En
lo que va del gobierno de Calderón, al menos 63 defensores y luchadores
sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y
noviembre de 2011. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y
militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la
vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante
la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas
cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en
Guerrero. En México, “hay autoridades de nivel superior que niegan que
estos temas sean importantes”, ha señalado el representante del Alto
Comisionado de la ONU
Sesenta y tres defensores de derechos humanos y luchadores sociales
han sido asesinados en México en el contexto de la supuesta “guerra”
contra las drogas. Seis de estos homicidios ocurrieron entre diciembre
de 2010 y noviembre de 2011; de estos últimos, dos fueron repudiados
hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El más reciente ha involucrado a un activista del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad –que encabeza el poeta Javier Sicilia–:
Nepomuceno Moreno Núñez, de 56 años de edad, quien exigía justicia por
la desaparición forzada de su hijo, ocurrida el 1 de junio de 2010 a
manos de policías estatales de Sonora.
Lejos de acceder a la justicia, Nepomuceno fue asesinado a tiros el
pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora. Mes y medio antes –el 14
de octubre–, el presidente Felipe Calderón se había comprometido
públicamente a atender el caso del activista, ante las recientes
amenazas que había recibido.
Sin embargo, su nombre se inscribe ahora en la lista de defensores y
luchadores ultimados por su labor. En esa misma lista se encuentra
Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia para su hija Rubí
Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008, cuando tenía 16
años de edad). Marisela recibió un disparo en la cabeza el 16 de
diciembre de 2010, cuando se encontraba apostada en las puertas del
palacio de gobierno de Chihuahua.
La comunidad que lucha contra los feminicidios fue enlutada nuevamente el 11 de enero de 2011. Ese día fue ejecutada
la activista y poetiza Susana Chávez. Antes de morir, fue violada
sexualmente a unas cuadras de su domicilio, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El tercer defensor victimado en ese periodo fue Javier Torres Cruz,
integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán. El 18 de abril de 2011 fue asesinado por
hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de
Petatlán, Guerrero, “presuntamente en relación con sus actividades de
defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán”,
apuntó la CIDH en su comunicado que condenó el crimen.
Además recordó que es obligación del Estado investigar de oficio
hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. No obstante,
el clima de impunidad ha potenciado la comisión de estos crímenes. Así
ha sucedido con Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de
Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicada a la
defensa de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. Leija
Herrera fue brutalmente asesinado en el centro de la ciudad de
Chilpancingo, la madrugada del 4 de mayo de 2011. La CIDH también
repudió este crimen.
El quinto activista caído en fechas recientes fue el estudiante
Carlos Sinohe Cuevas. El 26 de octubre fue asesinado con 16 balazos a
las afueras de su casa, ubicada en Topilejo, Distrito Federal. El joven
había participado enla huelga estudiantil de 1999, en la organización
del Foro por la Desmilitarización Inmediata del país y en el movimiento
de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.
En este clima de violencia, los asesinatos no son la única
expresión en contra de los defensores de derechos humanos. También, las
amenazas de muerte y las intimidaciones. El 8 de noviembre, los
integrantes del Comité Cerezo denunciaron haber recibido una amenaza de
muerte, por vía electrónica, en contra de sus integrantes.
Otro caso de repetida violencia es el de Blanca Mesina Nevarez y
Silvia Vázquez Camacho, coadyuvantes con la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos en la documentación y seguimiento
de las denuncias por tortura –atribuida a integrantes del Ejército–
interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana, Baja
California, en 2009.
Las defensoras comenzaron a recibir amenazas por su labor. “Me
apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue
por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito
internacional”, recuerda Blanca. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las
18:00 horas.
El 5 de noviembre de 2009, Mesina Nevarez –hija de uno de los
policías torturados– dio su testimonio ante la CIDH. Ese mismo día, su
madre fue intimidada vía telefónica. En todo momento, la defensora
sostiene que su padre, al igual que el resto de los policías, es
inocente. En marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a su
favor. A inicios de 2011, Blanca regresó a Tijuana, pero con la
protección de escoltas. Sin embargo, Silvia continúa exiliada por la
falta de garantías.
