Hurtar información legislativa confiere cierto poder, por la sencilla razón de que información es poder. Hay legisladores a quienes se grabó sin aviso, como René Bejarano y sus videos, o las vergonzosas conversaciones de Emilio Gamboa con su amigo Kamel Nacif, que con las revelaciones de Lydia Cacho exhibieron una red de borrachos y pederastas ligados al PRI.
Con esos antecedentes tan nauseabundos, lo mejor es saber exactamente qué pasó en la Cámara de Diputados -y qué grabaciones pudiera haber, de ser el caso. Pues las denuncias sobre espionaje en la cámara baja realizadas por Guadalupe Acosta Naranjo, pudieran acabar en un escándalo con micrófonos, investigaciones y autoridades implicadas, aunque apuesto que habrá una generosa ración de pirotecnia política.
Las operaciones encubiertas son temas socorridos durante las campañas políticas. Son vistosas, sensacionalistas y tienen el glamour del cine y las novelas, que narran la “dimensión desconocida” de las relaciones internacionales: el espionaje. En la actual temporada electoral estadounidense, por ejemplo, se ha recurrido al tema del operativo “Rápido y Furioso” para tratar de acorralar al procurador de EUA, Eric Holder –y por su conducto, a la administración Obama.
El espionaje, por su propia naturaleza, es poco conocido. Involucra varios aspectos que quizá sean del interés del lector, pues tienen una lógica peculiar.
Son las capacidades e intenciones de un adversario lo que se busca encontrar mediante el espionaje; esa actividad también es parte del quehacer estatal y de su comportamiento, tanto al interior como al exterior del país en cuestión.Aunque a decir verdad, eso no justifica plenamente la utilidad del supuesto espionaje que se reportó. Por su parte, el Congreso mexicano tiene más capacidades (más poder relativo) desde que con la alternancia es contrapeso real del Ejecutivo y prescribe el objeto de trabajo del Poder Judicial (la ley).
El interés de un Estado es la información, para facilitar la toma de decisiones; su búsqueda puede ser nacional o internacional, abierta o encubierta. La abierta a veces la realizan los diplomáticos. La encubierta, los espías, que tienen una cobertura (una doble identidad) de lo más variado, siendo frecuentes los periodistas, empresarios, cónsules… en Washington hubo un espía cuya cobertura era la de instructor de tenis. En México operó un espía brasileño con la cobertura de un humilde instalador de t.v. por cable; lo detuvo un tiempo Migración en los años noventa.
La búsqueda encubierta de información, por su parte, se divide en técnica y humana. La técnica se hace con micrófonos y toda clase de “gadgets”, mientras que la humana es asunto de los agentes secretos. En el caso del Congreso mexicano, por lo que hoy se sabe, se trataría en principio de espionaje técnico.
Algo que pocas veces se ventila, es que el espionaje involucra también un aspecto presupuestal. Espiar cuesta. Los gobiernos y espías tienen recursos escasos, por lo que en México en general no espían a cualquiera. Aunque sí hubo en otros países agencias de espionaje masivo como la Stasi de la Alemania comunista, en México suena un poco exagerado un plan que pretenda espiar todas las comunicaciones en la Cámara de Diputados.
No lo amerita, a mi parecer, debido a que pocos diputados tienen suficiente poder como para tener tanta información vital y ser así buen “cliente” para los espías –a menos que sean enemigos personales. Además, se requeriría un enorme aparato para analizar toda la información que se recolecte, instalaciones, etc. Aunque la insistencia del diputado Acosta Naranjo en que todo corresponde a la verdad y que entregó a la PGR aparatos de espionaje de dimensiones que “caben en un maletín”, justifica revisar posibilidades y “presuntos implicados”, al menos en un plano hipotético.
Lo más fácil sería que alguien dentro de la Cámara haya organizado todo, o partes de ese todo. Pues empleados o diputados tienen acceso sin tantas trabas al lugar -y muchos se detestan entre sí. Se ha logrado incluso introducir personas a quienes la ley buscaba (p. ej., el diputado perredista Julio Cesar Godoy), por lo que no veo que pudieran tener problema al meter cables o aparatos electrónicos. En tal sentido iría el hecho de que tres empleados internos han sido removidos por tratar de entorpecer las averiguaciones, como afirmó el diputado Acosta.
Esto tiene la complicación de que algunos diputados sean investigados o acusados. La Revista Proceso ha informado de algunos “narcodiputados”, lo que justificaría averiguar si por su conducto la delincuencia organizada no se ha organizado más de lo que pensábamos y ha entrado a la Cámara. Quizá les interesen las leyes de extinción de dominio u otro tipo de temas de “su agenda”.
El propio gobierno federal es otro de los “favoritos a la nominación”. Tan lo es, que Alejando Poiré salió rápidamente, casi como un infante, a decir que él, Gobernación y el Cisen no fueron los culpables. Dijo que eso era indigno de una democracia y que por ello jamás lo harían, olvidando que el principal caso de espionaje a políticos se dio en la más representativa de las democracias: los Estados Unidos, con las grabaciones del Watergate. No acuso a Poiré ni a nadie, pero creo que ese argumento mejor lo debería archivar.
