Un México sin pobreza México
es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. La inequidad en
el ejercicio de derechos, en los niveles de ingreso y en el acceso a
oportunidades de desarrollo es profunda y persistente. La desigualdad de
ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de
25 a uno, mientras que en los países de la OCDE, en promedio, es de
nueve a uno (gráfica 1). En materia de escolaridad, la diferencia entre
estos dos extremos es de nueve años de estudio. Asimismo, la movilidad
social es muy baja. La "cuna" en la que se nace, o el origen familiar, y
no el trabajo o el esfuerzo realizado, determina significativamente el
nivel socioeconómico que se puede alcanzar en la vida adulta.
Como ya
se mencionó con anterioridad, según el CONEVAL, el número de personas
que se encuentra en pobreza patrimonial se incrementó en los últimos
años. En 2010, sumaron 57.7 millones de personas viviendo bajo esas
condiciones, lo que significa un incremento de 12.2 millones de
habitantes en tan sólo 4 años. Este número significa que la pobreza
afecta a la mitad de la población, que las desigualdades se reproducen
de una generación a otra y que se agudizan -aún más- entre sectores de
la sociedad en donde el territorio, el origen étnico o el género
condicionan las oportunidades de desarrollo. En México, nacer en el
campo, ser indígena y/o mujer representa una serie de desventajas para
el pleno desarrollo. Por ejemplo, 82% de las viviendas urbanas disponen
de agua entubada en su interior, mientras que sólo 35% de las
localidades rurales cuentan con este servicio básico para la salud. El
40% de la población indígena padece pobreza extrema, mientras que esta
condición afecta a 8.5% de la población no indígena; la gran mayoría de
los jóvenes "ninis", que ni estudian ni trabajan, son mujeres.
Esto
es absolutamente injusto, perjudicial y peligroso en cualquier
sociedad. Es injusto porque la baja movilidad social desvincula el
mérito de las oportunidades reales de bienestar, y la pobreza limita el
pleno desarrollo de quien la padece. El Premio Nobel de la Paz, Muhammad
Yunus, ejemplifica esta limitación con una metáfora en la que menciona
que los pobres son como excelentes semillas con todo el potencial de
transformarse en árboles grandes, fuertes y frondosos. Sin embargo, ante
la falta de oportunidades de desarrollo en su entorno, se convierten
solamente en "bonsáis." Es perjudicial porque se desperdicia el
potencial productivo y creativo de quienes podrían contribuir al
progreso de la sociedad en su conjunto. Es peligroso porque la
frustración ante la falta de oportunidades provoca tensiones, debilita
la cohesión social y, en algunos casos, hace que las actividades
ilegales sean vistas como opciones atractivas para ascender socialmente.
I. Una política social insuficiente e ineficazPese
a sus aciertos, los esfuerzos gubernamentales por superar la pobreza
son insuficientes, pues no han tenido todo el éxito esperado. A pesar de
que el gobierno federal ha incrementado significativamente el gasto
social, el Coneval señala que "el aumento en el gasto social se asocia
con aumentos del gasto corriente" y las políticas de desarrollo social
no están guiadas por los derechos sociales. Además, como ha sido
señalado, contrario a la tendencia latinoamericana donde la pobreza ha
disminuido, en México ésta se ha incrementado.
El gasto social no
responde a criterios de equidad, pues asigna más recursos a los hogares
de mayores ingresos en lugar de a los que menos tienen. El PNUD nos
advierte que sólo 13% del gasto público federal en desarrollo humano
(educación-salud-apoyos al ingreso) llegó a 20% de la población con
menores ingresos en 2008, mientras que 32% del gasto benefició a 20% de
la población más rica (gráfica 2). Esto obedece, en gran medida, a los
subsidios generalizados al consumo, a los apoyos al campo pobremente
focalizados y al actual sistema de seguridad social ligado al trabajo
formal.
Además,
los resultados de Progresa-Oportunidades, el principal programa de
combate a la pobreza -mismo que ha merecido el reconocimiento de
expertos nacionales y extranjeros-, corren el riesgo de verse
invalidados por la baja calidad de los servicios públicos a los que
acuden sus beneficiarios y el mediocre crecimiento económico que no está
generando los empleos necesarios para que quienes terminen sus estudios
encuentren un trabajo decente.
