En la última década fallecieron 85 mil 343 mexicanos por falta de alimentos, mientras
que 49 mil 804, por enfrentamientos armados
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero.- En
México hay más muertes por hambre que las causadas por los
enfrentamientos entre narcotraficantes, indican cifras reportadas de
2001 a 2010.
De acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en ese lapso fallecieron 85 mil 343
personas por desnutrición, frente a las 49 mil 804 víctimas por el
crimen organizado que registraron la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Cámara de Diputados.
Es decir, esas cifras reflejan que los decesos por hambre en una
década son superiores por 35 mil 539 a los causados por los cárteles.
Al respecto, el director del CEIDAS, Mario Luis Fuentes, señaló a
Excélsior
que “hay 12 millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para
comprar la canasta básica de alimentos”, por lo que “si no mueren por
desnutrición, morirán por enfermedades generadas por ésta”.
A su vez, el investigador de la UNAM Gustavo Gordillo, quien fue
subsecretario de Agricultura en los años 90, aseguró que el problema no
es la falta de fondos, sino la “fragmentación” y descoordinación de los
tres niveles de gobierno para aplicar los programas sociales.
También expuso que las dificultades en materia alimentaria comenzaron
con la reducción de los subsidios al campo y la caída de la producción
en 1965.
De esa manera, la pobreza extrema y el limitado acceso a los alimentos deben ser atendidos de inmediato, resaltó Fuentes.
Hambre mata a 35 mil más que la violencia
México ha enfrentado la pérdida de 49 mil 804 mexicanos entre 2001 y
2010, que fallecieron en enfrentamientos entre narcotraficantes —de
acuerdo con datos de la PGR y de la Cámara de Diputados—, pero hay una
realidad que arrancó más vidas en el mismo lapso: la desnutrición, ya
que 85 mil 343 mexicanos murieron por esta causa en el mismo periodo, de
acuerdo con datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social (CEIDAS) y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
En el país, la mayoría de las muertes violentas aparecen en los
medios de comunicación, son visibles; sin embargo, los 85 mil 343
decesos por desnutrición casi no se ven. El fenómeno apenas saltó a los
medios con la hambruna que sufren los rarámuri en Chihuahua, pero para
los expertos es sólo el primer síntoma de una emergencia nacional.
“Hay 12 millones de mexicanos que no tienen el ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos”, dijo a
Excélsior Mario
Luis Fuentes, director del CEIDAS: “Si no mueren por desnutrición,
morirán por las enfermedades generadas por ésta”, aseveró el
especialista, quien también es investigador y académico de la UNAM.
La pobreza extrema y el limitado acceso a alimentos no es un problema
pasajero. Es ya una realidad presente en 339 municipios del país
explicó Fuentes, para quien este hecho pone en evidencia que “se
requiere una profunda revisión de toda la política social, para crear
una propuesta que genere equidad. Se requiere un nuevo pacto social que
establezca garantías de que se cumplirán los derechos de la población”,
manifestó.
Fuentes recordó que el hambre no sólo es por falta de alimentos,
carbohidratos y proteínas: “Es también falta de agua, quiere decir pisos
de tierra, falta de drenaje; tiene que ver con el cuidado de los jefes
de familia, su capacidad por proteger a los más vulnerables, los niños”,
consideró.
En contraparte, si bien la lucha antinarco ha traido un aumento de
muertos en los últimos, la cifra aún no se compara con la hambruna que
padecen algunos municipios del país.
En enero de 2007, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados presentó un informe basado en cifras que le había entregado la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad
Pública que señalaba que en el sexenio de Vicente Fox fallecieron 8 mil
780 personas a causa de los enfrentamientos entre o contra
narcotraficantes.
Entre los diputados que presentaron el informe estuvo el perredista
Francisco Santos y el informe especificó que hubo mil 80 decesos en 2001
a causa de enfrentamientos del crimen organizado, mil 230 en 2002, mil
290 en 2003, mil 304 en 2004, mil 776 en 2005 y dos mil 100 en 2006,
para un total de ocho mil 780 defunciones por esta causa.
Datos de la Procuraduría General de la República indicaron que en
diciembre de 2006 hubo 62 muertes relacionadas con el tráfico de
estupefacientes; en 2007 sumaron seis mil 826; en 2008, seis mil 837; en
2009, 11 mil 753, y en 2010, 19 mil 546, para un total de 41 mil 24.
