sábado, 29 de octubre de 2011

Unos 200 mexicanos muertos por armas de “Rápido y Furioso”: Issa

Darrell Issa, líder republicano en la cámara de representantes de EU. Foto: AP.

Unos 200 ciudadanos mexicanos fueron asesinados con armas que la ATF dejó introducir a México como parte de la operación “Rápido y Furioso”, informó hoy el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Darrell Issa.

“Estamos hablando de gente asesinada en ambos lados de la frontera. Se estima que unos 200 mexicanos fueron asesinados por armas que nuestra administración, nuestro gobierno, permitió que pasaran”, dijo Issa en una entrevista con la cadena CNN.

Issa, cuyo comité investiga el operativo y la participación de funcionarios federales, criticó la falta de disposición plena a cooperar a pesar de que dos de las armas fueron usadas también para asesinar al agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry.

La investigación de Issa, legislador republicano por California, ha sido criticada por el demócrata de más alto rango del Comité, Elijah Cummings, quien ha sugerido en público que la pesquisa de “Rápido y Furioso” tiene fines políticos.

Interrogado sobre esas probables motivaciones políticas detrás de su investigación del fallido operativo, Issa respondió: “Espero que no”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, criticó este jueves en una audiencia legislativa la lógica de la polémica operación “Rápido y Furioso”, pues sostuvo que no se deben dejar “fuera de control” armas de alto poder.

Apenas este mes el Comité emitió un citatorio al procurador general de Justicia, Eric Holder, y a altos funcionarios del Departamento de Justicia para que entreguen documentos sobre su papel y conocimiento de “Rápido y Furioso”.

La ATF anunció la semana pasada que llevará a cabo una reestructuración general de la agencia y una revisión de sus tácticas, a raíz del operativo que permitió la entrada ilegal de más de dos mil armas a México.

 http://www.animalpolitico.com/2011/10/unos-200-mexicanos-muertos-por-armas-de-%e2%80%9crapido-y-furioso%e2%80%9d-issa/

Ebrard asegura tener elementos para ganarle a Peña Nieto

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino.

El jefe de gobierno local, Marcelo Ebrard, aseguró que tiene los elementos suficientes para ganarle al exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en 2012, “porque hemos hecho mejor trabajo; y si comparas al Estado de México con el Distrito Federal, los resultados están a la vista”.

Según el mandatario capitalino, el Distrito Federal es el número uno en desarrollo económico, en competitividad, en eficiencia gubernamental y en transparencia; mientras que el Estado de México, abundó, está en el lugar 26, entonces, “por supuesto que podemos derrotarlo y salir adelante”.

Entrevistado luego de encabezar el cierre de reforestaciones del programa Reverdece tu Ciudad, en el Parque Girasoles, en Coyoacán, dijo que México necesita cambiar de rumbo, porque “el rumbo que llevamos no es el adecuado; porque tenemos más pobreza, más violencia y porque el país no está saliendo adelante”.

Consideró que un país avanza cuando tiene menos pobreza, menos desigualdad y menos violencia, y para lograrlo, indicó, hay dos propuestas: la que presenta el PRI, “que regresemos al pasado” o “la de las fuerzas que quieren un cambio en México, que es hacia delante”.

Entonces, insistió, “el fin es cambiar el rumbo de México, el medio es ganarle la elección y ganarle la competencia al PRI y a las ideas de regresar al pasado”.

En cuanto a la encuesta de las izquierdas para elegir al candidato rumbo a 2012, el mandatario capitalino subrayó que se trata de un acuerdo entre “Andrés Manuel y yo”.

Recordó que en mayo pasado llegaron a un acuerdo, pues el objetivo final es tener un solo candidato y que sean los ciudadanos quienes decidan quién debe ser y se respetará.

Los resultados de la encuesta se dará antes del 15 de noviembre. “Vamos en ruta y simple y llanamente se llevará a cabo, se va a realizar por empresas profesionales”.

Adelantó que el 5 de noviembre estará en Michoacán para acompañar al cierre de campaña de Silvano Aureoles, candidato al gobierno del estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Notimex. http://www.animalpolitico.com/2011/10/ebrard-asegura-tener-elementos-para-ganarle-a-pena-nieto/

El triunfalismo y la arrogancia podrían afectar la unidad del PRI: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones.

El senador Manlio Fabio Beltrones consideró que el triunfalismo y la arrogancia son los dos elementos que podrían afectar la unidad interna del PRI, al tiempo que confió en la capacidad interna de su partido para solucionar las diferencias.

En rueda de prensa, el aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que antes de pensar en sentar las bases para la definición de un candidato rumbo a los comicios presidenciales de julio de 2012, es prioritario trabajar en pos de un proyecto común.

“Después del ejercicio de construcción de un proyecto común, que compartamos el priismo en general, reconociendo hacia donde debe dirigirse el país para tener orden y rumbo, estoy convencido que habremos de resolver internamente, lo que más conviene para ir a la elección de julio del año que entra”, subrayó.

Abundó: “Hoy en día quizá lo único que podría afectar la unidad sería el triunfalismo de unos pocos o la arrogancia de muchos, pero estoy más cierto que la madurez de los priistas, de la cual hemos dado cuenta sobre todo en estos foros, ayudará a que continuemos un proceso democrático interno”.
El legislador del tricolor reconoció que “hubo resistencia al inicio para aceptar que era necesario construir primero un proyecto de nación y después encontrar el candidato más competitivo, a fin de garantizar que ganemos la elección y ese proyecto se lleve a cabo”.

“Definir un proyecto de nación es una prioridad antes de definir con qué candidata o candidato piensa competir”, abundó.

“Pero en estos momentos -dijo-, estoy más cierto que nunca, que después de los foros, del próximo día el 3 de noviembre, habrá conclusiones sobre el proyecto de nación que hemos imaginado, a fin de que el 14 se emita una convocatoria para seleccionar al candidato de la República, fecha que deberá tener como límite el 27”.

Subrayó que el PRI es un partido obligado a plantear antes de resolver con quien va a la búsqueda de la Presidencia de la República ¿Para qué quiere volver a ganar?, ¿Qué es lo que pretende hacer en el caso de obtener de nueva cuenta la confianza de los ciudadanos”.

Para resolver, continuó, “los problemas de falta de crecimiento, de pobreza, de desigualdad, de violencia, eso hemos hecho en los foros regionales, en donde hemos delineado un nuevo modelo de desarrollo económico, de un nuevo pacto social y de una nueva gobernabilidad”.

Beltrones insistió en la necesidad de tener un gobierno de coalición, “un nuevo pacto coincidiendo con que han pasado muchos años y no se necesitará ya de un partido para modificar las políticas y certeza de gobierno mediante nuevos instrumentos que den al presidencialismo los acuerdos necesarios”.

Hay que acabar, sostuvo, con los gobiernos divididos y empezar con los compartidos; “no debemos de volver a esas épocas en las que después de las elecciones el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, y no queda más que la resistencia y la oposición a ultranza”, dijo.

