martes, 24 de enero de 2012

Informe de HRW no refleja situación real en México: Segob


“El número de quejas presentadas (en el informe anual de HRW) no significa de ningún modo que sea el número de hechos violatorios de derechos humanos”, indicó la dependencia en un comunicado.

Ciudad de México • El gobierno federal aseguró que el informe de Human Rights Watch (HRW) sobre el estado de los Derechos Humanos en el Mundo, contiene afirmaciones categóricas y generalizadas sobre el país, que no reflejan la situación real de México.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró en un comunicado que “el número de quejas presentadas (en el informe anual de HRW) no significa de ningún modo que sea el número de hechos violatorios de derechos humanos”.

En respuesta al contenido del Informe de HRW, la dependencia precisó que de las 98 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 266 militares han sido indiciados o sujetos a proceso y se han emitido 29 sentencias condenatorias.

Resaltó además que el 9 de diciembre de 2011, el presidente Felipe Calderón instruyó al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, a coordinar esfuerzos con el Poder Legislativo para impulsar una iniciativa de Decreto presentada por el jefe del Ejecutivo federal.

Dicha iniciativa pretendía reformar el Código de Justicia Militar, a fin de ajustarla a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, tanto las Fuerzas Armadas como la Procuraduría General de la República (PGR) exploran mecanismos para que, sin violentar la ley, se busque la manera transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles, cuando en las violaciones de derechos humanos participen efectivos militares.

En ese sentido, la Segob insistió en que las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública, “a petición y en coordinación con las entidades federativas y sus municipios, de manera temporal”.
Esta acción, reconoció la dependencia, ha permitido realizar “una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas”.

Aclaró que su titular Alejandro Poiré envió una respuesta formal a HRW con motivo del informe sobre México que presentó el 9 noviembre de 2011, y que “por distintos motivos metodológicos ahí discutidos con amplitud, no reflejan la situación real de México”.

La Segob precisó que HRW omite señalar en su documento anual que el gobierno federal respondió a dicha organización su informe presentado en 9 de noviembre de 2011, y hace nuevas aseveraciones que no están referidas en dicho informe específico.

Precisó que tan sólo en la presente administración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido seis mil 65 quejas por operaciones de la Sedena, de las cuales sólo 98, es decir, el 1.61 por ciento del total se han traducido en recomendaciones.

Mientras el 100 por ciento de las recomendaciones han sido adoptadas por la Defensa Nacional y están en proceso de cumplimiento.

Explicó que en el caso de la Secretaría de Marina, la CNDH ha recibido 800 quejas, de las cuales sólo 17, es decir, el 2.12 por ciento del total, han derivado en recomendaciones.

Además, entre ambas dependencias se han realizado en promedio poco más de un millón 600 mil intervenciones por año, en ese sentido.

“Vinculado al número de quejas sólo en el 0.085 por ciento de los servicios prestados por la Fuerzas Armadas alguien estimó haber sido víctima de violación de derechos humanos por parte de los militares”, expuso.

Por otro lado, la Segob resaltó que el pasado 22 de septiembre de 2011, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer el nuevo sistema de justicia penal instaurado con la reforma constitucional de 2008.

En ese contexto, refrendó el compromiso del Ejecutivo federal con la libertad de expresión y la garantía de protección de los periodistas que han reportado amenazas ante el Comité de Protección a Periodistas.

Precisó que en 100 por ciento de los casos de los que ha tenido conocimiento dicho Comité, se han implementado medidas de protección que han garantizado la seguridad e integridad de los comunicadores.

En tanto, derivado de la instrucción presidencial, la dependencia ha trabajado en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en la instrumentación de un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos.

“Hasta este momento se han realizado foros con defensores de derechos humanos en distintas localidades del territorio nacional, para robustecer la propuesta y se cuenta ya con unas directrices del mecanismo”, puntualizó la Segob.

Sobre las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernandez Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Cabrera García y Montiel Flores, dijo que las investigaciones se llevan en el fuero ordinario y han sido atraídas por la PGR.

Conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, no criminaliza a nadie, lo único que ha señalado el gobierno federal, es que nueve de cada diez homicidios cumplen con las características de lo que se denomina “ejecución”, conforme a un criterio de clasificación estadística.

MILENIO

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