Pero, ¿qué llevó a México a la situación presente donde 12 millones de mexicanos están en condiciones tan precarias?
Para Fuentes, el problema no es la falta de recursos públicos, sino
una “fragmentación y descoordinación entre programas sociales de los
niveles municipal, estatal y federal de gobierno. Eso ha generado un
desorden social, pues no basta poner piso firme en una casa si no se
garantiza que habrá agua limpia y viceversa”.
Recordó que en la época priista había un control centralizado de los
recursos: “Estaba anclado al gran autoritarismo presidencial del régimen
priista; era tal la verticalidad y autoritarismo que ejercía el
Presidente de la República, que lo imponía en lo político, lo social y
lo económico”.
Explicó que al llegar el PAN al poder en 2000 debió establecer un
nuevo sistema para controlar los recursos destinados a programas
sociales, pero no lo hizo y al acotarse el sistema presidencialista, se
perdió el control sobre esos recursos.
¿Qué ocurre con el campo mexicano? En nuestro país los gobiernos de
Lázaro Cárdenas y de Miguel Alemán impulsaron el campo y lograron altos
niveles de producción hasta principios de los 60. Con la producción
agrícola incluso se financió parte de la industrialización mexicana,
pero después se redujeron los subsidios al campo y en 1965 cayó la
producción.
“En estricto sentido, la crisis en el campo en México
empezó en 1965 cuando dejamos de producir suficiente maíz para
satisfacer las demandas de ese momento”, dijo Gustavo Gordillo, quien
fue funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
En los 90, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, en lugar de
incrementar los subsidios para el campo, en el gobierno federal se tenía
la visión de que “sobraban” millones de agricultores en el campo y
había que transferirlos a la ciudad, manifestó.
Gordillo, investigador de la UNAM y quien era subsecretario de Agricultura en ese entonces, narró a
Excélsior
que aunque el titular del sector, Carlos Hank González, no compartía
esa visión, otros miembros del gabinete, como el entonces secretario de
Hacienda, Pedro Aspe, la impulsaron.
“Su planteamiento era muy simple: ‘Tenemos millones de campesinos que
sobran en el campo, entonces los vamos a llevar a la ciudad donde va a
haber empleo’… Yo estaba totalmente en contra de eso y les decía que si
no había empleos suficientes, ¿que íbamos a hacer con esos campesinos?”,
recordó Gordillo.
Se redujeron los apoyos al campo y se apostó por el “traslado” de los
agricultores a la ciudad; al no haber empleos, el resultado fue una
migración masiva que se intensificó entre 2003 y 2007, cuando cada año
se iban en promedio 500 mil mexicanos a Estados Unidos.
Otro error grave es que en la última década México no garantizó la
autonomía alimentaria, mientras países como Rusia en tiempos de sequía
dejaban de exportar y guardaban su trigo para consumo de sus ciudadanos;
el país no ha garantizado el abasto de maíz y frijol.
¿A dónde van los subsidios?
De acuerdo con Gordillo, los subsidios del campo se destinan sobre
todo a los estados del norte y noroeste del país; el destino final de
los subsidios se decide en la Cámara de Diputados y hay grupos de poder
que logran dirigir el grueso de los recursos para el campo hacia esas
regiones.
“A mí me consta que ha habido varios secretarios de Agricultura,
recientemente, que han estado literalmente en contra de esta
concentración de subsidios y que no han podido enfrentar a los grupos de
presión, que ya están muy enquistados y están exigiendo más y más
subsidios, basta ver los recursos a Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Tamaulipas, allí están”, aseveró.
Y ¿qué pasa en el resto del país? Hay zonas con gran potencial
agrícola que han sido abandonadas por falta de subsidios suficientes y
están ubicadas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Estado
de México, zonas que antes fueron grandes productoras de granos.
Gran parte de la producción de maíz está concentrada en Sinaloa y
“cuando tenemos una helada o una sequía o lluvias excesivas, eso tiene
una gran repercusión, porque la producción no está distribuida
equitativamente en todo el país, está concentrada en una sola región”,
manifestó.
Desnutrición y pobreza
Para Mario Luis Fuentes, al descuido del campo se suma la
fragmentación y descoordinación de las políticas sociales. Insistió
además en que el gobierno federal no tiene un mecanismo eficaz para
obligar a estados y municipios a dar cuenta de lo que hacen con el
presupuesto destinado a gasto social.