Tenemos que ir en la madurez democrática y encontrar esos instrumentos para alcanzarla en México y por ello muchos de nosotros proponemos un cambio en la constitución para establecer en el futuro los gobiernos de coalición”, aseguró.

Notimex. http://www.animalpolitico.com/2011/10/el-triunfalismo-y-la-arrogancia-podrian-afectar-la-unidad-del-pri-beltrones/

PVEM insiste: Hay que prohibir la fiesta taurina

Foto: Cuartoscuro.

La bancada del PVEM en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)  lanzó un llamado a los integrantes de la Comisión de Administración Pública para que valoren la importancia de prohibir corridas de toros en la capital y no el desistimiento del diputado promovente.

En un comunicado, advirtió que el escenario para la discusión y votación de la propuesta por la que se prohiben las corridas de toros es que no habrá quórum o que se votará contra el dictamen.

Explicó que la mayoría de los diputados de dicha comisión pertenecen a una corriente contraria de los legisladores perredistas que se pronunciaron a favor del tema.

Además del integrante del PAN y otro del PRI que ya se han pronunciado en contra.

Por ello, la bancada del Partido Verde destacó la importancia de aprobar durante este periodo de sesiones la propuesta que se encuentra congelada desde hace dos años en la Comisión de Administración Pública de la ALDF, pues si es votada en contra, ningún diputado podrá subirla, hasta el mes de marzo del año siguiente.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la ALDF, en el artículo 89, se establece que “las iniciativas desechadas por la Asamblea no podrán volver a discutirse sino en el siguiente periodo de sesiones ordinarias”, y para el próximo año el tema se habrá enfriado, declararon los ecologistas.

Por ello, la fracción ecologista insistió en la necesidad de evitar que la ciudad de México, al ser una entidad de vanguardia, se sigan fomentando eventos que son generadores de violenciapromueven la cultura de la tortura.

Adelantó que de ser rechazada la iniciativa propuesta por el PRI, el Partido Verde subirá otra iniciativa el próximo año.

Sin embargo, confió en que los asambleístas tendrán el valor de sacar adelante una demanda ciudadana.
Notimex.

http://www.animalpolitico.com/2011/10/pvem-insiste-hay-que-prohibir-la-fiesta-taurina/

Trabajo corresponsable para tener seguridad duradera: Alejandra Sota



México, 28 de octubre (Notimex).- La vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, dejó claro que “solo mediante un trabajo corresponsable de los tres órdenes de gobierno y con instituciones locales confiables los mexicanos podremos acceder a la seguridad auténtica y duradera”.

Sota Mirafuentes externó que “la protección de los ciudadanos es una razón suficiente y una obligación ética y legal de la autoridad, para que el Estado disponga conforme a la ley de todos los instrumentos a su alcance para mejorar la seguridad de nuestras familias y la tranquilidad de sus comunidades”.

En entrevista, recordó que el despliegue de Fuerzas Armadas es un componente central de la Estrategia Nacional de Seguridad, que se complementa con la transformación institucional y legal.

De igual forma, con el fortalecimiento del tejido social mediante programas públicos como el Seguro Popular, Oportunidades y el aumento significativo en materia de cobertura educativa.

La funcionaria de la Presidencia de la República subrayó que la presencia de las Fuerzas Armadas en los municipios con altos índices de criminalidad tiene el objetivo central de preservar la seguridad ciudadana de manera temporal y subsidiaria.

También recalcó que los operativos conjuntos tienen el objetivo de no dejar a los ciudadanos a merced de la delincuencia y son desplegados a solicitud de las autoridades estatales, siempre que éstas se comprometan con la depuración y fortalecimiento de las corporaciones locales de seguridad.

http://www.elarsenal.net/2011/10/28/trabajo-corresponsable-para-tener-seguridad-duradera-alejandra-sota/

“Democracia no está exenta de riesgos”, advierte IFE

Leonardo Valdés Zurita, presidente del IFE. Foto: Eduardo Miranda
Leonardo Valdés Zurita, presidente del IFE.
Foto: Eduardo Miranda

CUILAPAM, Oax. (apro).- El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, reconoció que “si bien hemos logrado desarrollar un régimen democrático bajo los auspicios de la reforma constitucional y la regla del consenso, todavía tenemos camino que recorrer para construir una ciudadanía más plena”.

Consideró que en México se necesita “transitar de una democracia electoral a una democracia ciudadana, pues el sujeto de la democracia es el ciudadano y los ciudadanos tienen un derecho público e irrenunciable al Estado, pero no a cualquier Estado, sino a uno que es consistente con la vigilancia de ampliación de los diversos derechos de la ciudadanía”.

Invitado al encuentro empresarial Coparmex 2011, Valdés Zurita hizo hincapié en que ninguna democracia está libre de riesgos, sin embargo, aseguró que con el IFE se edificó la vía democrática que garantiza periódicamente una transmisión pacífica del poder público.

“El esfuerzo ha valido la pena, nuestra democracia elige gobernantes en comicios libres periódicos e imparciales; votar es un signo de normalidad democrática y, mucho más que eso, tenemos la seguridad y la certeza de que lo volveremos a hacer en la elección del próximo primero de julio de 2012”, reforzó.

Sin embargo, aclaró que “la consolidación de la democracia requiere esfuerzos y la promoción responsable de la participación ciudadana, ya que elegir representantes abre una veta de participación que permite a la ciudadanía constatar propuestas, expresar opiniones y encauzar intereses de orden común”.

Entonces, formar ciudadanos en democracia y promover su participación en las elecciones es una tarea compartida entre el IFE y la sociedad toda.

Por lo pronto, adelantó que el IFE se encuentra preparado para garantizar el desarrollo de elecciones pacificas y apegadas a derecho.

Para ello se instalarán alrededor de 149 mil casillas, donde participarán consejeros electorales, observadores y funcionarios de casilla, así como ciudadanos comprometidos con el proyecto democrático.

Además, el IFE contará con un padrón mayor a los 80 millones de ciudadanos, se producirán más de 251 millones de boletas y más de un millón 200 mil actas electorales.
Finalmente, destacó que por primera vez en una elección presidencial se aplicará una renovada reglamentación interna encaminada a fortalecer la certeza y la equidad en el acceso de los partidos y de las autoridades electorales a los medios de comunicación


PROCESO http://ht.ly/6I2Cx

Estados Unidos: sus robots van a la guerra

El país que más guerras ha promovido en los últimos años desarrolla nuevos modelos de robots que serán utilizados en conflictos armados. Las máquinas “toman decisiones”, sin intervención humana, para eliminar objetivos. El posible costo en vidas inocentes es incalculable. El empleo de estas sofisticadas armas, fuera del derecho internacional humanitario.

