A 164 años de firmado el primer tratado vigente entre México y Estados Unidos, la agenda diplomática bilateral se encuentra marcada por la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han privilegiado los acuerdos en materia de seguridad; sin embargo los recientes operativos antinarco de agencias de seguridad estadunidenses ponen en tela de juicio la efectividad de la cooperación entre ambos países. “México es obediente ante los designios de Washington”, considera analista de política internacional. Agrega que con el panismo se profundizó la subordinación de la política exterior mexicana a los intereses de la Casa Blanca
Setenta y un tratados bilaterales vigentes rigen la relación entre
Estados Unidos y México. El primero, firmado el 2 de febrero de 1848,
fue el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, mejor conocido
como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que le otorgaba a Estados Unidos
más de la mitad del territorio mexicano y ponía fin a la guerra entre
ambas naciones.
A partir de esa fecha, se han firmado 21
tratados en materia de comunicaciones; 12 para establecer los límites
entre ambos países; 12 acerca de la cooperación jurídica; y ocho en
cuestión del medio ambiente.
Además en materia de cooperación económica existen cinco tratados;
sobre cooperación educativa y cultural, cuatro; respecto de cooperación
técnica y científica se mantienen tres; en el rubro de derecho marítimo,
dos, al igual que en materia de salud. Finalmente existe un tratado
sobre derecho diplomático y consular, y otro más sobre solución de
controversias.
México ha signado también 626 tratados multilaterales con otros
países. De éstos sobresale el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y
Canadá, el 17 de diciembre de 1992, y puesto en marcha a partir del 1 de
enero de 1994. Éste ha sido modificado, desde entonces, en seis
ocasiones, la última en abril de 2008. Todos los cambios han ocurrido en
sus anexos.
El analista de política internacional Juan Manuel Bueno Soria, en entrevista con Contralínea,
ubica la entrada en vigor de dicho tratado como la fecha en que
comienzan a privilegiarse las relaciones con Estados Unidos y se
empiezan a abandonar las relaciones con otros países.
“Cuando se firma el TLCAN comienza a haber un abandono hacia los
países del Sur, se mira más hacia el Norte y se empieza a perfilar un
nuevo tipo de relaciones en materia de comercio, pero también de
seguridad entre México y Estados Unidos. Comienza en 1994, pero es hasta
2000, con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia,
cuando de manera definitiva se da el alejamiento”.
Los operativos “fallidos”
En marzo de 2011, la cadena estadunidense de radio y televisión
Columbia Broadcasting System dio a conocer el operativo Rápido y
Furioso, mediante el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) permitió, en el otoño de 2009,
el tráfico de por lo menos 2 mil armas a México.
El supuesto objetivo del programa era ubicar el destino final de
las armas. Sin embargo el armamento terminó en posesión de los cárteles
mexicanos. A partir de entonces, se encendieron las alarmas en
una parte de la clase política mexicana por la posible pérdida de la
soberanía nacional frente a la injerencia de Estados Unidos.
No es el único operativo antinarco fallido fabricado desde
Washington en los últimos meses. A Rápido y Furioso se le suman, al
menos, dos más. Uno de estos consistió en lavar dinero de cárteles mexicanos. A cargo del blanqueo de capitales
estuvo la propia Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos
(DEA, por su sigla en inglés) para supuestamente rastrear en el sistema
financiero mexicano el dinero que se obtiene del tráfico de drogas.
Dicho operativo fue confirmado en diciembre de 2011, por Todd Robinson,
subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación
de la Ley del Gobierno de Estados Unidos.
El otro, nombrado White Gun (Arma Blanca), es similar a Rápido y
Furioso y se llevó a cabo a la par de éste; tenía el mismo objetivo y
fue también coordinado por la ATF. Al descubrirse el “fracaso” de estos
programas, el Congreso de Estados Unidos llamó a cuentas a Eric Holder.
El 8 de diciembre de 2011, el secretario de Justicia de Estados Unidos
insistió en su desconocimiento del operativo.