Además de la crisis en el campo y de la sequías vinculadas al cambio
climático, “hay un deterioro social, generado por la fragmentación de
los programas sociales; el Estado es responsable porque tiene los peores
servicios en los lugares de mayor vulnerabilidad, con menor cobertura,
con peor capacidad o calidad”.
Fuentes destacó que hay una enorme desigualdad en el Estado mexicano:
“Los que más requieren, tienen los peores servicios. El problema
emblemático pueden ser hoy los rarámuri, en Chihuahua, pero hay 339
municipios donde más de 50 por ciento de la población vive en pobreza.
Estamos hablando de población que vive hambre cotidianamente”, explicó.
En esos municipios, la población indígena se ve particularmente
afectada; es la población que vive en las zonas más aisladas, peor
comunicadas y con menos acceso a los servicios básicos.
El investigador recordó que las cifras del INEGI sobre salud
establecen que en promedio cada año mueren ocho mil mexicanos por
desnutrición y de 2001 al 2010 se llegó a 85 mil 343 defunciones por
este factor.
Fuentes consideró que funcionarios del gobierno federal consideran
que la política social es la correcta, que programas como Oportunidades
están teniendo un impacto real en el bienestar de la población, aunque
no es del todo cierto.
Sin profesionales
“O por ejemplo, hay gente que dice que ya hay cobertura de salud
universal, simplemente porque hay afiliación, cuando sabemos que no hay
médicos profesionales en esos lugares, sólo hay pasantes, que actúan
solos, sin la asesoría de nadie”, lamentó.
El origen del problema está en que mientras en las décadas de los
gobiernos priistas hubo un control centralizado de la política social,
al llegar el PAN al poder, no se construyó un nuevo modelo de gestión de
políticas sociales. Por eso, aseguró Fuentes, cada dependencia actúa
por su lado, no hay una concepción homogénea de la estrategia que debe
implementarse para garantizar que toda la población tenga acceso a
servicios básicos eficientes y mientras todos los reflectores están en
la lucha anticrimen, casi nadie voltea a la emergencia nacional que
representa la desnutrición.
Urgen a unificar la política social
La descoordinación entre dependencias de los tres niveles de
gobierno que aplican políticas sociales ha generado una fragmentacion
que no contribuye a resolver el tema de la desnutricion, dijo Mario Luis
Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y
Asistencia Social (CEIDAS).
Sobre este asunto, el subsecretario de Prospectiva, Planeacion y
Evaluacion de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Marco
Antonio Paz Pellat, expresó que el titular de esa dependencia, Heriberto
Félix “ha planteado que es urgente tener una sola política social
nacional —que se aplique a los tres niveles de gobierno— y para eso se
requiere una reforma a la ley nacional de desarrollo social, pero hasta
el momento no ha sido tema prioritario para el Congreso de la Unión”.
La reforma a la ley “obligaría a estados y municipios a
institucionalizar la política social, tener reglas de operación, rendir
cuentas, publicar padrones y someterse a evaluaciones externas”,
manifestó.
Recordó que parte del problema es que mientras 78 por ciento de los
programas sociales federales cuentan con un padrón, sólo 44 por ciento
de los programas sociales estatales lo tienen.
Sobre el planteamiento de Fuentes de que México vive una emergencia
nacional en materia de desnutrición, el funcionario federal manifestó:
“Desafortunadamente no hay evidencia que avale eso; ahorita tenemos un
asunto de coyuntura muy serio que es el tema de la sequía, debido al
cambio climático que nos está afectando”.
Coincidió con Fuentes en que a mediano plazo se requiere una política
social que permita dejar de depender de las transferencias de
Oportunidades y dar a la población la capacidad de generar sus propios
ingresos.
En cuanto a la producción de suficientes granos en el país, el
investigador de la UNAM, Gustavo Gordillo, ex funcionario de la la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, dijo que en 2012 tiene que garantizarse al menos la
autosuficiencia en producción de maíz y frijol.
Gordillo señaló que uno de los grandes problemas del campo es que los
estados del norte del país cómo Sonora, Sinaloa y Tamaulipas concentran
los subsidios del campo, mientras que el centro y el sur se han quedado
desprotegidos.
Georgina Olson
EXCELSIOR
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