Catalina Botero Marino, relatora especial para la libertad de
expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y el relator
especial de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de opinión y expresión,
Frank La Rue, instaron a Estados Unidos a proteger enérgicamente la libertad de
expresión en internet.
En un comunicado hecho público el viernes último, los relatores
especiales recordaron que las leyes que regulan internet deben tener en cuenta
sus características especiales como herramienta única de transformación, que
permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos.
Ambos relatores observaron los debates relativos a los dos proyectos
de ley sobre piratería en internet que están siendo tratados en el Congreso de
Estados Unidos: la ley contra la piratería en línea (Stop Online Piracy Act,
SOPA) y la ley de protección de la propiedad intelectual (PROTECT IP Act, PIPA).
“Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los
derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con respecto a
su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión”,
dijeron.
A su criterio, algunas versiones de los proyectos de ley podrían
silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un
procedimiento extrajudicial de “notificación y rescisión”, al exigir a los
sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios, para
identificar violaciones de los derechos de autor y al permitir que la totalidad
de un sitio web pueda verse afectada aún cuando sólo una pequeña proporción de
sus contenidos se consideren ilícitos.
Tanto Botero Marino como La Rue consideraron positivo que en los
últimos días algunos líderes del Congreso hayan manifestado su intención de
suspender el debate sobre la ley “SOPA” para profundizar el análisis y lograr un
mayor consenso.
Dijeron también que es auspicioso que el gobierno de Barack
Obama haya anunciado que “no apoyará leyes que reduzcan la libertad de
expresión, aumenten los riesgos para la ciber seguridad o frustren la capacidad
dinámica e innovadora de la red global de Internet”.
El proyecto PIPA, en el Senado de EE.UU., obligaría a los motores de
búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a
bloquear los servicios de cualquier página web, dentro o fuera de los Estados
Unidos, que esté bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense
por haber publicado sin permiso material bajo derechos de
autor.
Declaración conjunta
En junio de 2011, los relatores especiales de la ONU y la CIDH, de
manera conjunta con los de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
emitieron una Declaración conjunta sobre libertad de expresión e
internet.
Esta Declaración conjunta señala que si bien la libertad de
expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben
formularse enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al
mismo tiempo, reconozcan las características singulares de internet y su
capacidad de promover el goce de la libertad de expresión.
La declaración expresa que no se debe exigir a los intermediarios
controlar el contenido generado por usuarios y enfatiza la necesidad de
protegerlos respecto de cualquier responsabilidad, siempre que no intervengan
específicamente en los contenidos o cuando se nieguen a cumplir una orden
judicial que exija su eliminación.
Manifiesta asimismo que la competencia respecto de causas vinculadas
con contenidos de internet debería corresponder exclusivamente a los Estados
donde tales causas presenten impactos directos y genuinos.
“Toda limitación a la libertad de expresión, incluyendo las que
afectan la expresión en internet, debe establecerse por ley de manera clara y
precisa, debe ser proporcionada a los fines legítimos perseguidos y debe basarse
en una decisión judicial fruto de un proceso contradictorio. En este sentido, la
legislación sobre internet no debe incluir definiciones amplias y vagas, ni
afectar de manera desproporcionada a sitios web y servicios legítimos”, expresa
la declaración.
EE.UU.: a cumplir normas internacionales
Los relatores especiales de la ONU y la CIDH instaron a Estados
Unidos a cumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión,
incluyendo las reflejadas en la mencionada Declaración conjunta, que procura
fomentar el acceso universal a internet y, a la vez, preservar su rol como medio
revolucionario para el intercambio participativo de información y la creación
colectiva de contenidos.
Al considerar las normas internas y los tratados internacionales
como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, los Estados deberían tener
presente que si bien la libertad de expresión puede ser restringida para
conseguir objetivos legítimos, como la prevención de delitos o la protección de
los derechos de los demás, tales limitaciones deben ser redactadas de manera
clara y precisa y afectar en el menor grado posible el derecho a la libertad de
expresión.
Cualquier medida que afecte las expresiones que circulan en
Internet, debería concebirse con la finalidad específica de preservar la
capacidad singular de este medio para promover la libertad de expresión a través
del intercambio libre de información e ideas en forma instantánea y a bajo
costo, sin consideración de fronteras.
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