El caso era atendido por la Unidad de Derechos Humanos de la
Secretaría General de Gobierno, cuyo titular en aquel entonces era
Francisco Blake Mora. Por medio del oficio DG/DH/018/2010, el secretario
de Gobernación fallecido el 11 de noviembre aseguraba a las
organizaciones civiles que una de las prioridades del gobierno estatal
es la salvaguarda y protección de la vida de los bajacalifornianos.
Defensores asesinados
Ni el compromiso del gobierno estatal ni las medidas cautelares
dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca
tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes.
Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200
defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y
noviembre de 2010.
El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad
ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte
solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número
de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de
la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra
del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en
Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las
organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no
solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son
las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e
inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera,
director de Tlachinollan.
Señala que “en lugar de arribar a un estadio más civilizado de
respeto a las leyes y a los derechos humanos, a mayor documentación, a
mayor rigor del trabajo que hacemos para demostrar las grandes
violaciones, corremos mayores riesgos. Las y los defensores aparecemos
como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de
combate a las drogas: (las autoridades) casi siempre tratan de ligarnos
con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan
nuestro trabajo”.
El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de
los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indica
que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de
pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país.
Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas
fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”.
Eso lo demuestran los nombres de los defensores comunitarios Lucas
Lucía y Ponce Rosas, que no se inscriben en la lista de quienes cuentan
con medidas cautelares o provisionales, sino en la que concentra los
datos de quienes han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe
de Jesús Calderón Hinojosa.
“La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas Lucía,
presidente de la OFPM, y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma
organización, marcó el principio de 2009, exponiendo la violencia a la
cual se enfrentan los defensores de los derechos indígenas en México”,
señala el Observatorio.
En esta administración, el lúgubre registro de defensores y
luchadores sociales asesinados asciende al menos a 63, 21 de los cuales
son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDHONU). Los otros
40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se
suman los defensores víctimas de desaparición forzada.
Comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales
(particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) han sido
identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los
informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de
los defensores.
En México, los “operativos” para acabar con la vida de quienes
impulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales,
territoriales, ambientales, comunitarios e indígenas no necesariamente
provienen del crimen organizado, reconoce la representación de la
Organización de las Naciones Unidas.
“La piedra en el zapato es la sombra de la autoría de estas
acciones”, explicó Javier Hernández Valencia, representante en México de
la OACDHONU, el 24 de noviembre de 2010. Señaló que servidores públicos
“se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y
que en la actual administración no se ha tenido ningún progreso respecto
de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa
representación internacional.
De acuerdo con la Actualización 2010: informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México,
que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, en el 51 por ciento de los
casos no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se
trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de
justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento,
de autoridades militares.
“Independientemente de quién sea el perpetrador de la agresión,
estos casos no son investigados. Además, persiste la criminalización de
la protesta social y de las y los defensores”, dice Agnieszka Raczynska,
secretaria general de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y
Todos.
Responsabilidad del Estado
Para Hernández Valencia, es fundamental entender que “lo que viven
los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden
meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una
lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que
arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que
viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”.
Los tres casos referidos por el representante de la Oficina del
Alto Comisionado implican como autor al Estado mexicano. En el primer
caso, al sistema de justicia, y en el segundo, al Ejército.
En entrevista con Contralínea al término de la presentación de la Actualización, Hernández Valencia dijo que “nadie viene con una varita mágica,
pero las cosas que se han puesto sobre la mesa son muy claras. Hay
autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean
importantes. Inclusive no tienen una comprensión de los propios hechos
como verdaderos”.
Agregó que “esa brecha de duda y de poca importancia, de no merecer
atención, hay que sacarla rápido. Porque parece que por ser los
periodistas quienes usan los medios y porque sí tienen una capacidad de
tener el tema en primera plana y con más o menos cierta continuidad,
entonces se crean defensores de primera y segunda categoría”.
Hernández Abundio, acoso gubernamental
“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores
de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en
su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización.
“Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia
(Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no
hay respuesta”.
De acuerdo con Tlachinollan, el de Hernández Abundio –integrante de
la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa– es “un caso paradigmático
de la inconsistencia de la mayoría de estos procesos judiciales”
abiertos para criminalizar la protesta social. El defensor permaneció
recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, del 11 de abril
de 2008 al 27 de agosto de 2010, acusado de homicidio, delito que no
cometió.
