MÉXICO, D.F. (apro).- La detención del “tuitero” Mario Flores Vargas salió a
relucir este miércoles en la Cámara de Diputados, durante la comparecencia de la
procuradora general de la República, Marisela Morales, a quien le llovieron
serías críticas ante las acciones realizadas por la dependencia que
encabeza.
Tras el reproche que hicieron diputados del Partido del Trabajo (PT) por la
detención del “tuitero”, Morales justificó la actuación de la PGR al señalar que
fue presentado en calidad de testigo.
“En el caso del ‘tuitero’, cabe señalar que esta persona fue presentada como
testigo, en esa calidad declaró y ese mismo día se retiró. En este sentido, ante
este hecho que se suscitó y que fue muy lamentable, todas las líneas de
investigación se tienen que agotar”, declaró Morales.
“Ya sea en calidad de testigos o de inculpados inclusive, lo que estamos
haciendo es precisamente eso: cumplir con nuestra obligación constitucional y
agotar todas y cada una de las líneas de investigación”, agregó.
En respuesta, el legislador Mario di Costanzo señaló que el “tuitero” no fue
presentado como expuso la procuradora, sino “levantado” con lujo de violencia
por 15 agentes que llegaron a su domicilio a bordo de tres camionetas, como si
fuese –dijo–
El Chapo Guzmán.
“Yo me pregunto cómo lo ubicaron tan rápido, con qué orden de aprehensión o
de presentación. Entonces, esto quiere decir que sí hay una línea de
investigación por un posible atentado contra el secretario de Gobernación”,
subrayó Di Constanzo.
Y añadió:
“Porque es la única razón que explica esta acción. No me dijo las líneas de
investigación que se están llevando a cabo. Lo de la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes) no lo creo, y no lo creo porque Dionisio
Pérez-Jácome es un mentiroso”.
Antes, el también diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, lamentó la
detención del “tuitero” y pidió a Morales un informe pormenorizado del accidente
en el que murió el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el pasado viernes
11.
El domingo 13, agentes de la PGR detuvieron a Flores Vargas, quien el jueves
10, un día antes de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban Blake y
siete personas más, publicó en
Twitter un comentario alusivo a
“funcionarios voladores”.
El mismo domingo, el joven quedó en libertad.
“No salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Mouriño,
anden con cuidado, funcionarios voladores”, escribió Flores Vargas en la red
social el jueves 10.
En otro tema, durante su comparecencia ante diputados de las comisiones de
Seguridad, Justicia y Función Pública, Marisela Morales aseguró que la PGR sigue
tras la pista de Néstor Moreno, el exfuncionario de la Comisión Federal de
Electricidad sobre quien pesa una orden de aprehensión por enriquecimiento
ilícito.
“Estamos en espera de que sea aprehendido, pero en el momento que sea
aprehendido, pues esta figura la vamos a hacer valer (en el sentido) de que no
tendrá derecho a la libertad porque está más que evidente que se va sustraer de
la acción de la justicia”, dijo.
Agregó:
“Y ese es uno de nuestros argumentos que vamos a utilizar, por supuesto que
estamos tras él y se le está buscando y estamos trabajando de una manera
coordinada con diversas dependencias nacionales e internacionales para
detenerlo”.
Morales Ibáñez recordó que si Moreno quedó en libertad después de ser
detenido por agentes federales y encarcelado en el Distrito Federal, fue porque
gozaba de una suspensión provisional de amparo otorgada por un juez federal.
“No permitiré ni un solo espacio para la corrupción”
En su primera intervención en San Lázaro, la procuradora general de la
República afirmó hoy que no permitirá ningún acto de corrupción de sus
subordinados.
“Hemos emprendido un proceso para combatir la corrupción y la impunidad en la
PGR y no permitiré ni un solo espacio para la corrupción”, subrayó Morales en su
comparecencia de este miércoles ante integrantes de las comisiones de Justicia,
Seguridad Pública y Función Pública de la Cámara de Diputados.
El gran reto, agregó, es fortalecer al Estado mexicano con Instituciones
confiables que atiendan a cabalidad los reclamos de la ciudadanía.
Y afirmó que uno de sus objetivos en materia de depuración institucional es
someter al control integral de control de confianza a los 20 mil 334 empleados
de la dependencia antes de que concluya la presente administración.
En el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la procuradora
manifestó que el gobierno federal ha asumido el compromiso de inhibir el tráfico
de armas, por lo que, advirtió, se perseguirá y sancionará a todos aquellos que
violenten la soberanía del país con el trasiego de armamento.
De acuerdo con la extitular de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, México y Estados Unidos, en pleno
respeto a la soberanía de cada país, actúan coordinadamente para hacer frente a
este fenómeno y otras actividades delictivas.
En la actualidad, agregó, ya existen asistencias jurídicas y solicitudes de
extradición contra ciudadanos o residentes estadunidenses, relacionados con esta
actividad ilícita.
En ese sentido, señaló que ya se han realizado acciones jurídicas en contra
de “ciudadanos o residentes de Estados Unidos que han entregado armas a grupos
del crimen organizado en México”.
En ese caso sostuvo que ya se han tramitado dos órdenes de extradición, a fin
de que los inculpados enfrenten juicios por el delito de introducción ilegal de
armas a territorio mexicano. Los presuntos responsables fueron ubicados en
Madera, California, Estados Unidos.
De igual manera, apuntó, la PGR ha identificado que tres personas adquirieron
armas en Texas para introducirlas a México, y a dos ya se les cumplimentó una
orden de aprehensión y fueron recluidos en una prisión nacional para que
enfrenten un juicio ante un juez federal.
Al hablar sobre el ataque al casino Royale, ocurrido el pasado 25 de agosto,
cuando perdieron la vida 52 personas, comentó que se emitieron 28 órdenes de
aprehensión, y de los cinco arraigados, tres de ellos ya fueron ingresados al
Penal de Matamoros, mientras que de los otros dos se definirá en breve su
situación jurídica.
Morales Ibáñez indicó, asimismo, que es necesario construir un andamiaje
normativo, apropiado para luchar contra las actividades de la delincuencia
organizada, pues ante este fenómeno no se debe claudicar.
En México, añadió, se ha puesto énfasis en vulnerar las estructuras
financieras de la delincuencia, y prueba de ello, dijo, es que en la actual
administración se han logrado aseguramientos históricos por arriba de los 550
millones de pesos y más de 900 millones de dólares.
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