queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos
de control y regular con mayor claridad la información que se debe de
reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí
deberían hacerlo”.
Los más endeudados
La Auditoría Superior señala que “el proceso de mayor endeudamiento
se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las
finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis
económica”.
Agrega que “el elevado endeudamiento representa un riesgo para la
sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo
plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente
de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90
por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria
actual”.
De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a
salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más
compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier
Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos;
Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos
por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, representado por el
priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800
mil.
En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el
panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287
millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, aún en manos del
perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400
mil pesos.
El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que “hay estados que tienen la
situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que
tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía
créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen
comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el
gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen”.
Crisis previsible
En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011,
la Auditoría Superior destaca “el riesgo moral” de los estados. Ello
implica que “las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia
debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal
–Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con
recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se
materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se
generarían a la economía del país”.
Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para
regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos
obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.
El máximo órgano de fiscalización de México señala que “si no se
toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de
las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se
puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad
económica y el desarrollo social del país.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los
responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país.
Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de
Baja California Sur.
Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de
Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de
Finanzas, explica que en Baja California Sur “se ha tratado de mantener
un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja
el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a
incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de
la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer.
Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a
tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a
pagar la deuda”.
La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también
una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades
federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil
pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al
13 de septiembre pasado.
Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión
pública productiva. “Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las
contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace
muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad
se llevó a inversión pública”.
Bono cero, nueva vía de endeudamiento
La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos
de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus
ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en
programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y
social, así como las erogaciones en actividades operativas, de
administración, comunicación social y servicios personales,
principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de
financiamiento aumentarán con el tiempo.
Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que
la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos
locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas
públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en
el Presupuesto de Egresos de la Federación un “bono cero” –deuda– por 50
mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.
Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica
que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto
interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). “Es cierto que
algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos
ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el
gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la
enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los
recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es
decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los
cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del
gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí
mismos”.
El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila,
coincide. “Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los
intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital.
Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a
pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el
capital”.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas
al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque ésas
dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de
2012.
Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas
deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la
mayoría de las legislaciones estatales. “Lo que se quiere es que no
suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe.
Ahora lo tienes que denunciar”.
Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es
una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta
deuda “es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir
financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar
esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la
economía”. (Mariela Paredes)
Estados que sí reportaron su deuda total
|
Entidad
|
Deuda
|
|
Jalisco
|
21,122.9
|
|
Sonora
|
17,287.4
|
|
Sinaloa
|
4,879.3
|
|
San Luis Potosí
|
4,823.5
|
|
Nayarit
|
3,150.9
|
|
Aguascalientes
|
2,603.1
|
|
Querétaro
|
2,219.8
|
|
Baja California Sur
|
2,030.8
|
|
Morelos
|
1,269.6
|
|
Campeche
|
328.6
|
Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011