Por ello, la efectividad de
Progresa-Oportunidades enfrenta dos grandes retos. El primero es mejorar
la calidad de los servicios de educación (tema que abordé en el
capítulo 4) y de salud, asunto al que me referiré más adelante, que
lejos de ser óptima es indiscutiblemente "deficiente", particularmente
en localidades rurales con alta población indígena.
El segundo
es la insuficiente generación de empleos productivos, tanto en el campo
como en la ciudad, que permitan aprovechar la inversión que el Estado y
sus familias han hecho en los beneficiarios del programa. Por ello,
requerimos acelerar el crecimiento y la generación de empleos, como
señalé en el capítulo 3. Un estudio señala que "los [beneficiarios] más
escolarizados son los que se van a vivir y trabajar a los Estados
Unidos". Muchos más ingresan a la economía informal, quedando excluidos
de la seguridad social y perjudicando la hacienda pública. Es decir,
los avances de la política social se ven amenazados por los fracasos de
la política económica y la falta de articulación entre las dos.
La
base, el piso mínimo al que todo mexicano debe tener acceso, sin
importar su condición laboral, es la seguridad social. Esta protección
es fundamental tanto para los hogares en pobreza como para los estratos
de ingresos medios, como expondré a continuación.
II. Fortalecer y ensanchar la clase media Un
amplio sector de la sociedad mexicana ha transformado su nivel de vida
de manera importante en las últimas décadas y se autodefine como
perteneciente a "la clase media", en función de su nuevo acceso a
servicios públicos y privados, a patrones de consumo, y a sus actitudes y
aspiraciones, a pesar de que su ubicación relativa en la distribución
de ingresos sigue siendo precaria. El polémico e interesante debate
despertado por Luis de la Calle y Luis Rubio al argumentar que México es
ya un país de "clasemedieros" ha sido muy valioso para revalorar y
buscar fortalecer a la clase media mexicana considerada "la esencia del
desarrollo" de una nación.
El censo 2010 confirma que, a pesar
de que aún falta mucho por hacer, en las últimas décadas ha habido un
progresivo avance en la cobertura educativa, la atención a la salud y en
los servicios básicos en las viviendas como energía eléctrica, agua
potable y drenaje. Éste es un proceso "íntimamente ligado a la
urbanización, condición que en México ya alcanza a casi 80% de los
mexicanos".
Por ejemplo, en 1960 el 29% de las viviendas
particulares habitadas en México tenía drenaje; la cifra aumentó a 41.5%
en 1970, 51% en 1980, 62% en 1990, 75.4% en el año 2000 y actualmente
se encuentra en 88.5% (gráfica 3). En cuanto a disponibilidad de energía
eléctrica, el porcentaje de viviendas con este servicio aumentó de 59%
en 1970, a 65.9% en 1980, 87.5% en 1990, 95.4% en el año 2000 y hoy se
encuentra en 97.8% (gráfica 4). Asimismo, ha crecido el porcentaje de
hogares con bienes como refrigerador, lavadora, computadora y automóvil.
No podemos desestimar lo que el disfrute de estos nuevos productos y
servicios representa en la vida cotidiana de quienes anteriormente
carecían de ellos.
Es
importante identificar los factores que explican estos cambios para
poder fortalecerlos y así apoyar el ascenso de un mayor porcentaje de la
población mexicana a las clases medias. En particular destacan cuatro
elementos: 1) La disminución de la tasa de crecimiento poblacional y de
la tasa de natalidad debido a la política de población y control natal
iniciada en la década de 1970. ¿Quién no recuerda las frases: "La
familia pequeña vive mejor" o "Pocos hijos para darles mucho"?; 2) La
estabilidad macroeconómica alcanzada desde hace más de una década; 3) La
apertura económica, particularmente el TLCAN, que ha aumentado la
oferta de productos y servicios a menores costos y de mayor calidad. Lo
anterior, aunado al crecimiento del crédito para el consumo, han
ampliado el mercado de ciertos bienes para millones de mexicanos; 4) La
progresiva, aunque aún insuficiente, expansión de servicios públicos y
programas sociales.