Los diversos ejercicios militares estadunidenses con sistemas de naves no tripuladas presagian la forma futura en que ese país conducirá sus guerras infinitas.
Cuando estos robots localicen, identifiquen y eliminen a sus objetivos basados solamente en cálculos realizados por un sofisticado programa informático que los dirige sin que medien humanos, se convertirán en agresivos gendarmes asesinos.
En la base militar de Fort Benning, a inicios de octubre despegaron experimentalmente dos de estos artefactos y vigilaron todo el perímetro en busca de un blanco ubicado en tierra con los colores naranja, verde y azul, según apunta el periodista Peter Finn.
Los objetos voladores que operaban en este ejercicio secreto sin ningún tipo de comando humano, cuando localizaron al objetivo en tierra, contactaron a un auto no tripulado en las cercanías del mismo para que confirmara su posición satelital. Una vez cumplido este requisito y recibida la confirmación del otro robot, las naves lanzaron sus misiles sin analizar el posible margen de error que por algún imponderable pudiera ocurrir.
Charles E Pippin, científico en el Instituto de Investigaciones de Georgia explicó que cualquiera puede imaginarse distintos escenarios en tiempo real cuando varios de estos aparatos vuelen simultáneamente y tomen decisiones sin que sean aprobadas por seres humanos.
El complejo militar industrial estadunidense financia varios proyectos de investigaciones de máquinas que desempeñarán tareas peligrosas o engorrosas en el campo de batalla para evitar riesgos a los combatientes.
El asesinato de insurgentes es monitoreado por oficiales que están en bases secretas a miles de kilómetros de distancia y las nuevas tecnologías hacen que la guerra sea considerada muy “antiséptica”, dado que se reduce el margen de sufrir daños y bajas.
El hecho de que máquinas automatizadas puedan percibir, razonar y actuar por su libre albedrío impone un serio reto al derecho humanitario internacional, señala el diario The Washington Post.
La Convención de Ginebra especifica claramente que las partes beligerantes previamente deben identificar antes de atacar y determinar con la mayor precisión posible si las personas son combatientes, personal médico o inocentes civiles.
“El despliegue de sistemas militares de este tipo refleja un cambio radical a las reglas existentes para conducir las hostilidades”, declara Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Puntualiza que esto crea dificultades legales, éticas y sociales que deben ser consideradas antes de utilizar masivamente estos sistemas ofensivos.
Todo indica que en el futuro cercano los robots realizarán patrullajes de reconocimiento o cumplirán tareas como transportes de carga pesada, mientras que otros podrán efectuar tareas de prestación de primeros auxilios a los heridos.
En Berlín, Alemania, se creó un grupo de activistas denominado Comité para el Control de los Armamentos Robotizados que plantean que estas nuevas tecnologías pueden tentar a los gobernantes a desarrollar guerras a partir de un mínimo de bajas y que debe existir un tratado internacional que norme la utilización de estas armas. Otros expertos esbozan que un grupo de hackers rebeldes podrían entrar ilegalmente en estos sistemas secretos y tornarlos contra sus creadores.
Peter Asaro, profesor en la Universidad de New York, manifiesta que estas técnicas entran en operaciones demasiado rápido y por eso cometen muchos errores, que pueden llegar a convertirse en verdaderas atrocidades. “El hecho de autorizar un aparato a que tome decisiones combativas letales crea un problema legal y ético para Estados Unidos, ya que hay que precisar cuándo deben ser utilizadas, de quién será la responsabilidad final por los errores y las limitaciones que deben tener”, destaca el rotativo The Washington Post.
Johann Borenstein, director del Laboratorio de Robótica en la Universidad de Michigan, dice que el problema es que “en el campo de batalla es necesario tener sentido común y estos aparatos no lo tienen ni lo tendrán en los próximos 50 años”.


Silvio González/Prensa Latina

Paramilitares, la tercera generación del crimen

De grupos de contrainsurgencia en tiempos de Zedillo a escuadrones del narcotráfico con Felipe Calderón, los paramilitares operan en México desde hace décadas. La negativa oficial de la administración calderonista a su existencia fomenta la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, intencionados a expandir el terror en la población, advierten expertos

Como estrategia de la “guerra” calderonista se identifica hoy la operación de comandos de corte paramilitar que aparecen realizando acciones de alto impacto, como el confinamiento de cadáveres en la zona vip de Veracruz, a medida que crece la desaprobación pública ante la ineficacia de la estrategia oficial de los cinco años en que la administración de Felipe Calderón ha librado su cruzada contra el narcotráfico.
“El objetivo principal del paramilitarismo es enfrentar a [la] población civil, controlarla mediante la táctica de terror, por eso ahora es tan conveniente ante la falta de credibilidad que hay en la ‘guerra’ de Calderón”, explica el escritor Carlos Fazio, autor de El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización, donde analiza el proceso de militarización y paramilitarización en México y el uso de mercenarios en la narcoguerra.
El senador Ricardo Monreal Ávila cuenta que, en una comparecencia privada con el gabinete federal de seguridad, le preguntó a un alto funcionario los criterios oficiales con los que clasifican a los civiles ejecutados, específicamente cómo determinaron que el 90 por ciento de los muertos que se contabilizaban como saldo de la “guerra” calderonista eran delincuentes y el resto víctimas colaterales, y cómo identificaban a qué organización pertenecían. Que si acaso era el resultado de las averiguaciones previas.
El funcionario le respondió que sólo se habían iniciado las averiguaciones previas del 10 por ciento de casos, en el resto deslindó la responsabilidad del gobierno federal y argumentó que quizá las procuradurías estatales tendrían la información correspondiente.
En consecuencia, en septiembre de 2010, el Senado de la República le solicitó al gobierno de Calderón, por conducto de la Secretaría de Gobernación, un informe oficial sobre la existencia y actuación en México de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o “grupos de limpieza”. La Secretaría respondió que el gobierno federal “no tiene registro alguno de la existencia y operación de grupos de este tipo”.
Sin embargo, el senador Monreal relaciona la operación de grupos paramilitares en ejecuciones, secuestros, levantones y extorsiones que ocurren a lo largo y ancho del país.
El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos identificó la operación en México de grupos paramilitares vinculados con los cárteles del narcotráfico, como “parte de la tercera generación del crimen”. Una “transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo, a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”.
El término paramilitar se relaciona con civiles entrenados por fuerzas militares o algún órgano de seguridad del Estado, con el objetivo de amenazar, atacar o asesinar a grupos u organizaciones que se oponen al gobierno. “El paramilitarismo también es una cara civil que utiliza el gobierno para llevar a cabo acciones de alto impacto para generar el terror, porque si éstas las cometen las fuerzas de seguridad del Estado, éste puede ser enjuiciado por dicha acción extralegal”, explica Fazio, experto en temas de la guerrilla y militarización. Quien encuentra en el paramilitarismo en Guatemala, en la década de 1960, similitudes con lo que ocurre en México hoy, bajo la fórmula de “demagogia más terror”.
Guatemala es identificado como el primer laboratorio de guerra sucia o paramilitarismo en América Latina. Allí, los escuadrones de la muerte fueron parte esencial y planificada de la contrainsurgencia operada por militares estadunidenses y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos; estrategias que antes los franceses habían ensayado en Argelia.
“Parte de los elementos de lo que ocurría en la década de 1960 en Guatemala están presentes en el México de 2011, la diferencia es que acá no hay guerrilla, pero la ?guerra’ de Calderón ha sido instrumentada bajo la pantalla de ?guerra’ contra las drogas, y como ocurrió en Argentina o Uruguay, el Ejército creaba una estructura paralela, que se conoció como La teoría de los 12 monos extremos, y en medio aparecía el Estado como salvador, al poner orden.
“Eso mismo se experimentó en México, en Chiapas con el levantamiento zapatista. A través de la VII Región Militar, con el general Renán Castillo, se crearon grupos paramilitares que enfrentaban al zapatismo para que el Ejército apareciera luego, o el Estado a través del Ejército, mediando en esa guerra entre los dos extremos.
Es lo que se puede ver ahora en el caso de Los Matazetas: una estructura ligada a una corporación estatal que se enfrenta a Los Zetas, a los que desde el gobierno se les atribuyen los crímenes más violentos. Y aparece luego la Marina deteniendo a los primeros.
“Hay que considerar que como esto es una ‘guerra’ y forma parte de una guerra sucia, hay que partir de otro elemento clave; los medios de comunicación masivos, a través de los cuales se desarrolla una guerra sicológica, ésta incluye también propaganda negra. Como parte de su estrategia, durante su ?guerra’ Calderón, como principal protagonista, ha logrado posesionar ésta en los medios y construir una historia en torno a la fuerza de los cárteles. La estrategia del gobierno ha sido tan efectiva que éstos se matan entre ellos, que son pleitos de pandillas –como los jóvenes de Villas de Salvárcar–, o que son disputas de cárteles contra cárteles y de sicarios contra sicarios.
“Ése era el gran montaje que había mantenido durante cuatro años y medio hasta que apareció un Sicilia y comienza, a partir de su dolor, a visibilizar a esas víctimas, a revisar quiénes eran y por qué el gobierno los metió a todos en la categoría de sicarios, pandilleros y gente de cárteles. Y hoy aparecen sus familiares, y con elementos denuncian que antes de aparecer muertos, fueron capturados en la vía pública por elementos del Ejército o de la Marina o de la Policía Federal”.

