Más de 15 millones de mexicanos trabajan sin contrato y no cuentan con acceso a las prestaciones sociales
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre.- La Cámara de Diputados comienza por la tarde la discusión de 17 temas que concentran la crispación sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión en calidad de preferente.
Los puntos que frenan los acuerdos sobre la iniciativa presidencial se refieren a la regulación de las outsourcing, los contratos por uno, tres y hasta seis meses, el trabajo por horas, los despidos y el pago de salarios vencidos, el trabajo infantil, el derecho de huelga y la transparencia sindical, principalmente.
Estos temas han sido utilizados para argumentar que la propuesta federal ofrece mayor competitividad o para denunciar que busca afectar a los sindicatos y dejar indefenso al trabajador.
La realidad es que en el país, de 32 millones de mexicanos con empleo, 15 millones 300 mil aceptan trabajar por horas, durante algunos meses, sin contratos que los respalden y sin acceso a prestaciones sociales.
En general, el Ejecutivo federal propone realizar 51 cambios a la legislación vigente.
Desde la perspectiva de especialistas y sindicalistas la iniciativa, así como está planteada, no necesariamente representará un beneficio para los trabajadores.
Rodeada de polémica, porque autoridades, sindicalistas, empresarios y políticos no se ponen de acuerdo, la reforma a la Ley General del Trabajo que la Cámara de Diputados debe aprobar o rechazar esta semana tiene 17 temas que crispan la discusión, porque lo mismo sirven para argumentar competitividad que para acusar destrucción de derechos que dejan indefenso al trabajador.
Así, temas como la transparencia y democracia sindical; la contratación por horas; la regulación de outsourcing; el despido por correo certificado; las huelgas con tiempo determinado; la limitación a sólo un año para el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado y los mecanismos para aumentar la productividad se han rodeado de tantas versiones que ya son la “mitología” de la reforma laboral.
Y es precisamente esa polémica, que el pasado fin de semana incluyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que refleja la trascendencia de la decisión política que deberán tomar los 500 diputados esta semana y los 128 senadores el próximo mes, pues con ello afectarán directamente los derechos y nuevas formas de trabajo de 32 millones de mexicanos con empleo.
A decir del presidente Felipe Calderón y sus secretarios del Trabajo, Rosalinda Vélez, y de Hacienda, José Antonio Meade, así como de los diputados y senadores del PAN, la propuesta de reforma laboral debe aprobarse en sus términos, porque permitirá el empleo a los jóvenes, la protección de las mujeres, regula el trabajo doméstico y las outsourcing, elementos que ayudarán, junto con el empleo temporal, a elevar la productividad del país.
Los empresarios argumentan que son precisamente estos elementos los que permitirán la creación de más empleos en el sector formal de la economía y con ello la generación de inversión y desarrollo que requiere el país.
Pero frente a esos argumentos, con los mismos elementos, los sindicatos responden que la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón tiene trampas que sólo buscan la destrucción de los sindicatos, al reducirle al máximo al trabajador su derecho a la defensa de su empleo y su fuerza para enfrentar las arbitrariedades de los patrones, incluso con medidas que no elevan la competitividad, sino que facilitan los despidos.
Los políticos, en tanto, se dividen en cuatro grupos. Los que integran la izquierda más radical, como el PT, argumenta que no debe pasar ni una coma de la reforma laboral; la izquierda más institucional, como el PRD, acepta la necesidad de la reforma laboral, pero no en los términos que propone el Presidente de la República; la derecha que representa el PAN, que acusa complicidades y corruptelas de quienes se niegan a la reforma, y el PRI, que se mueve entre los compromisos con grandes sindicatos aliados y su afán de mostrar un nuevo rostro que atiende las necesidades de competitividad del país.
En medio de todos ellos está la redacción de los 51 cambios que propone Felipe Calderón a la Ley Federal del Trabajo, contenidos en 665 de los mil 10 artículos que constituyen esta norma, y que han generado que 17 temas concentren el mayor nivel de confrontación conceptual entre competitividad y derechos laborales, sin que ello excluya las precisiones que tanto priistas como perredistas tienen para el resto del texto.
De acuerdo con el análisis realizado por los asesores de la Cámara de Diputados, estos 17 temas son el concepto de “trabajo decente”; la regulación del outsourcing; los contratos por tiempo indeterminado por uno, tres y hasta seis meses; el trabajo por horas; los despidos y el pago de salarios vencidos; la productividad, multihabilidades y derechos escalafonarios; trabajadores a comisión; hostigamiento y acoso sexual; protección a madres trabajadoras.
También el trabajo especial en minas; empleados domésticos; democracia y transparencia sindical; empresas y ramas de jurisdicción federal; riesgos de trabajo; derecho de huelga; modificaciones sindicales y registro de sindicatos.
