Ciudad de México • El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró infundadas diversas quejas, excepto una por hechos que se considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Con la inconformidad del PRD resolvió que era infundada la queja contra el otrora secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña, por fungir como “testigos” en un supuesto acuerdo entre las dirigencias del PRI y PAN.
En su intervención el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IFE, Camerino Márquez, planteó que el hecho de que los servidores públicos participaran en tal acuerdo rompió el principio de neutralidad.
Consideró que ese precepto es fundamental, porque en un Estado democrático y de derecho debe prevalecer la libertad para competir en igualdad de condiciones, ya sea en coalición o en alianzas.
Márquez externó que “como Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguimos apostando a que sea la competencia, con los principios de equidad y libertad y certeza jurídica, la que sea el marco legal que nos lleve a una competencia, sobre todo equitativa”.
Planteó que “por eso señalamos que al haberse involucrado a personajes como el entonces secretario de Gobernación se violentó también lo señalado por el Artículo 134 de la Constitución, ya que carecieron de la neutralidad y de la imparcialidad”.
El convenio firmado entre los ex líderes del PRI, Beatriz Paredes, y del PAN, César Nava, establecía que el blanquiazul no concretaría ninguna alianza con otro partido en los procesos comiciales del 3 de julio, en particular en el Estado de México, a cambio, el tricolor aprobaría el presupuesto 2010.
Al justificar su proyecto a favor del proyecto elaborado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, el consejero Alfredo Figueroa recordó que los convenios entre los partidos políticos están estipulados en las normas electorales.
Además, dijo, en este asunto en todo caso no competía al IFE estudiar el fondo de la queja perredista, respecto a que con la negociación y suscripción del convenio referido se violaron disposiciones electorales federales.
Más adelante Camerino Márquez llamó a los consejeros electorales a fijar criterios para evitar que los servidores públicos interfieran en el proceso electoral, como a su consideración sucedió en las elecciones del Estado de México.
Señaló que “no nos parece correcto que servidores públicos estén participando de decisiones partidarias que es el área de competencia de los partidos, y tampoco que intervenga ninguna autoridad, así sean testigos de honor”.
Resaltó que si bien el debate jurídico queda suspendido porque no es competencia de este instituto, debe dársele vista al Instituto Electoral del Estado de México.
En tanto el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, exhortó a su similar del PRD a la reflexión ya que, según dijo, en el Cofipe no se establecen impedimentos para que los partidos políticos puedan llegar a convenios.
Lerdo de Tejada manifestó su disposición y la del PRI de “replicar el debate que damos en esta mesa en las instancias locales, con la convicción absoluta de que no hay violación alguna a norma de carácter local o federal”.
La única queja declarada fundada fue contra Sergio Amezcua Sánchez, propietario de la empresa Impresos ABC, por la publicación de siete desplegados a favor del PAN en el periódico Vox Populi Michoacán, por lo que se aplicará una multa de mil 50 pesos 51 centavos.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/9bcada800eed71b5326c5ca5eb722d80
Con la inconformidad del PRD resolvió que era infundada la queja contra el otrora secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña, por fungir como “testigos” en un supuesto acuerdo entre las dirigencias del PRI y PAN.
En su intervención el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IFE, Camerino Márquez, planteó que el hecho de que los servidores públicos participaran en tal acuerdo rompió el principio de neutralidad.
Consideró que ese precepto es fundamental, porque en un Estado democrático y de derecho debe prevalecer la libertad para competir en igualdad de condiciones, ya sea en coalición o en alianzas.
Márquez externó que “como Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguimos apostando a que sea la competencia, con los principios de equidad y libertad y certeza jurídica, la que sea el marco legal que nos lleve a una competencia, sobre todo equitativa”.
Planteó que “por eso señalamos que al haberse involucrado a personajes como el entonces secretario de Gobernación se violentó también lo señalado por el Artículo 134 de la Constitución, ya que carecieron de la neutralidad y de la imparcialidad”.
El convenio firmado entre los ex líderes del PRI, Beatriz Paredes, y del PAN, César Nava, establecía que el blanquiazul no concretaría ninguna alianza con otro partido en los procesos comiciales del 3 de julio, en particular en el Estado de México, a cambio, el tricolor aprobaría el presupuesto 2010.
Al justificar su proyecto a favor del proyecto elaborado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, el consejero Alfredo Figueroa recordó que los convenios entre los partidos políticos están estipulados en las normas electorales.
Además, dijo, en este asunto en todo caso no competía al IFE estudiar el fondo de la queja perredista, respecto a que con la negociación y suscripción del convenio referido se violaron disposiciones electorales federales.
Más adelante Camerino Márquez llamó a los consejeros electorales a fijar criterios para evitar que los servidores públicos interfieran en el proceso electoral, como a su consideración sucedió en las elecciones del Estado de México.
Señaló que “no nos parece correcto que servidores públicos estén participando de decisiones partidarias que es el área de competencia de los partidos, y tampoco que intervenga ninguna autoridad, así sean testigos de honor”.
Resaltó que si bien el debate jurídico queda suspendido porque no es competencia de este instituto, debe dársele vista al Instituto Electoral del Estado de México.
En tanto el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, exhortó a su similar del PRD a la reflexión ya que, según dijo, en el Cofipe no se establecen impedimentos para que los partidos políticos puedan llegar a convenios.
Lerdo de Tejada manifestó su disposición y la del PRI de “replicar el debate que damos en esta mesa en las instancias locales, con la convicción absoluta de que no hay violación alguna a norma de carácter local o federal”.
La única queja declarada fundada fue contra Sergio Amezcua Sánchez, propietario de la empresa Impresos ABC, por la publicación de siete desplegados a favor del PAN en el periódico Vox Populi Michoacán, por lo que se aplicará una multa de mil 50 pesos 51 centavos.
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