A pesar de estos avances, la OCDE advierte
que las clases medias en América Latina, y México no es la excepción, no
encajan en el estereotipo de estos estratos en los países
desarrollados. Al contrario, se caracterizan por su vulnerabilidad, ya
que tienen ingresos precarios y empleos inestables. "La pérdida del
empleo, un accidente en el coche, la enfermedad del abuelo, un divorcio o
la drogadicción de algún hijo pueden convertirse en eventos
devastadores" para su patrimonio.
En particular, las clases
medias mexicanas han visto empeorar su situación económica desde 2006
(gráfica 5), año en que, según el INEGI y el Coneval, inició el declive
en los ingresos de las familias mexicanas y más de 12 millones de
"clasemedieros" cayeron en las filas de la pobreza, revirtiendo los
esfuerzos positivos que desde hace más de una década habían logrado
reducir los niveles de pobreza.
Este retroceso es sumamente
preocupante porque México requiere de una clase media fortalecida y en
expansión para acelerar su desarrollo. Por ello, se necesita una
estrategia que reduzca los riesgos que enfrentan los hogares de clase
media de caer en la pobreza y perder el patrimonio que han logrado
atesorar con tanto esfuerzo. La universalización de los derechos
sociales, y en particular de la seguridad social, crearía una "red de
apoyo" para amortiguar el impacto de los cambios que pudieran afectar el
bienestar de las familias mexicanas.
III. Derechos sociales universales y subsidios focalizadosLa
política social debe estar anclada en el ejercicio de derechos sociales
universales y ser complementada con subsidios bien focalizados. En
particular, los subsidios deben ser dirigidos hacia la llamada "pobreza
dura", aquella que, debido a características como el aislamiento
geográfico de quien la padece, no se puede erradicar fácilmente, y a
grupos que requieren de atención prioritaria como los pueblos indígenas.
Para llevar a cabo esta agenda se necesita establecer un nuevo pacto
social basado en criterios universales y solidarios.
En
particular, la superación de la pobreza -tanto urbana como rural- y el
fortalecimiento de las clases medias del país requieren que el Estado
establezca un piso básico y suficiente para proteger a todos los
ciudadanos, especialmente a los de menores ingresos, ante situaciones de
vulnerabilidad como las enfermedades, la pérdida de empleo o la vejez.
Debe garantizar una protección básica universal a partir de la cual cada
mexicano tenga la posibilidad y la libertad de desarrollar su proyecto
de vida y lograr con ello una mayor cohesión social.
IV. El piso básico: la Seguridad Social UniversalEn
México, más de la mitad de la población no tiene seguridad social
(gráfica 6). Esta situación es inaceptable en un Estado que tenga como
objetivo central garantizar los derechos de su población. Por ello, uno
de los grandes objetivos que nos debemos proponer es precisamente
universalizar el acceso a la seguridad social.
A
pesar de los importantes logros alcanzados por instituciones como el
IMSS y el ISSSTE a lo largo de más de medio siglo, el actual sistema de
seguridad social en nuestro país es inequitativo, incompleto e ineficaz.
Es inequitativo, porque excluye a la mitad de la población de los
servicios de salud, las pensiones, los seguros y demás prestaciones que
otorgan las instituciones de seguridad social a su población
derechohabiente. Es incompleto porque no ofrece seguro de desempleo. Es
ineficaz porque el sistema está fragmentado en diversas instituciones,
lo que genera duplicidades tanto de servicios como de beneficiarios, lo
cual resulta en un aumento de los costos para brindar servicios. Los
datos son contundentes: mientras en México los gastos administrativos de
los servicios de salud alcanzan 9.5% del gasto total en atención a la
salud, en el Reino Unido o en Australia, países con atención médica
universal, son apenas de 3% del total.
Esta situación es aún más
grave porque con la finalidad de atender a quienes no cuentan con
seguridad social se han creado programas, como el Seguro Popular en
materia de atención a la salud, que han fragmentado aún más la política
social en general y el sector salud en particular, contribuyendo al
aumento de los costos del sistema de salud sin mejorar su servicio.