 

Como en Irak

En septiembre pasado, la vocera del gobierno federal Alejandra Sota rechazó la existencia de paramilitares en México, cerrando, por lo menos en el discurso oficial, la posibilidad de investigar ejecuciones y masacres que se atribuyen a grupos de esta clase.
“Las mentiras de Calderón en su ?guerra’ son como las de [George] Bush en Irak”, así compara Fazio el rechazo oficial del gobierno de la operación de grupos de corte paramilitar en el país. “El gobierno dijo que había armas de destrucción masiva y al final reconocieron que había sido una mentira. Si aplicamos este mecanismo en el marco de la ?guerra’ de Calderón, parte de la información que generan las oficinas de gobierno para que la difunda la prensa, están montadas en mentiras, como el caso de Los Matazetas, justo cuando la prensa afín a su gobierno dijo que la operación de ese tipo de comandos no son la solución al problema, apareció la Marina capturando a los presuntos Matazetas.”
“En su discurso, Los Matazetas hablan de ‘mugrosos’, pero no es una terminología que se utilize entre cárteles. Normalmente los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social están dirigidos a acabar con la escoria social. Lo hicieron en las favelas de Brasil, Guatemala, Colombia, y todo eso se opera en los sótanos de los servicios de seguridad. Aunque lo hacen contra una parte de la criminalidad, también pueden ser un gran ensayo para generar terror para quienes por la vía política se oponen al gobierno.
“En este escenario de la ?guerra’ de Calderón, justamente el gobierno por vía paralela plantea la Ley de Seguridad Nacional o le adiciona elementos nuevos que constituye una contrarreforma en el sentido de que quiere legalizar el estado de excepción impuesto desde comienzos de 2007, en el marco de la ?guerra’ calderonista. Me recuerda lo que se hizo durante las dictaduras en Argentina o Uruguay, donde la fase previa o posterior al golpe de Estado se plantearon circunstancias como se observan hoy en México”.
La operación paramilitar o de escuadrones de la muerte ha sido advertida en Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León. En esta última entidad fue el propio alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, el que ventiló la operación de grupos a los que identificó como “Los Rudos”, contratados para frenar a los grupos criminales vinculados a los cárteles.
En Juárez, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, refiere la posibilidad de que ese tipo de grupos puedan ser responsables de masacres cuyo fin se advierte como de limpieza social. Es importante referir que muchos de esos ataques a jóvenes de zonas marginadas principalmente, ocurrieron en una ciudad prácticamente militarizada, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
En varias regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua empresarios e industriales han hecho suya la idea del alcalde de San Pedro, de contratar grupos armados, que no son precisamente empresas de seguridad privada, para cuidarse las espaldas, sus negocios y eventualmente cobrarse por cuenta propia agravios como secuestros o extorsiones. Algunos de estos grupos les ofrecen hasta supuestos maras entrenados con estrategias kaibiles.

 

Los paramilitares de Fox

 La administración de Vicente Fox no estuvo exenta de la operación de organizaciones de corte paramilitar en acciones para minar movimientos como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que a raíz del conflicto magisterial en 2006 aglutinó a 350 organizaciones no gubernamentales y miles de ciudadanos de la sociedad civil que, entre otras demandas, exigían la salida del exgobernador Ulises Ruiz.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentó cómo, paralelamente a la ocupación de tropas de la Policía Federal Preventiva, surgieron grupos de corte paramilitar, que por las noches tiroteaban las barricadas, con rifles de asalto, escuadras y revólvers, sin importarles que las guardias nocturnas las hacían por igual mujeres y niños. A estos grupos se les atribuyen homicidios como el de Bradley Roland Will, reportero y camarógrafo neoyorquino de Indymedia.
En los pueblos más pobres de la mixteca oaxaqueña también fueron asesinados indígenas y activistas identificados como integrantes de la APPO. La Limeddh documentó cómo la acción de los grupos paramilitares no sólo era contra integrantes de la Asamblea, sino contra la población oaxaqueña, como secuestros y agresiones armadas, enfocada a crear un clima de terror y el rechazo de la sociedad a la Asamblea.
Al cabo del tiempo, diversas auditorías realizadas a la administración de Ruiz darían la razón a los integrantes de la APPO: había malversación de recursos públicos, sólo que a la Asamblea le costó la muerte de varios de sus integrantes a manos de los grupos paramilitares, entre quienes figuraban policías vestidos de civil y otros que recibieron, allí mismo en Oaxaca, entrenamiento de las fuerzas federales.

