Los jaloneos en la Cámara de Diputados están a todo lo que dan. Los líderes del sindicalismo oficial se sienten amenazados y presionan, con éxito, para evitar que la reforma laboral acabe con la opacidad que permite el uso discrecional de las cuotas de los trabajadores. Tampoco quieren ni oír hablar de democratización de la vida interna, o de filiación voluntaria. Eso acabaría con el verticalismo que les permite perpetuarse en el poder y vivir a sus anchas. “Ha habido presión de los charros a todos, incluyéndonos”, aseguró, en rueda de prensa, Silvano Aureoles, coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro.
Y es que no es fácil renunciar a los privilegios: vestir Chanel, Ferragamo o Louis Vuitton. Tener automóviles de lujo, casas en el extranjero, pasear a las mascotas de los hijos en avión, disponer a discreción de recursos a manos llenas, sin rendir cuentas a nadie.
Aureoles jura que su bancada no cederá a presiones de nadie, y menos de las organizaciones del Congreso del Trabajo. Aclara, eso sí, que jamás ha habido alguna insinuación, alguna postura al respecto de la Unión Nacional de Trabajadores. “En los oficios que nos han enviado están rechazando que haya modificaciones en ese terreno de la democracia interna, transparencia de cuotas y de afiliación voluntaria, entre otras cosas”, subrayó. El destino de la controvertida reforma, sin embargo, no depende de Aureoles o del PRD.
El reportero tuvo acceso a uno de esos oficios del Congreso del Trabajo. Luego de leerlo nos queda claro que no quieren mover nada a la Ley Federal del Trabajo, por lo menos hasta dentro de ¡tres años! Argumentan la necesidad de analizar todos y cada uno de los puntos presentados en las diversas iniciativas para legislar la reforma laboral. “Rechazamos cualquier reforma que afecte los derechos legales y contractuales que los obreros mexicanos han logrado como resultado de sus luchas históricas y aquellos que, en forma simplista, tiendan a limitar o coartar los principios de libertad y autonomía sindicales que han permitido el logro y garantía de tales beneficios obreros”, dice el documento. Trae las firmas de los líderes sindicales de las organizaciones que integran el Congreso del Trabajo. La primera es la de Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la CTM; pero también la de Ramón Humberto Ojeda Silva, secretario general de la FSTRM; Amador Monroy Estrada, secretario general de la FTANASNM. No suscribieron el documento el senador Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero; la maestra Elba Ester Gordillo, la mera mera del SNTE, y Silvia Pinal, secretaria general de la ANDA. Estas presiones han funcionado. Las apuestas están diez a uno a que el caciquismo sindical no será tocado, a cambio de que los líderes acepten modificaciones que flexibilizan la contratación y el despido de los trabajadores.
Leímos en Twitter que el juez español Baltasar Garzón será asesor del gobierno de Morelos en el tema de la ley de víctimas. Buscamos a Graco Ramírez, gobernador electo de esa entidad, para saber si la información era correcta. El perredista lo confirmó. La asesoría se hará a través de la fundación internacional que lleva el nombre del famoso juez que jodió la existencia al dictador Augusto Pinochet en el último tramo de su vida. “Firmamos en octubre”, nos dijo Graco.
A los machos se les “atragantó” el acuerdo de las legisladoras del PRI de exigir 40 por ciento de las presidencias en las comisiones de ambas cámaras. Nomás no les entra que diputadas y senadoras aspiren a semejante cuota. ¡De por sí no alcanza para ellos..! Lo que sabemos es que, en el Senado, las tres principales fuerzas políticas ya se repartieron las principales comisiones. El PRI se queda con la presidencia de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Para el PAN va la de Hacienda, Energía y Justicia. Al PRD Derechos Humanos, Desarrollo Social, y Salud. En la de Juventud y Deporte podría quedar la velocista Ana Gabriela Guevara.
Raro, muy raro, que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, haya hecho oídos sordos al reclamo del senador del PT Manuel Bartlett sobre el silencio del gobierno federal en torno al escándalo de lavado de dinero del banco HSBC en México. Ni una sola palabra del escabroso e indignante tema. Poiré, eso sí, mostró su extrañeza por el hecho de que haya sido el hombre al que se le cayó el sistema en 88 quien pusiera sobre la mesa el tema de las pasadas elecciones de julio. Lo anterior ocurrió durante la maratónica comparecencia, ante senadores, de Marisela Morales, procuradora; Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, titular de la SSP, para analizar el capítulo de política interior del VI Informe de Gobierno del presidente Calderón. Los casos de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington e Ismael Hernández, fueron tocados durante la comparecencia. La procuradora Morales recordó que el primero está prófugo, pero nada dijo del segundo. “Por el sigilo no podría revelar otra información, y mucho menos decir si hay elementos en contra de otra persona”, puntualizó.
Lo que sí negó en forma contundente es que estos polémicos casos de ex priistas respondan a una “cuestión política”.
Francisco Garfias
EXCELSIOR
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