Además, el empadronamiento de beneficiarios a estos programas no se ha
traducido en una efectiva prestación de servicios. Por ejemplo, según
las últimas cifras del Coneval, todavía hay más de 35 millones de
mexicanos que no cuentan con el acceso a los servicios de salud.
Además,
como ha argumentado Santiago Levy en diversas publicaciones, la
coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía
informal. Por un lado, se cobran cuotas a los trabajadores y a las
empresas del sector formal para financiar a las instituciones de
seguridad social, lo que en la práctica se traduce en un "impuesto" al
trabajo formal que llega a alcanzar hasta 35% del salario de un
trabajador. Por el otro, se subsidian con impuestos generales programas
sociales gratuitos, o a un muy bajo costo, para los no derechohabientes,
como es el caso del Seguro Popular.
En consecuencia, este
esquema dual desincentiva el empleo formal, ya que se pueden obtener
servicios públicos gratuitos en la economía informal sin necesidad de
cubrir las cuotas correspondientes a la seguridad social. Esto
obstaculiza el crecimiento económico y frena la productividad, puesto
que las empresas informales se caracterizan por tener acceso limitado al
crédito, a la capacitación laboral y a tecnologías innovadoras. Además,
la evasión de impuestos que se deriva de la informalidad debilita al
resto de la economía por la insuficiencia de recursos hacendarios.
Para
corregir esta situación, debemos construir un Sistema de Seguridad
Social Universal que otorgue un piso de protección social básico y
gratuito a todos los mexicanos. Este sistema debe incluir cuatro
elementos fundamentales: acceso efectivo a los servicios de salud,
pensión para la vejez, seguro de desempleo y seguro de riesgos de
trabajo. En este sentido, la condición de ciudadanía y no la
participación en el mercado laboral debe ser el eje del nuevo sistema de
seguridad social.
Desde luego, la población afiliada a las
instituciones de seguridad social podrá seguir disfrutando de las demás
prestaciones a las que tiene acceso. Sin embargo, la protección social
básica debe ser un derecho de todos y cada uno de los mexicanos.
El
nuevo Sistema de Seguridad Social Universal debe integrar el hoy
fragmentado sector salud para alcanzar dos objetivos. Primero, evitar
que se dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del
sistema. Segundo, que los usuarios puedan decidir la clínica y el médico
de su elección.
Por su parte, la pensión universal es un
reconocimiento a millones de mexicanos que han contribuido con bienestar
del país y hasta ahora han sido excluidos de gozar de una vejez digna.
Ésta es una pensión mínima otorgada por la condición de ser ciudadano
sin importar el tipo de vinculación que se haya tenido con el mercado
laboral, que complementaría pero que no sustituiría al actual sistema de
ahorro para el retiro ni a las llamadas AFORES, cuyo funcionamiento
seguiría sujeto al mercado laboral. Es particularmente importante para
la equidad de género porque, al desligar las pensiones del empleo
formal, el Estado reconoce las valiosas aportaciones realizadas por las
mujeres mexicanas a la sociedad a lo largo de su vida como el cuidado de
los niños, de los adultos mayores, de los enfermos, el trabajo
doméstico no remunerado o las interrupciones en su carrera laboral para
atender responsabilidades familiares. Es desde luego de gran importancia
para los trabajadores del sector informal, para los jornaleros
agrícolas, para quienes con mucho esfuerzo y sacrificios pasaron parte
de su vida trabajando en Estados Unidos y enviaron remesas para el
desarrollo de sus familias y comunidades, y para los mexicanos con
alguna discapacidad que no pudieron ejercer su derecho a la plena
inclusión en los distintos ámbitos de la vida social laboral.
En
este sentido, la plena incorporación de los mexicanos con alguna
discapacidad al Sistema de Seguridad Social Universal es de gran
importancia para romper el nexo entre pobreza y discriminación al que
suele estar sujeta esta población.