Los paras de Zedillo

Una acusación por su supuesta responsabilidad en el asesinato de los 45 indígenas tzotziles de Acteal en diciembre de 1997 a manos de paramilitares, tiene al expresidente Ernesto Zedillo en el banquillo de los acusados.
Durante los próximos meses, en una corte de Connecticut, se le enjuiciara por el “soporte y ayuda de las Fuerzas Armadas de México a grupos paramilitares”, que derivaron en la ejecución masiva, aquel 22 de diciembre, en el poblado del municipio de Chenalhó, Chiapas, según el caso 3:11−CV−01433−AWT, abierto el pasado 16 de septiembre.
Se trata de la primera ocasión en que un jefe de Estado mexicano es llevado a tribunales por acciones atribuidas a grupos paramilitares. Los 45 asesinados eran desplazados de otras comunidades de Chenalhó, que se refugiaron en Acteal por el acoso, agresiones y ataques de los paramilitares, debido a su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La masacre fue calificada por organizaciones como Amnistía Internacional como uno de los hechos más atroces en la historia de México. Entonces, como ahora, el gobierno federal negó la existencia de grupos paramilitares, alertada desde 1995, es decir, dos años antes de la matanza, por observadores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
A partir de febrero de 1995, a la par de la ocupación militar del Estado, en las zonas Norte y Altos de Chiapas comenzó un proceso de paramilitarización, que incluyó la organización, entrenamiento, armamento y manutención de grupos civiles y políticos, particularmente de militancia priísta e incluso, como en el caso de la organización Paz y Justicia, liderados por un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Sánchez Sánchez, legislador con fusil R-15 al hombro.
La paramilitarización fue identificada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internaciones, la Iglesia Católica y por observadores expertos en temas de guerrilla, como un instrumento para hacer “el trabajo sucio” a las Fuerzas Armadas en la zona de conflicto.
El municipio de Tila fue considerado como un “laboratorio” de la paramilitarización, sin embargo, a medida que avanzó la presencia del Ejército Mexicano, surgieron también grupos de esta clase en Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. La razón fue por los adeptos –simpatizantes y bases de apoyo– que el EZLN había logrado en la zona, “por lo que el gobierno inicia con la paramilitarización en Tila”, documentó el Centro de Información Económica y Política de Acción Comunitaria.
Entre 1995 y 2001 operaron en Chiapas 19 organizaciones de corte paramilitar, con la consigna de minar la actuación del EZLN. Grupos como Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Mira, Los Degolladores y Tomás Munzer, protagonizaron cruentos homicidios, lesiones, emboscadas, desapariciones y el desplazamiento de miles de personas, particularmente simpatizantes del EZLN. El ataque más sanguinario fue, precisamente la masacre de Acteal.
Organizaciones internacionales como Global Exchange determinaron que la presencia de paramilitares en Chiapas estaba plenamente comprobada desde 1995, sin embargo, entonces, como ocurre ahora, la respuesta del Ejecutivo fue la negación oficial, con la que prácticamente le dio carta blanca a esas organizaciones, cuyo nivel de ataques fue en incremento. Basta leer la relatoría de hechos que precedieron a la matanza de Acteal, integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 1/98, para deducir que aquella fue un exterminio sobradamente advertido.
Aunque oficialmente nunca se reconoció la existencia y operación de paramilitares, pocos meses antes de concluir su gobierno, la administración de Zedillo, creó, en abril de 2000, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que operó hasta diciembre de 2002, con el eufemismo de investigar y consignar a “probables grupos civiles armados”.
Poco resultados tuvo, algunas consignaciones de integrantes de distintos grupos “civiles armados”. Las víctimas y deudos consideraron que la justicia no se aplicó, por ello, representados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, los sobrevivientes y deudos llevaron el caso Acteal a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desahoga actualmente la queja, con la posibilidad de que la Corte pueda atraer el caso.
Además, la demanda que abogados estadunidenses promovieron en la corte de Connecticut en contra de Zedillo, un litigio del que por cierto, se deslindaron los deudos y sobrevivientes de la masacre de Acteal, pero al que las autoridades estadunidenses ya dieron curso. De manera que el expresidente pasará, por lo menos un par de años, respondiendo a las acusaciones judiciales en su contra, precisamente ahora que en México se respiran nuevos aires de actuaciones de corte paramilitar.
En los últimos años del régimen priísta en el gobierno federal, Amnistía Internacional le exigía al jefe de Estado investigar la actuación paramilitar en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de grupos vinculados de ese perfil a ataques no sólo contra la guerrilla, sino contra activistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil.
En aquellos tiempos priístas, el paramilitarismo fue aplicado como parte de una estrategia de guerra irregular contrainsurgente “dirigida incluso contra la población civil”, como documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: “En un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron clave en la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano. La población civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente afectada por esa guerra de baja intensidad caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos”.
Consecuencias colombianizadas
El rechazo oficial de la existencia de grupos de corte paramilitar –pese a la aparición masiva de cuerpos ejecutados–, y con ello la negativa a esclarecer su origen y operación, coloca en una situación de inminente riesgo a la población civil, consideran organizaciones de derechos humanos.
La falta de investigación, planteó el senador Ricardo Monreal, podrá generar más ataques hacia la población civil. Algunos legisladores de la Comisión de Justicia han llevado al Senado información que refiere que los grupos paramilitares que operan en tiempos de Felipe Calderón son de un perfil similar a los que comenzaron a maniobrar en Colombia desde la década de 1970, creados por el gobierno para minar a la guerrilla, pero que al cabo de los años se enrolaron en la mafia particularmente en actividades de narcotráfico y secuestros.
Casos como los recientes hechos de Veracruz, en los que hay señalamientos de la supuesta participación de elementos del Estado de realizar detenciones de personas a las que después entregan a grupos de la delincuencia organizada o que directamente participan en actividades de bandas criminales, es razón suficiente para que el gobierno investigue la posible existencia de paramilitares, pues de lo contrario sólo se alienta sus acciones.
Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explica: “Evidentemente en otros contextos la presencia de grupos paramilitares ha tenido un altísimo impacto y un agravamiento de violaciones a los derechos humanos de la población por dos aspectos: primero, porque se difumina la responsabilidad del Estado en tanto son particulares que actúan con la colaboración de agentes del Estado, pero generalmente se tiende a difuminar el vínculo entre lo particular y lo institucional como sucedió históricamente en Colombia. Y segundo, porque se intenta justificar el hecho mediante un discurso, de ‘necesariedad’, frente al hartazgo de la sociedad respecto de la violencia generada por la delincuencia organizada o delincuencia común”.
A partir de que el gobierno colombiano negó reiteradamente su existencia, los paramilitares se fortalecieron y ganaron tal poderío con operaciones y ataques contra la población civil, que Colombia prácticamente se convirtió en un paraíso para los paras (como coloquialmente los identifican los colombianos). Y al amparo de esa impunidad detonó también el sicariato; bajo la lógica de que auspiciados por el gobierno, los paras mataban, cualquiera lo hacía.
Precisamente, con el caso colombiano como referencia, Gutiérrez ejemplifica los riesgos de que la autoridad se niegue a reconocer oficialmente la existencia de esos grupos: “En países como Colombia, donde se consolidó y configuró la presencia de paramilitares, el discurso institucional fue de negación del fenómeno y tolerancia a sus acciones, lo cual generó gravísimas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Porque cuando hay esa negativa pero sin investigar, la sociedad está sometida a una situación gravísima de inseguridad y de inestabilidad jurídica”.
Responsabilidad oficial
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deja fuera la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera ser acusado ante tribunales internacionales por las masacres ocurridas en su administración, algunas de éstas atribuidas a grupos de corte paramilitar o escuadrones de la muerte.
El Movimiento No Más Sangre, cuyos integrantes promueven, junto con académicos, juristas, periodistas y organizaciones no gubernamentales, una demanda en contra de Calderón, ante la Corte Penal Internacional, que será presentada el próximo 25 de noviembre, estiman que en la “guerra” de Calderón han sido asesinadas 50 mil personas, hay más de 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados.
Gutiérrez destaca algunos elementos por los que el gobierno de Calderón allana su camino ante instancias internacionales como la CIDH:
“Evidentemente, la inacción o la omisión del Estado de investigar la posible creación de estructuras criminales de perfil paramilitar, genera una responsabilidad nacional y especialmente internacional. En este sentido es que la Corte Interamericana ha venido condenando a gobiernos en [los] casos donde se establece que su responsabilidad no solamente se configura por la acción ilegal de agentes del Estado, sino también por la omisión, en la ausencia de investigación cuando particulares realizan afectaciones graves y violan los derechos humanos; y en la negligencia de combatir la existencia de esos grupos criminales.
“De manera que, si se llegase a realizar una omisión, esto configuraría un problema de responsabilidad internacional muy fuerte para el Estado mexicano. Evidentemente implicaría un estándar de prueba en el que se demuestre que claramente la complicidad tanto en la estructuración de los grupos como en la existencia de una política institucional.”

