¿Por qué las frecuencias del espectro radioeléctrico —por donde viajan las señales de la televisión abierta, la telefonía móvil y los contenidos del internet— no pueden asignarse por el mercado? ¿Por qué el gobierno es el propietario natural de dichas frecuencias? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que puede concesionarlas a empresas privadas?
Las frecuencias son un problema económico en todos los países del mundo. No son como los zapatos, donde un intercambio voluntario de dos individuos, uno que los produce y vende, otro que los consume y compra, resuelve el problema de la provisión de este bien sin que tenga que intervenir el gobierno: si los dos están de acuerdo con el precio, se hace la transacción y punto. Pero, ¿quién puede vender frecuencias que se encuentran en el aire?
Sólo el gobierno, pues si no interviene éste —ordenándolas, repartiéndolas y regulándolas—, cualquier individuo podría apropiarse de ellas creando un caos de interferencia entre todos los que quieren transmitir por ahí sus datos. Esto generaría una calidad deficiente de los servicios, lo cual disminuiría su valor económico.
Más aún, ahora que las telecomunicaciones están en plena expansión, con el desarrollo de nuevas tecnologías, las frecuencias por donde viaja la banda ancha de internet son un bien escaso, muy demandado, que tienen por tanto un valor alto. Si el gobierno no interviene, la demanda del espectro radioeléctrico supera la oferta, generando un desequilibrio económico.
En este sentido, las frecuencias del espectro radioeléctrico tienen características de un bien público. Y hay dos soluciones para la provisión de este tipo de bienes: que una empresa gubernamental provea el servicio o que el gobierno concesione, coordine y regule las frecuencias entre cierto número de empresas privadas.
La primera solución es infrecuente en la provisión de banda ancha del internet. En algunas localidades de países desarrollados, los gobiernos municipales se han dado a la tarea de proveerla directamente, financiándola con impuestos locales. Hay otros modelos donde una empresa gubernamental se queda con las frecuencias y desarrolla la red que a su vez vende a diversas empresas, quienes deben ofrecer algunos servicios gratis a la población. Es el caso, por ejemplo, de Estocolmo en Suecia.
Desde luego que esto no le gusta nada a las empresas de telecomunicación, que son las que quieren seguir utilizando frecuencias para ganar dinero. Un caso interesante, en este sentido, es lo que sucedió en Nueva Orleans después de la devastación por el huracán Katrina. En su reconstrucción se habló de la posibilidad de que la ciudad se apropiara de las frecuencias y desarrollara la red para ofrecer banda ancha gratis a su población. Las empresas de telecomunicación se opusieron y lograron que el proyecto abortara para dar paso a una red privada.
En fin, que todavía son pocos los casos donde el gobierno se queda con las frecuencias y desarrolla la red para proveer directamente banda ancha. Lo cual nos lleva a la siguiente solución: concesionar el espectro. Ahí está la raíz del problema entre el gobierno y MVS. Hace muchos años, la SCT concesionó a MVS la banda de 2.5 gigahertz para transmitir un canal de televisión de paga por microondas. La banda no tenía un gran valor económico hasta que se desarrolló una nueva tecnología que permitía la provisión de banda ancha de internet móvil en ciudades muy pobladas precisamente por esas frecuencias. El valor de la banda originalmente concesionada a MVS creció exponencialmente: había, ahí, un nuevo negocio, muy rentable, que explotar.
Las concesiones de la banda 2.5 se vencían (algunas, de hecho, lo hicieron). El gobierno, sin embargo, no las renovaba a MVS, ya que quería un nuevo precio por ellas. La última postura de la SCT fue de 27 mil millones de pesos por la banda entera. La empresa la rechazó y ofreció 104 millones de pesos, es decir 0.38% de lo que estaba demandando el gobierno. Se trata de una enorme diferencia (imagine usted que va a una tienda y le piden cien pesos por un artículo y usted sólo ofrece 38 centavos). Lejísimos estaban el gobierno y MVS de ponerse de acuerdo.
Cuando hay una diferencia así de grande pueden utilizarse mecanismos de mercado para encontrar el valor del bien en cuestión. El gobierno puso sobre la mesa una propuesta en este sentido. Resulta que la banda 2.5 es tan potente y valiosa que en ningún país la han concesionado toda a una sola empresa. Se vende en pedazos. Pues bien, el gobierno, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda, le ofreció a MVS la posibilidad de subastar un segmento de la banda para ver qué precio le ponía el mercado. Luego, con este mismo precio, le renovarían las concesiones a MVS del resto de la banda. De acuerdo a Hacienda, la propuesta también fue rechazada por la empresa.
Ante la falta de acuerdo, el gobierno finalmente decidió recuperar la banda de 2.5 gigahertz para subastarla en pedazos. Esto ha generado un conflicto entre MVS y el gobierno donde se han dicho muchas cosas graves. Pero, más allá de los dimes y diretes, hay que entender la naturaleza del problema. Esto tiene que ver con un bien público que sólo puede ser provisto por el gobierno o, en su defecto, concesionado a los privados. Si se decide por la concesión a particulares, no es nada fácil ponerle un precio. En el mundo se utilizan dos mecanismos para hacerlo: subastas o “desfiles de belleza” (así se llaman), de lo cual hablaré mañana.
Leo Zuckermann
EXCELSIOR
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