De igual forma, se debe
garantizar que todos los trabajadores tengan seguro de riesgos de
trabajo y seguro de desempleo que apoye la capacitación y reinserción
laboral. La evidencia empírica en Europa Central y Oriental parece
confirmar que el seguro de desempleo ha reducido la pobreza de los
desempleados en más de 50% en Hungría y de 45% en Polonia.
El
nuevo sistema deberá ser financiado gradual y mayoritariamente por
impuestos generales. Esto remplazaría al método actual de financiamiento
vía impuestos, cotizaciones y gastos de bolsillo. De esta forma, toda
la población, sin excepción, tendría pensión y acceso efectivo a la
salud, al mismo tiempo que dejarían de existir los incentivos para
ingresar o permanecer en la economía informal, lo que aumentaría la
calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.
Para
hacer realidad este objetivo debemos abandonar la lógica de las
pequeñas reformas sin sentido estratégico. Necesitamos una reforma
integral en la que, a la par de la creación del Sistema de Seguridad
Social Universal, se apruebe una reforma fiscal, misma que abordaré en
el capítulo 8, para poder financiarlo. También es esencial la
transformación de la legislación laboral para poner en sintonía a
empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de
mayor productividad.
V. Combatir la pobreza dura: la dispersión y el aislamiento rural"Una
solución a fondo contra la pobreza extrema es evitar la dispersión
poblacional." Es un diagnóstico compartido que "a los más pobres entre
los pobres no llegan la mayor parte de los programas sociales por su
dispersión y la dificultad que conlleva acceder a ellos." El censo 2010
reveló que más de 2.2 millones de mexicanos viven en más de 120,000
localidades de menos de 100 habitantes. Esto significa que en promedio,
cada localidad tiene 18 habitantes. Esto dificulta -y a veces
imposibilita- la prestación de servicios básicos a esta población,
encarece su consumo y la excluye de mercados (laborales, financieros, de
bienes y servicios) en perjuicio de su bienestar.
Por ello, es
importante plantear la posibilidad de ofrecer a la población actualmente
aislada de los centros de servicios la oportunidad de acceder a ellos a
través de la creación de nuevos asentamientos rurales que reúnan a las
familias hoy dispersas. En estas comunidades sería posible llevar al
campo los beneficios asociados a la urbanización y a la expansión de las
clases medias, como los servicios de agua y drenaje, hospitales con
equipo y recursos humanos suficientes, y escuelas equipadas y conectadas
a internet. Además, la integración de familias crearía un mercado que
abriría oportunidades de ingreso a muchos de sus habitantes, quienes
tendrían más alternativas productivas sin necesidad de abandonar las
previas.
VI. Una sociedad más equitativaUna de las
desigualdades más profundas en México es la de género, ya que atraviesa
clases sociales y grupos étnicos. En las últimas décadas, la mujer
mexicana se ha transformado a pasos agigantados, pero el mercado, el
Estado y sus instituciones no lo han hecho a la misma velocidad. Nuestro
país difícilmente podrá alcanzar un mayor desarrollo si no construimos
una sociedad más equitativa en la que hombres y mujeres contribuyamos y
disfrutemos tanto de la vida familiar como de la laboral.
Asumir e
impulsar la corresponsabilidad en las actividades reproductivas y
productivas entre hombres y mujeres es indispensable para aprovechar el
talento y el trabajo de las mexicanas, quienes, aunque han alcanzado
niveles educativos sin precedentes -al grado de que, a nivel nacional,
hemos logrado cerrar la brecha educativa de género-, siguen insertándose
en el mercado laboral en condiciones de desigualdad y discriminación.
Una realidad inaceptable es que, ante un mismo nivel educativo, el
ingreso de los hombres por hora trabajada sea mayor que el de las
mujeres.
Es totalmente injusto que el peso del trabajo doméstico
no remunerado recaiga exclusivamente en las mujeres, particularmente en
los hogares de menores ingresos. Además, la responsabilidad de cuidar a
los niños, a los padres ya mayores y a los enfermos también les
corresponde principalmente a ellas. Este gran aporte al bienestar social
no es remunerado económicamente ni debidamente valorado socialmente. Un
estudio del INEGI señala que, de haber realizado el mismo trabajo en el
mercado laboral, el valor del trabajo no remunerado en el hogar de cada
mujer mexicana equivaldría a un sueldo de 37,300 pesos anuales y a
17.3% del PIB nacional en 2009.