Jurisprudencia contra paras

Colombia y Guatemala son dos de los Estados condenados por la Corte Interamericana en masacres atribuidas a grupos de corte paramilitar, escuadrones de la muerte y los llamados “grupos de exterminio”. La CIDH encontró responsabilidad ya fuera por acción o por omisión.
Un caso que de acuerdo con los criterios internacionales sería de jurisprudencia para México, es La Masacre de la Rochela, en la que en 1989 una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y militares asesinaron a 12 personas, la mayoría funcionarios judiciales, que habían llegado al municipio de Simacota a investigar la masacre de 19 comerciantes, ocurrida dos años antes.
La CIDH condenó al Estado colombiano bajo el siguiente criterio: “El Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje de zonas de orden público, al utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o en el desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante. En consecuencia, éste es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones.
“Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, éstos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron contra los funcionarios judiciales.”
En el caso de Guatemala se le condenó por las masacres atribuidas a escuadrones de la muerte que comenzaron a operar en el gobierno del general Efraín Ríos Montt. La CIDH identificó que “el mayor problema que confronta Guatemala en materia de derechos humanos es el que se refiere a las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas previamente víctimas de secuestros, y de detenciones ilegales, atribuidas tanto a las fuerzas de seguridad como a los escuadrones de la muerte”.

Autor:
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/10/27/paramilitares-la-tercera-generacion-del-crimen/

Reforma politica perpetuara corrupcion, impunidad y vicios legislativos


Con las reservas de la reforma política aprobadas ayer, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados el PVEM y el PANAL le han negado a los ciudadanos cualquier posibilidad de decidir sobre la continuidad o la salida de los malos funcionarios y representantes populares que no cumplan con sus obligaciones, lo cual fomentará que los responsables de actos ilícitos de todo tipo sigan siendo solapados por los gobernadores y presidentes en turno. Se trata de institucionalizar la impunidad y hacer de lado los incentivos para que los gobernantes y legisladores tengan un buen desempeño que pueda evaluar la ciudadanía para que continúen en sus cargos, señaló Vladimir Aguilar García, secretario de Planeación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Así, lo dijo, la probabilidad de que personajes como Ulises Ruiz, Mario Marín, Eduardo Bours y funcionarios públicos del gobierno de Felipe Calderón que han sido señalados por cometer diversos ilícitos - véanse como ejemplos el fraude de la estela de luz y el Issste-, puedan ser retirados de sus cargos y sean sometidos a la justicia como cualquier otro mexicano, ha sido cancelada, lo que nos llevará invariablemente a presenciar mayores actos de corrupción..

En su opinión, al desechar la posibilidad de que los legisladores puedan ser sometidos al escrutinio popular y con ello ganarse su permanencia en las cámaras, no será extraño seguir observando poca productividad legislativa, altos niveles de ausentismo y un mayor rezago en cuanto a la presentación y aprobación de puntos de acuerdo e iniciativas de reforma.

Indicó que por el contrario, seguirá siendo común la presencia de exgobernadores como José Murat, y exfuncionarios como Diódoro Carrasco que reciben una curul como premio a la impunidad durante sus gobiernos; y escenas como las protagonizadas recientemente por Jorge Kahwagi, o las acusaciones mutuas de consumo de alcohol entre diputados de las diferentes bancadas.

Sin duda alguna, agregó, el requisito de más de 100 mil firmas para la puesta en marcha de una iniciativa popular es una tomadura de pelo a la ciudadanía, con la que quienes lo avalaron se curaron en salud pues dicha cifra es tan alta que ningún ciudadano podrá proponer una, lo que augura su inminente fracaso.

“Mientras a los ciudadanos se les vuelven a negar atribuciones, al Presidente de la República se le permite rendir protesta en cualquier lugar diferente al Congreso de la Unión y el presidente de la SCJN le podrá tomar protesta como tal ¿hasta en una cantina podrá tomar protesta el Presidente constitucional de México?, también tendrá el derecho de presentar cada año de manera preferente dos iniciativas a la Cámara de Diputados para que los diputados afines se las aprueben sin contratiempos”.

Indicó que la reforma política aprobada no es la que México requiere, es un arreglo de protección de los políticos para los políticos, está diseñada para preservar los privilegios de los gobernantes acotando los derechos de los ciudadanos, es menos democracia y más impunidad, es la visión priísta del poder.


Declara Segob zona de desastre a 16 municipios de Tabasco

Inundación en Jonuta, Tabasco. Foto: Carlos Tomás Cabrera
Inundación en Jonuta, Tabasco.
Foto: Carlos Tomás Cabrera

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró zona de desastre a 16 municipios afectados por las inundaciones, mientras el estado se prepara para otra emergencia por las torrenciales lluvias que se esperan este fin de semana por la entrada del frente frío número 9 a Tabasco.