La mitología de la reforma
Los sindicatos, sus dirigentes y su vida interna están en el primer lugar de la mitología de la reforma laboral.
El gobierno de Felipe Calderón argumenta que incluir en los artículos 357, 364 Bis, 365 Bis, 371, 373, 391, 395 y 424 Bis la obligación de los sindicatos a transparentar la forma en que utilizan las cuotas de sus agremiados, que un auditor externo verifique sus cuentas, así como a permitir procesos democráticos internos para renovar sus dirigencias y someterse a la transparencia constante aumenta los derechos de los trabajadores y protege su patrimonio sindical, sin lesionar ni la Constitución ni los acuerdos internacionales.
Pero este argumento se topa con cuatro realidades. Una, que muchos sindicatos sí tienen mecanismos de rendición de cuentas ante sus agremiados, y por lo tanto, consideran que esta parte de la reforma sólo es un engaño que esconde la destrucción del derecho laboral.
Dos, que el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que México está obligado a respetar, protege la autonomía de los sindicatos, y dice expresamente que ninguna autoridad gubernamental ni persona ajena al gremio debe inmiscuirse en sus decisiones internas.
La tercera realidad con la que choca la argumentación presidencial es que hay gremios, como los telefonistas, que tienen al mismo dirigente, Francisco Hernández Juárez, desde hace 36 años, pero cuyos integrantes votan por él constantemente, porque los beneficios que ha conseguido para ellos son más importantes que la renovación en la dirigencia; u otros, como el de los maestros, que tienen a su lideresa vitalicia, Elba Esther Gordillo, pero que tiene renovación constante de su dirigente formal, el secretario general, y siempre por votación innegablemente mayoritaria.
Cuatro, que la reforma presidencial no incluye una sola referencia a la obligación del propio gobierno federal para transparentar los montos y objetivos de los subsidios extra que canaliza a sus sindicatos, como el de los maestros, los petroleros o los burócratas, a pesar de que se trata de dinero que sale del erario federal, y que de acuerdo con los sindicatos independientes, concentran la verdadera zona de opacidad sindical.
Subcontratación
El outsourcing es otro de los temas que forma la mitología de la actual discusión. Nadie, hasta el momento, se ha opuesto a que se regule la existencia de estas empresas, que son una realidad en el país desde hace tres lustros, y que se registren ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como lo propone el Presidente de la República.
Pero la sintaxis de los cuatro artículos que se refieren a ella genera las dudas de que en verdad la reforma las regule o termine con las trampas de los empresarios que optan por fundar estas empresas.
La propuesta presidencial obliga a las empresas que contraten outsourcing a verificar que “cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”, lo cual es visto por diputados y senadores de oposición, así como por los sindicatos, como una ambigüedad.
Proponen una redacción que deje en claro que estas empresas verificarán que las outsourcing formalicen por escrito “la manera en que se garantizan los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados”, pues así no se deja espacio a la ambigüedad.
También como parte de la “mitología” en torno a la reforma laboral están los beneficios que acarreará a los jóvenes que no pueden conseguir trabajo, porque carecen de experiencia; la protección a las mujeres para que no sean despedidas por embarazarse; y la inclusión de derechos para los trabajadores domésticos.
De acuerdo con el argumento oficial, la existencia de contratos temporales o de prueba ayudará a los jóvenes a obtener un empleo y comenzar a tener experiencia, aunque no necesariamente logre ser contratado en definitiva.
La explicación oficial es que estos contratos temporales y por horas les permitirán a los jóvenes comenzar a tener antigüedad laboral. Pero la redacción de los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F, que regulan la contratación por uno, tres y hasta seis meses, o por periodo de prueba, sólo dejan en claro que estos trabajadores tendrán todos los derechos sociales durante el tiempo que trabajen y si no quedan contratados, serán liquidados.
Nada dice referente a que ese periodo se le podrá sumar al cómputo de su antigüedad, como sí ocurre en el artículo 280, referente a los trabajadores del campo, donde dice expresamente que el empleador deberá llevar un registro de los empleados temporales.
“El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales o de temporada que contrate cada año para contar con un acumulativo de las temporalidades o eventualidades, a fin de establecer la antigüedad en el trabajo con base en la suma de aquéllas. El patrón tendrá la obligación de remitir una copia de este registro al Seguro Social, así como exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello”, dice la parte que se refiere sólo a los trabajadores del campo.
La OIT analizó la iniciativa al amparo de los acuerdos de esta organización multinacional y concluyó que en materia de protección a las madres trabajadoras y las trabajadoras domésticas es limitada.
Despido inmediato y huelga
Otro de los temas que más polémica ha causado es el referente a los mecanismos de defensa de los trabajadores ante los despidos injustificados, pues el presidente Felipe Calderón propone que éstos puedan notificarse incluso “por correo certificado”.