Además, la sobrecarga del
trabajo no remunerado representa un obstáculo para que las mujeres
puedan ejercer su derecho al trabajo, es decir, su derecho a generar
ingresos individuales y familiares para salir de la pobreza y tener
autonomía económica. Tiene, además, altos costos para la generación de
riqueza en el país, ya que sólo cuatro de cada 10 mujeres en edad de
trabajar cuentan con un empleo remunerado, mientras que, por ejemplo, en
los países nórdicos dicha cifra es de siete de cada 10.
Esto es
particularmente grave para la generación de ingresos en familias de
jefatura femenina, las cuales hoy en día representan a uno de cuatro
hogares mexicanos. En ocasiones, la exigencia de conciliar las
responsabilidades familiares con las necesidades económicas obliga a las
mujeres a ingresar a la economía informal, más flexible pero más
precaria, sin posibilidad de acceder al sistema actual de seguridad
social y con menores posibilidades de ascenso y desarrollo de
capacidades.
Esto debe de cambiar. El Estado, el mercado y las
familias mexicanas deben asumir un nuevo papel para redistribuir las
responsabilidades familiares y laborales. El Estado debe retomar un
papel mucho más activo y ampliar la oferta en las prestaciones y
servicios a la familia, como el cuidado infantil de alta calidad y las
jornadas escolares de tiempo completo que permitirían a los padres de
familia, especialmente a las madres, generar ingresos sabiendo que sus
hijos están en buenas manos. Asimismo, el Estado debe impulsar el acceso
de las mujeres, particularmente las que estén en situación de pobreza, a
recursos financieros como el microcrédito y fomentar el desarrollo de
sus capacidades para participar en empleos productivos.
Desde
luego, un Estado Eficaz debe hacer cumplir la legislación en la materia,
misma que ha avanzado significativamente en los últimos años; también
debe asegurarse de contar con presupuestos públicos que incorporan la
perspectiva de género. Un paso en la dirección correcta fue la
aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de una iniciativa
que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
que, a grandes rasgos, proporciona seguridad jurídica a los
beneficiarios de los programas presupuestarios y/o de las inversiones
destinadas a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres para que
cada año cuenten, cuando menos, con la misma proporción del del gasto
programable que el del año inmediato anterior y se prohíba a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizar reducciones, a
lo largo del ejercicio fiscal, en estos programas.
Por su parte,
las empresas tienen también una tarea importante en materia de equidad
de género. Parafraseando un estudio de la OCDE, los países deben
encontrar un balance entre preparar a las familias para participar
activamente en el mercado laboral y preparar al mercado laboral para la
vida de las familias. En particular, una contribución de las empresas
para las familias consiste en lograr una mejor administración del tiempo
de las madres y padres trabajadores. Diversos estudios recomiendan
medidas como: flexibilizar los horarios laborales, establecer una sala
de lactancia, permitir el trabajo a distancia si las funciones lo
permiten, otorgar licencias para la atención de emergencias relacionadas
con los hijos y ofrecer servicios de cuidado infantil durante el
periodo de vacaciones escolares. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y el PNUD señalan que estas medidas aumentarían la
productividad de las empresas al contar con recursos humanos más
satisfechos, al retener a personas con talento que no sólo buscan altos
ingresos sino buenas prestaciones, y contribuirían positivamente a su
imagen pública.
La equidad de género es un fin en sí mismo y un
prerrequisito para alcanzar un desarrollo sostenible, superar la pobreza
y construir una sociedad más justa.
VII. Una nación multiculturalEl
Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas.
Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una
constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están
mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos
de tres años de edad y más son hablantes de una lengua indígena (gráfica
7). De éstos, ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive
en pobreza extrema: es decir, en el México del siglo XXI ser indígena
prácticamente equivale a ser pobre.
Los
indicadores educativos, de salud, vivienda y empleo muestran un rezago
brutal entre las oportunidades de desarrollo de la población indígena y
de la no indígena (tabla 1).