El diputado perredista José Luis Jaime Correa, integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en
entrevista con este semanario, señala que “aquí [en el Congreso de la
Unión] nadie ha comparecido por estos operativos en los cuales pudieron
haber participado agentes mexicanos”.
Por lo cual, el 21 de diciembre de 2011, presentó un punto de
acuerdo para que comparezcan los titulares de la Secretaría de
Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de
Seguridad Pública ante la Comisión Permanente del Congreso para que
explicaran la probable participación y subordinación existente entre
extrabajadores y trabajadores del gobierno federal con la ATF, la DEA,
así como con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados
Unidos.
El documento señala que los titulares de dichas dependencias han
filtrado información a los medios de comunicación sobre la posible
participación de al menos 80 exfuncionarios públicos mexicanos ?que
laboraban en áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis?,
quienes realizarían actividades espías al servicio de las agencias
estadunidenses.
Los exfuncionarios tendrían contacto con funcionarios que realizan
espionaje, recopilación de información y dan seguimiento a temas de
seguridad nacional. De comprobarse, considera el legislador, se
demostraría que funcionarios del gobierno de Felipe Calderón están
actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y
Estados Unidos, en materia de narcotráfico y de delincuencia
organizada.
Jaime Correa explica que la proposición se trasladó a la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional para que en próximos días se aborde el
tema y se aclare lo sucedido. “No estamos culpando a las autoridades
mexicanas, pero públicamente se tiene que informar lo que está pasando.
Que informen lo que en el Congreso estadunidense se informa”.
Además de los operativos encubiertos como Rápido y Furioso y Arma
Blanca, el gobierno estadunidense apoyó económicamente al gobierno
mexicano en el combate a la delincuencia organizada por medio de la
Iniciativa Mérida, ?aceptado en junio de 2008?, cuyo monto asciende a
más de 1 mil 600 millones de dólares aprobados por la Cámara de
Representantes de Estados Unidos. Dichos recursos se destinan a la
“guerra” contra el narcotráfico.
Además de infraestructura, asistencia técnica y entrenamiento a
agentes mexicanos, mediante la Iniciativa Mérida, el gobierno
estadunidense ha dotado a las fuerzas de seguridad mexicanas de, por lo
menos, 23 camionetas tipo ZBV equipadas con rayos X de retrodispersión;
y10 minivans (también con rayos X) para inspeccionar vehículos que
pudieran transportar material ilícito; 45 detectores de vapores manuales
con un escáner de iones para detectar armas recién disparadas; dos
sistemas de inspección de furgones y contenedores en ferrocarriles; ocho
helicópteros tipo Bell 412 entregados a la Secretaría de la Defensa
Nacional; y cuatro tipo Blackhawk UH-60 a la Secretaría de Seguridad
Pública.
El internacionalista Bueno Soria señala que “las políticas
bilaterales que México lleva a cabo en este tipo de programas son por
obediencia ante los designios de Washington”.
Agrega que, un ejemplo de la cooperación entre ambos países es la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)
firmada en marzo de 2005, por los gobiernos de México, Estados Unidos y
Canadá. “Desde el nombre se percibe la intención de llevar a cabo este
tipo de acuerdos: primero está la seguridad y después la prosperidad; se
apuesta más por el componente militar.
“Existe una falta de experiencia del Partido Acción Nacional para
llevar a buen término estas situaciones. De la ASPAN ni siquiera se
conocen a detalle cómo han ido evolucionando los trabajos, qué
resultados se tienen y qué se puede esperar de éstos.”
Al cierre de esta edición, el jefe de la División Criminal de la
Fiscalía Federal de Arizona, Patrick J Cunningham, quien fue señalado
por el legislador del Partido Republicano Darrell Issa, por
supuestamente haber aprobado el operativo Rápido y Furioso, se había
negado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, al justificarse
con la quinta enmienda, la cual le brinda el derecho constitucional a no
autoincriminarse. También se citó a Eric Himpton Holder, para
comparecer de nuevo ante el Congreso, el próximo 2 de febrero.
Ruth Roque/Rogelio Velázquez
No hay comentarios:
Publicar un comentario