El gobernador Andrés Granier Melo confirmó lo anterior y anunció el arribo del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para evaluar este sábado la situación y los daños que enfrenta la entidad.

Se tiene previsto que el funcionario federal y el mandatario estatal sobrevuelen los municipios de Jonuta y Macuspana, dos de los más afectados, y posteriormente encabecen la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, en el hangar del gobierno del estado.

Granier Melo dijo que con la declaratoria de desastre en 16 municipios habrá más recursos del Fonden para atender a los afectados, pero se volvió a inconformar contra el gobierno federal porque sólo está enviando 24 mil despensas cada cuatro días, cuando –dijo– hay “390 mil, 380 mil o 350 mil” damnificados.

No obstante, la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado precisó que los afectados bajaron a 310 mil.

De acuerdo con el director de Protección Civil, Roberto López Romero, pese a que la última semana no ha habido lluvias, están saturados las lagunas y ríos, lo que puede complicar las cosas por las lluvias que se esperan este fin de semana.

Destacó que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación se puede agudizar a partir de la noche de este viernes y se prolongará las próximas horas por los remanentes del huracán Rina y la llegada del frente frío número 9.

López Romero explicó que las cuencas altas han ido a la baja, pero en las cuencas medias y bajas hay mucha afectación, como en el municipio de Centla, en virtud de que el agua escurre hacia la parte más baja de la planicie, afectando además a Jonuta, principalmente.

El gobernador tabasqueño anunció que a partir del próximo 1 de noviembre, con un presupuesto de 10 millones de pesos, iniciará la fumigación por vía aérea de las zonas afectadas para prevenir enfermedades como el dengue y paludismo.

Informó que la Secretaría de Salud nacional está haciendo la evaluación y mapeo para que se fumigue con exactitud y “no vengan lluvias muy pronto y echen a perder esta acción”.

Acompañado del director general de la Cruz Roja nacional, Daniel Goñi Díaz, y del actor y cantante Jorge “Coque” Muñiz, el gobernador entregó hoy más de dos mil 500 despensas en la villa Luis Gil Pérez del municipio de Centro, cabecera de Villahermosa.

“Estamos aquí para traer la ayuda humanitaria que la Cruz Roja ha recolectado en el país para nosotros los tabasqueños”, informó el mandatario.

Goñi Díaz dio a conocer que estas despensas son parte de un lote de cinco mil que arribaron a Tabasco este viernes, además de las primeras seis mil que se enviaron cuando inició la emergencia.
“En los próximos días arribará otro tanto y lo seguiremos haciendo, porque la magnitud del desastre es enorme”, reconoció el funcionario.

Dijo que la ayuda de la ciudadanía la recolecta, clasifica, empaca, transporta y distribuye la Cruz Roja, para que no haya desviación y se garantice que llegue a las manos de los afectados de forma gratuita, rápida y eficiente.

El director de la Cruz Roja explicó que parte de las despensas se distribuyen con el apoyo del Ejército y la Marina por medio de helicópteros, en comunidades que han quedado incomunicadas en los municipios de Jonuta, Macuspana y Centla


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Ebrard dice ser el ''Lula'' que México requiere


Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló que en caso de ser presidente de la República, podría ser el “Luiz Inácio Lula da Silva” que México requiere, como lo refirió el historiador Enrique Krauze.

Luego de asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el mandatario capitalino afirmó que su administración y la del brasileño poseen afinidad, sobre todo en materia de inversión y de bienestar social.

“Tenemos afinidad con la plataforma que se manejó en Brasil y lo que hemos hecho en nuestra ciudad. Ahora tenemos la inversión privada más alta de los últimos 20 años y al mismo tiempo el sistema de bienestar social, es lo que quisiéramos para México”.

A la pregunta expresa, ¿cree usted que puede hacer la labor que hizo él(Lula)?, Ebrard indicó: “Pues sería con la versión y nuestros propios objetivos, pero entiendo lo que quiere decir, una izquierda que pueda provocar crecimiento económico y que tengas mayor igualdad”.

En entrevista con MVS Radio, el historiador señaló que México requiere un proyecto de izquierda similar al de Brasil, durante la gestión de Lula.

“Sigo firmemente convencido que para que un proyecto de izquierda funcione en México tiene que tener las características que tuvo en Brasil el gobierno de Lula; Ebrard se aproxima mucho más a ese perfil que López Obrador”.

“Hago votos porque la izquierda mexicana encuentre un camino, que no sea el camino redentorista con López Obrador o sin López Obrador”, sentenció Krauze.

Hace dos días, el ex presidente de Brasil recibió la medalla “Amalia Solórzano de Cárdenas”, en el Palacio de Minería, en la ciudad de México, por su labor humanista en los ocho años que gobernó su país.

Arturo Mendoza. 

Pide PRD intensificar acciones para erradicar y sancionar trata de niños y niñas en frontera sur de México


Senadores del PRD exhortaron al Ejecutivo federal para que en el marco de la cooperación internacional, se intensifiquen las acciones, estrategias, planes y programas con los Estados centroamericanos a fin de erradicar y sancionar la trata de personas, en particular, la de niñas y niños.

Mediante un punto de acuerdo que presentarán la próxima semana, los legisladores también solicitaron a los titulares de la Procuraduría General de la República, y de las secretarías de Seguridad Pública, de Trabajo y Previsión Social, así como al comisionado del Instituto Nacional de Migración y a la directora del Sistema Nacional para Desarrollo Integran de la Familia (DIF), para que realicen acciones coordinadas para evitar y, en su caso, sancionar la trata de infantes centroamericanos en la frontera sur de México.

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, José Luis García Zalvidea, comentó que esta propuesta es con el objetivo de erradicar la explotación sexual y laboral, resolver la situación migratoria de los menores, proteger a las víctimas, garantizar el respeto a sus derechos humanos, y el acceso a los servicios de salud, educación y alimentación.

Señaló que en su propuesta también se solicita que la Cámara de Senadores solicite al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales presente un informe relacionado con la trata de niñas y niños centroamericanos en la frontera sur.

Comentó que de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la trata de personas es utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona y para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, transporte, traslado y recepción de personas.

Según datos de Naciones Unidas el crimen organizado obtiene alrededor de 30 mil millones de dólares de ganancias por la trata de personas, sólo superadas por las que arrojan el tráfico de armas y de narcóticos, precisó.

Por otra parte, según la Organización de Estados Americanos (OEA), en Latinoamérica las víctimas de trata de personas son tradicionalmente de países como Brasil, Colombia, República Dominicana y las Antillas; a los que se han sumado más recientemente México, Argentina, Ecuador y Perú.

“Cabe señalar que anualmente, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos, indicó.

En el punto de acuerdo que también es suscrito por los senadores Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez, Arturo Herviz Reyes y Jesús Garibay García se señala que las regiones de América Central y el Caribe “experimentan un creciente tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual, con características y retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas”.