Por ejemplo, 10 de cada 100 niños
indígenas de seis a 14 años no asisten a la escuela. Entre los niños no
indígenas la cifra es de la mitad (4.7 de cada 100); en promedio, una
mujer no indígena tiene el doble de años de escolaridad que una indígena
(8.7 vs. 4.5); la desnutrición crónica infantil en niños indígenas es
más del triple de la que padecen los no indígenas (38% vs, 12.5%); en
cuanto a prestaciones laborales, 80% de la población subordinada y
remunerada de habla indígena no recibe ahorro para el retiro, mientras
que en los no hablantes de lengua indígena la cifra es de 55%. Más de
70% no recibe vacaciones con goce de sueldo frente a 48% que carece de
esta prestación entre los no indígenas.
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Estos ejemplos ilustran la marcada
desventaja de los pueblos indígenas frente al resto de la sociedad para
ejercer derechos básicos, debido a su condición étnica en un contexto
nacional cargado de discriminación, racismo, prejuicios y sobre todo de
ignorancia. "La discriminación hacia los indígenas que usan su propia
lengua o su vestimenta típica, o incluso por sus rasgos físicos, les
afecta seriamente, pues muchas veces les impide el acceso a servicios,
trabajos y oportunidades que sí están disponibles para otros mexicanos."
En este sentido, el combate a la pobreza y la marginación de los
pueblos indígenas debe de ir de la mano del combate a la discriminación
entre la población no indígena.
Por ello, todos los mexicanos
-indígenas y no indígenas- debemos promover un desarrollo incluyente y
equitativo que nos permita lograr la cohesión social dentro de la
diversidad. No se trata, como se hizo en el pasado, de intentar
"asimilar" a los pueblos indígenas a la cultura dominante "mestiza", un
término por decir lo menos ambiguo. Tampoco de promover el
asistencialismo paternalista de antaño.
Como he dicho a lo largo
del libro, un Estado Eficaz debe promover el efectivo ejercicio de los
derechos de toda su población y el desarrollo de las capacidades de cada
mexicano para ampliar sus libertades y opciones de vida. Esto incluye,
evidentemente, tanto a los
mexicanos que hablan la lengua
náhuatl, maya, tzeltal, tzotzil, mixteca, zapoteca u otomí, por
mencionar algunas entre las decenas de lenguas indígenas, como a los
mexicanos que sólo hablan español.
Desde luego, los pueblos
indígenas están incluidos en todos y cada uno de los temas que he
planteado para mejorar el bienestar de los mexicanos y contribuir a que
estén mejor preparados para participar en la vida nacional y el mundo
global. Sin embargo, para que sean incluidos en condiciones equitativas
frente al resto de la sociedad, su desarrollo debe ser una prioridad en
la agenda nacional y las finanzas públicas.
Es fundamental que la
multiculturalidad del país, reconocida legalmente, permee en las
instituciones, en las políticas públicas y en la sociedad mexicana,
para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, individuales y
colectivos de los indígenas. El objetivo es que los casi siete millones
de mexicanos que hablan una de las más de 60 lenguas indígenas que
existen en el país no encuentren obstáculos derivados de su condición
étnica.
El Estado debe garantizar que la lengua y la cultura
indígena no sean una limitante para ejercer derechos como el acceso a la
justicia, a través de defensores de oficio y traductores bilingües, o a
la educación. El acceso efectivo a una educación bilingüe -es decir, en
español y en la lengua indígena del estudiante- e intercultural de
calidad es básica para garantizar el derecho a la educación de los niños
y jóvenes indígenas y ampliar sus oportunidades de aprendizaje a lo
largo de la vida, así como para potenciar el desarrollo de sus
capacidades humanas.
