El Senado de la República aprobó una dictamen por el que se le solicita a la Secretaría de Gobernación, un informe acerca de las presuntas actividades de espionaje telefónico realizadas por agencias de Estados Unidos para monitorear las llamadas realizadas en nuestro país.
La petición presentada por el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en octubre de 2010, hace referencia a un documento publicado por el diario The Washington Post, según el cual autoridades de E.U. como el FBI, realizan actividades de monitoreo telefónico que incluye la intercepción de teléfonos más allá de sus limites territoriales.
Ante esta revelación de una posible intervención de tecnologías, por parte de EU, senadores coincidieron en que se debe solicitar un informe al respecto, pues afirman, no se pueden realizar actividades de espionaje, ni si quiera con el pretexto de una cooperación en materia de seguridad y contra el crimen organizado, el cual lo han utilizado para justificar anteriores intervenciones.
En este sentido, expresaron que se debe actuar ante “la conceptualización de Estados Unidos de una supuesta narcoinsurgencia terrorista que, desde su punto de vista, sólo sirve para justificar un nuevo intervencionismo y una apropiación territorial, a través de la fuerza policial-militar y de inteligencia”.
A pesar de que ha transcurrido más de un año, en el que el dictamen fue turnado a la Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, los integrantes del Senado, resultaron que se trata de un tema que no ha perdido vigencia y que por lo tanto es urgente de atender.
En el dictamen se reprueba la falta de información sobre los verdaderos alcances de los acuerdos vigentes con distintas agencias de inteligencia estadounidenses y el tipo de resultados que han obtenido, puesto que en la mayoría de los casos la Cámara Alta no ha recibido notificación al respecto.
El informe también deberá contener detalles al respecto de la llamada Iniciativa Mérida, que relacionada a través de la cual, Estados Unidos y México refuerzan la cooperación bilateral para atender el problema del crimen organizado y el narcotráfico.
Por último, el pleno senatorial afirmó que ninguna agencia extranjera está autorizada a realizar acciones propias de las autoridades mexicanas, por lo que sería útil conocer con qué información cuenta el gobierno federal sobre esta “posible intromisión a las comunicaciones de nuestro país”.
Estéfana Murillo
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