Ahora bien, el gobierno federal no es la única autoridad que espía. Varios gobiernos estatales han organizado sus propios –ilegales- servicios de inteligencia. Algunos panistas denunciaron al gobierno queretano. Los ha tenido el Estado de México, al que cariñosamente apodaban “el Cisencito”; una vez los descubrieron y enjuiciaron a varios.
Al Edomex se le ha adjudicado en la prensa estar relacionado con el caso denunciado, por lo que parece un error del priísta José Ramón Martell pedir más pruebas antes de seguir; para no despertar peores sospechas debió haber dicho cosas como “sí, que se investigue hasta las últimas consecuencias, el que nada debe nada teme, nosotros estamos limpios, etc.”, más en la línea de su correligionario Julio César Díaz Azcárraga y del coordinador panista Francisco Ramírez Acuña. Además de que la autoridad interviene de oficio en casos de intervención telefónica, con lo que ya no se requiere que comparezca el denunciante y aporte voluntariamente más pruebas.
Del extranjero, solo los estadounidenses tienen los recursos y el posible -aunque muy lejano- interés en saber ”tooooodo” lo que pasa en la Cámara. Tendría que estar realmente infestada de “narcodiputados”, para que eso les interesara tanto. En todo caso, sería más fácil contratar unos cuantos diputados como informantes y enterarse así de lo que pasa allá adentro, en lugar de hacer todo un montaje de ese tipo.
Los EUA sí han enrolado en México a varios. En los sesentas, se conoció el caso del agente mexicano de la CIA Humberto Carrillo Colón, acreditado como agregado de prensa en la Embajada de México en Cuba y sobrino del Canciller Antonio Carrillo Flores. Carrillo Colón fue neutralizado tanto por los servicios secretos cubanos como por la cancillería mexicana, aunque con tretas burocráticas se borraron rastros de eso en nuestro país. Gustavo Díaz Ordaz y otros funcionarios fueron señalados como informantes de la CIA, agencia que intentó también reclutar legisladores del PRI en su operación LICOBRA, como narra el exagente Philip Agee en su libro “Diario de la CIA”(*).
La aparente autorización que recientemente México dio para que agentes estadounidenses penetraran a territorio mexicano, supuestamente a combatir al narco, revela aquí sus riesgos. Pues la presencia física en México de esos agentes hace posible que se entrometan en toda clase de asuntos, no solo en los que fueron autorizados. Phillip Agee narra cómo su agencia usaba como cobertura a otras oficinas de EUA como el Departamento de Estado, el FBI y las propias fuerzas armadas de su país. No veo por qué la DEA no pueda ser usada también así; o también puede atender en sus ratos libres no solo a los narcos, sino también a los señores diputados. Es obvio que el gobierno de EUA no confía del todo en las autoridades mexicanas, como revelaron los Wikileaks.
Algunos de los personajes anteriores serán nominados a este Oscar, aunque el script da para más “suspense”. Daba la impresión de ser una “bomba de humo” la denuncia de Naranjo, pues se reportó inicialmente que los aparatos de espionaje se encontraron no por casualidad, sino por una revisión que mando hacer él como “parte de un protocolo que él mismo se ha establecido”; parecía que se denunciarían delitos no graves. Pero si como se informó, Fernando Serrano Migallón en su calidad de Secretario General de la Cámara, entregó la denuncia a la PGR, con el respaldo del Director de Asuntos Jurídicos de la Cámara y de los coordinadores de todos los partidos -configurándose la intervención de comunicaciones sin orden judicial- me resulta más difícil creer la idea de que todo era un “teatro”. No estaría en el interés del diputado Naranjo quedar en ridículo si inventara un “Naranjogate”. Supongo que tiene mejores cosas qué hacer.
Por su parte, el priísta Fernando Castro Trenti y los petistas Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Monreal apuntan hacia el gobierno federal. Los panistas defienden a Calderón y al Cisen, como es natural.
Ya veremos si gobiernos federal, estatales o algún legislador son acusados de estar vinculados al caso. No puede afirmarse mucho más, pero si en los alambres de San Lázaro hay “pajaritos” (**) y como ya se han clausurado 25 puertas y accesos, esto será una complicada saga legal: tres veces regresará la PGR a la Cámara en la averiguación previa, ya se les entregó una parte de pruebas, luego ocurrirá la entrega de otra parte y también se ha hablado de un peritaje externo. Más el desgaste político de varios de los involucrados, donde no solo los legisladores, sino la prensa y la tv pueden perder cierta credibilidad si algunos comunicadores “se queman” y se convierten así en parte de la pirotecnia…
*Philip Agee. CIA Diary. Inside the Company. Bantam Books. New York, 1989, p 549.
**-con el nombre de “pajaritos”, se anunciaban en los avisos clasificados los aparatos de espionaje (amateur). Se vendían en un par de miles de pesos. Los diputados ganan al mes cerca de 140 mil.
**-con el nombre de “pajaritos”, se anunciaban en los avisos clasificados los aparatos de espionaje (amateur). Se vendían en un par de miles de pesos. Los diputados ganan al mes cerca de 140 mil.
Ah Muán Iruegas
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