“Tras dos años de prisión preventiva y gracias a la presión de
organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e
internacional, salió libre con sentencia absolutoria del juez”, indica
el Centro de Derechos Humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso
de conciencia desde el 11 de noviembre de 2008.
“Fui encarcelado por defender a mi pueblo. El gobierno fabricó el
delito. La prisión, sin embargo, me dio más fuerza. Yo tengo el derecho
de defender a mi comunidad y lo voy a hacer.”
Para Hernández Abundio, la OPIM “nació por la necesidad de la
comunidad de salir adelante. Nosotros necesitamos buena educación,
escuela, salud, medicamentos. La Organización busca apoyar a la
comunidad en eso, y va con el presidente municipal para que apoye con
proyectos productivos y con fertilizantes. Ése es el trabajo de la
Organización y es lo que al gobierno no le conviene. Por eso no quiere a
la Organización, no quiere a los defensores ni a los que buscan el bien
de la comunidad”.
Condenar al Estado mexicano
En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en
México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y
medioambientales están en riesgo inminente.
El 24 de noviembre de 2010, dos sujetos interceptaron a Margarita
Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La
amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al
equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
(Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico
dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos
está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.
Jorge Luis Hernández Castro, al frente del Área de Incidencias de
ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría
General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de
funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de
Margarita”.
En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y
municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles
causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba
puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores
públicos”.
Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos
con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a
Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una
comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista
no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que
tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al
territorio”.
Jorge Luis refiere que la situación de agresiones en contra del
trabajo de defensoría es preocupante, pues el mismo Estado se deslinda
de su responsabilidad al declarar que los ataques provienen de la
delincuencia organizada.
Indica que en el país no se tienen mecanismos eficaces ni
eficientes para proteger a las y los defensores. “Esto se demostró ahora
con el ataque a Margarita, porque ella tiene medidas cautelares por
parte de la Comisión Interamericana, y en este caso el Estado mexicano
tiene una responsabilidad en cuanto a su seguridad”.
Respecto de las implicaciones que traerán las amenazas al equipo
del Frayba, afirma: “Nuestro compromiso es muy claro en cuanto a la
defensa y promoción de los derechos humanos y de acompañar a las
comunidades. Nuestro trabajo sigue siendo firme. Sin embargo, hemos
solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana, ya que las
medidas cautelares son ineficientes. Hemos alertado a la Corte de este
riesgo inminente y la misma Oficina del Alto Comisionado se pronunció de
manera inmediata”.
No obstante, las evidencias recabadas por la OACDHONU, respecto de
las implicaciones que tiene el Estado mexicano como autor de las
agresiones contra los defensores de los derechos humanos y como
principal responsable de la impunidad que se padece en el país, son
insuficientes para que la Organización de las Naciones Unidas
intervenga. Esto sólo lo podrá hacer cuando sus Estados miembros se
pronuncien, aseguran funcionarios de esa institución.
“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la
situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas
sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en
estos crímenes de lesa humanidad.”
Víctimas recientes (diciembre de 2010-noviembre de 2011)
· Marisela Escobedo Ortiz buscaba justicia para su hija Rubí
Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008, cuando tenía 16
años de edad). Recibió un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de
2010, durante su plantón en protesta por la liberación del asesino
confeso de su hija
· Susana Chávez, defensora de los derechos de la mujer. Violada sexualmente y ejecutada el 11 de enero de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua
· Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de
Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El
18 de abril de 2011 fue asesinado por hombres armados en Petatlán,
Guerrero
· Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de
Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicada a la
defensa de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. Asesinado
en Chilpancingo el 4 de mayo de 2011
· Carlos Sinohe Cuevas, estudiante de la Facultad de
Filosofía y Letras y activista, asesinado a tiros el 26 de octubre de
2011, en Topilejo, Distrito Federal
· Nepomuceno Moreno Núñez, exigía justicia por la
desaparición forzada de su hijo, fue asesinado a tiros el pasado 28 de
noviembre en Hermosillo, Sonora