Sin embargo, ante este fenómeno hay pocas cifras oficiales y no son notables los esfuerzos gubernamentales en la materia, particularmente para proteger a las niñas y niños centroamericanos que radican en los estados del sur de México.
Por todo lo anterior, los senadores del PRD resaltaron la necesidad de que este tema sea una de las prioridades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

   Arturo Mendoza  http://www.elpuntocritico.com/politica-nacional/27265-pide-prd-intensificar-acciones-para-erradicar-y-sancionar-trata-de-ninos-y-ninas-en-frontera-sur-de-mexico.html

Tampoco Blake quiere que el PRI regrese a Los Pinos

Francisco Blake Mora, titular de la Segob. Foto: Miguel Dimayuga
Francisco Blake Mora, titular de la Segob.
Foto: Miguel Dimayuga

CUILAPAM, Oax. (apro).- El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, manifestó que la democracia mexicana “llegó para quedarse”, razón por la que se debe “evitar caer en la tentación del regreso a prácticas políticas (del PRI) que ya han sido superadas”.

Al clausurar el Encuentro Empresarial Coparmex 2011, insistió en que “en lugar de un régimen de concentración unipersonal de poder (como el del PRI), debemos hacer prevalecer el poder ciudadano; en vez de un sistema político monolítico, debemos predominar la rendición de cuentas y la creciente acción ciudadana en equilibrio de pesos y contrapesos”.

En el mismo acto, cuestionó a los legisladores porque la reforma política que aprueben “lamentablemente no va a tener la solidez que requiere esta democracia”.

Sin embargo, destacó que “tenemos que seguir trabajando e impulsando desde el poder ciudadano cambios que permitan pesos y contrapesos en el Congreso”.

Luego de externar públicamente su apoyo a la reelección de diputados y presidentes municipales, hizo hincapié en que “la verdad de las cosas es que si los ciudadanos no tienen el poder verdadero es porque no se lo han concedido (en el Congreso)”.

Rememoró que “ahora se habla de reducir el número de diputados pero sería muy limitado hablar de una reforma que sólo disminuya el número de legisladores”.

Blake Mora hizo nuevamente un llamado a los legisladores para construir acuerdos y consensos para seguir trabajando en la ruta y consolidar la democracia.

“Hoy México tiene una expresión plural que no tiene reversa en nuestro país, esta expresión plural que hoy se refleja en las cámaras de diputados y senadores, gubernaturas, cabildos, no tiene reversa, hoy es un valor fundamental de la democracia mexicana”, remarcó.

Además, dijo, “tenemos que seguir apostando en la educación como inversión, pues la educación es la llave del futuro de este país”.

Enseguida, el secretario de Gobernación se refirió al tema de la inseguridad:

“Necesitamos recuperar la tranquilidad, la seguridad y el orden de nuestro país, por eso hoy no podemos tener titubeos ante los procesos de inseguridad y, aquellos que acepten por acción u omisión la criminalidad, se convierten en sus cómplices, como aquellos que ayudan a perpetrar el crimen”, advirtió.

Y añadió que “por eso México tiene que seguir adelante combatiendo a los criminales con determinación y con carácter, hasta recuperar la paz y la tranquilidad que todos los mexicanos merecen en nuestro país”.


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Dan 131 años de prisión a plagiaro de Alberto Wallace


México, 28 de octubre (Notimex).- La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del Poder Judicial de la Federación sentencias de 78, 131 y 93 años de prisión contra cuatro integrantes de la banda que secuestró a Hugo Alberto Wallace Miranda.

En un comunicado la dependencia detalló que lo anterior fue en virtud de que el magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito consideró fundados los agravios hechos valer por la Representación Social de la Federación.

Por esta razón modificó, al resolver el toca penal 321/2011, la sentencia emitida por el Juzgado 16 de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de México, por lo que impuso las nuevas condenas.
De acuerdo con las investigaciones, Juana Hilda González Lomelí o Sandra Jiménez Gutiérrez permanecerá en prisión 78 años y nueve meses, y deberá cubrir cuatro mil 292 días de multa.

Ella es responsable de los ilícitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

A César Freyre Morales se le impuso una condena de 131 años y 20 mil 987 días de multa por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Por su parte, Tony Castillo Cruz fue sentenciado a 93 años y seis meses de prisión y se le impuso una multa de siete mil 775 días, por su responsabilidad en los ilícitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

En tanto a Alberto Castillo Cruz se le condenó a 93 años y seis meses de prisión y deberá cubrir una multa de siete mil 775 días, por ser penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

http://www.elarsenal.net/2011/10/28/dan-131-anos-de-prision-a-plagiaro-de-alberto-wallace/isabel_wallace-copiar/

Advierte EUA que narco constituye amenaza a seguridad regional



Miami, 28 de octubre (Notimex).- En Latinoamérica no se vislumbra el riesgo potencial de algún conflicto militar, pero la seguridad de la región si enfrenta la amenaza del narcotráfico, advirtió hoy aquí el general Douglas Fraser, líder del Comando Sur de Estados Unidos.

Fraser, general de cuatro estrellas a cargo de supervisar la cooperación en seguridad con las naciones de Centroamérica y Sudamérica, además de El Caribe, dijo que su preocupación en cuanto a la región no es en este momento de carácter militar.

“Estamos observando ahora un problema no tradicional, algo que no estábamos acostumbrados a ver”, señaló al referirse al crecimiento interno de las organizaciones de narcotraficantes en diversas naciones y también de manera trasnacional.

El militar participó este viernes en un panel en el que se analizaron los potenciales avances de Latinoamérica y la forma de evitar los retrocesos en la región en la próxima década, en el marco del Simposio Latin Trade 2011.

El general estadunidense advirtió durante su participación que las organizaciones de narcotraficantes se están desarrollando en Latinoamérica como compañías al establecer redes de redes, con un grupo o cadena cargo de una determinada función y otros de otra.

Afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos está monitoreando la amenaza que las bandas de narcotraficantes representan para la región en general y para cada país en particular.
Sus alianzas con otros grupos criminales, como traficantes de armas y su viable enlace con grupos terroristas, convierte a estas organizaciones en una potencial amenaza a la seguridad de la región, advirtió Fraser.

Dijo que será a través de la colaboración y el trabajo conjunto entre las naciones lo que hará la diferencia para acabar con este tipo de amenazas no tradicionales a la seguridad regional.
Al responder a pregunta sobre el tema de su participación, Fraser dijo que las fuerzas armadas estadunidenses están presas a dar su apoyo al gobierno mexicano en su lucha contra los cárteles del narcotráfico.

“Vamos a trabajar de cualquier forma que el gobierno de México vea que sea apropiado para nosotros proveer”, afirmó el general.

La colaboración, dijo, será siempre de la forma que el gobierno de México lo indique.

http://www.elarsenal.net/2011/10/28/advierte-eua-que-narco-constituye-amenaza-a-seguridad-regional/