En el México del siglo XXI, un Estado Eficaz
debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los indígenas, además
de integrarse al desarrollo nacional conservando su cultura, también se
puedan integrar en condiciones favorables a la globalidad. Hoy en día
miles de indígenas forman parte de los flujos migratorios trasnacionales
entre México y, principalmente, Estados Unidos. Por ejemplo, los
mixtecos poblanos tienen una importante presencia en Nueva York, los
otomíes hidalguenses en Florida y los mayas yucatecos en California. Sin
embargo, al igual que muchos otros mexicanos, se tienen que integrar de
manera forzada a la globalidad al no poder encontrar oportunidades en
su lugar de origen. Los migrantes indígenas, por ejemplo, a la par que
tienen que aprender a hablar inglés para poder vivir en Estados Unidos,
buscan recrear su cultura. Observan sus tradiciones y hablan su lengua
con quienes comparten su identidad, y se las ingenian para seguir
comiendo sus platillos tradicionales.
Ellos no se ponen
fronteras, pero la estrecha visión dominante de las políticas
relacionadas con su desarrollo sí. Estas limitaciones deben quedar
atrás. El Estado debe facilitar a los pueblos indígenas las herramientas
indispensables para que decidan, desde una posición más ventajosa que
la actual, su participación en la globalidad. Por ejemplo, una mayor
inversión en infraestructura física y digital les permitiría tener un
mayor acceso a mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales. De igual forma, con las Jornadas Escolares Completas
podrían aprender el inglés como tercera lengua.
Igual de
importante para promover un desarrollo incluyente es que los niños y
jóvenes no indígenas sean conscientes y entiendan nuestra diversidad
cultural. Es decir, que los niños no sólo conozcan a los mayas del
periodo clásico mesoamericano, sino también a los mayas del siglo XXI,
mexicanos con los mismos derechos que ellos. Bien le hará a México
contar con ciudadanos -indígenas y no indígenas- que, dejando atrás
prejuicios y acciones discriminatorias, entiendan la enorme complejidad
de los retos y las oportunidades que la multiculturalidad representa
para el país.
Como señala la Declaración Universal de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) sobre Diversidad Cultural: "La diversidad cultural,
como fuente de intercambios innovación y creatividad, es tan necesaria
para la humanidad como la biodiversidad para los organismos vivos.
Constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y
consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras".
Uno
de los grandes objetivos del Estado Eficaz en el siglo XXI es lograr
que los indígenas, logrando mantener plenamente su cultura, tengan en la
práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los
mexicanos, y se puedan integrar tanto al desarrollo nacional como global
en condiciones plenamente favorables.
VIII. Integrar plenamente a las personas con discapacidadUna
política de igualdad no puede dejar de lado a las personas con
discapacidad. Actualmente, una de cada tres personas con limitaciones
físicas o mentales no está cubierta por alguna institución de salud y
el desempleo es uno de los principales problemas que enfrentan. La
falta de atención médica apropiada y la dificultad para obtener ingresos
propios, además de limitar su derecho a la salud y al trabajo,
obstaculizan su derecho a vivir de forma independiente de acuerdo a lo
establecido en la Convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
Por ello, es necesario emprender una
política nacional para la rehabilitación de las personas con
discapacidad; una política de empleo dirigida especialmente a este grupo
a través de incentivos fiscales. Asimismo, habrá que impulsar una
estrategia nacional de infraestructura urbana que permita garantizar la
accesibilidad y facilitar su plena integración a la convivencia social.
México necesita construir una mayor cohesión social para combatir las
profundas desigualdades que nos han caracterizado y limitado como
sociedad. El Estado mexicano tiene mucho por hacer. La universalización
de los derechos sociales, particularmente el derecho a la seguridad
social para toda la población es, sin duda, un paso transcendental en la
consolidación de una nación más incluyente. Es un proyecto que nos
vincularía a todos de forma solidaria y nos permitiría tener un piso de
protección básico para el pleno desarrollo de cada mexicano sin
distinción: hombres y mujeres; población rural y urbana; trabajadores
formales e informales; indígenas y no indígenas; y quienes tienen alguna
discapacidad. Es, además, una red de protección para salir de la
pobreza y/o para no caer en ella.
Sin lugar a dudas, se
requieren otros esfuerzos para promover y garantizar una mayor igualdad
de oportunidades. En este capítulo he esbozado algunos de ellos, pero en
una sociedad plural como la nuestra, un proyecto de desarrollo
incluyente deberá escuchar y atender las distintas propuestas y
prioridades de todos los sectores de su población.
LA PRENSA: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2318146.htm