Además, plantea que si el despedido opta por demandar a la empresa por despido injustificado, aunque el juicio dure mucho tiempo, sólo se deberá pagar un año los salarios caídos, lo cual generó el rechazo de sindicatos y partidos políticos de oposición, por considerar que vulnera sensiblemente al trabajador frente al patrón.
Este aspecto se junta con el hecho de que el Ejecutivo quiere que una huelga sólo hasta dure dos meses, pues permite que una huelga concluya por laudo de la Junta General de Conciliación y Arbitraje.
Además, establece que “los trabajadores tendrán la posibilidad en todo momento después del estallamiento de la huelga, de someter el motivo de la misma a la decisión de la Junta.
“En los casos a que se refiere el artículo 925 de esta ley, si la huelga se prolonga por más de sesenta días, sin que los trabajadores hayan sometido el conflicto a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros que acrediten su interés, en cualquier momento podrán solicitar por escrito se inicie el arbitraje correspondiente. En los demás casos, se requerirá que transcurran por lo menos ciento veinte días para que se pueda solicitar el referido arbitraje”, lo cual es interpretado, junto con otros elementos, como parte de los retrocesos en las conquistas laborales.
Y justo es con esta mitología que hoy por la tarde la Cámara de Diputados empieza la discusión abierta para aprobar o rechazar esta reforma.
Nada dice referente a que ese periodo se le podrá sumar al cómputo de su antigüedad, como sí ocurre en el artículo 280 y la OIT concluyó que en materia de protección a las madres trabajadoras y las trabajadoras domésticas el proyecto es limitado.
El despido inmediato deja en la indefensión a los trabajadores y los éstos ya no decidirían el tiempo en que estarían en huelga y por tanto neutralizan la presión que la huelga representa, ya que el patrón o un tercero puede solicitar la intervención de la Junta de Conciliación para ponerle fin a ésta, lo cual quita algunas de las conquistas laborales ganadas en el siglo pasado.
Empleados por horas, por algunos meses, sin contratos que los respalden y sin derecho a prestaciones sociales, en México hay 15 millones 300 mil trabajadores que aceptan estas condiciones laborales, porque son estudiantes, carecen de experiencia, estudios suficientes o rebasaron la edad que les permite acceder a empleos fijos y con prestaciones.
Ésta es parte de la realidad que se vive en el mercado laboral de México desde hace tres lustros y que la propuesta del presidente Felipe Calderón para cambiar la Ley Federal del Trabajo busca regular, para proteger legalmente a estos empleados que son contratados, mayoritariamente, vía las empresas outsourcing, o por oficinas y fábricas que de esta forma evaden el pago de impuestos o de prestaciones sociales.
Se trata de una realidad que también lleva constantemente a los juzgados laborales en busca de una justicia que carece de sustento para aplicarse, porque si bien estas modalidades son permitidas, no existen preceptos legales que les permitan su existencia, aunque tampoco ninguna que se las prohíba.
Datos del INEGI reportan que de los 32 millones de mexicanos empleados ya sea por el sector privado o público, 16.9 millones carecen de prestaciones de salud, y de estos, 16.7 millones ni siquiera tienen seguridad laboral, porque no cuentan con un contrato que sustente su relación laboral.
Datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) muestran que existen al menos 33 grandes compañías que optaron por contratar empresas outsourcing para que seleccionen, entrevisten y recluten a sus futuros empleados.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los 157 mil 14 empleados de la banca, 56 mil 641 estaban contratados por empresas intermediarias, incluso desde ese tiempo uno de los bancos sólo tenía a un empleado directo y el resto era de vinculación.
El Seminario Permanente de Estudios de Trabajos Atípicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) registra que laboratorios clínicos, restaurantes de comida rápida, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia que emplean por horas, con pagos que van de siete a 20 pesos por hora.
Otra de las realidades que ya existen y que la reforma propuesta por Felipe Calderón quiere regular es el despido por correo electrónico o correo certificado, que utilizan principalmente empresas trasnacionales, porque esos son mecanismos que se utilizan en otros países.
Pero desde la perspectiva de especialistas y sindicalistas, la inclusión de estas prácticas al país no significa que necesariamente signifiquen un beneficio para los trabajadores; por el contrario, permitirán a las empresas contar con sustentos legales para abusar de los empleados.
Detallan riesgos del trabajo infantil
Otra práctica que ocurre pese a estar prohibida es la contratación de niños, para actividades que incluso son riesgosas para su integridad física y emocional.
“Tipificar como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, para lo cual se otorgan facultades a las autoridades, a efecto de que puedan ordenar el cese inmediato de las labores de aquéllos, además de establecer la obligación de resarcir las diferencias salariales, en caso de que percibieran ingresos menores a los de otros trabajadores que realicen idénticas actividades”, refiere la iniciativa presidencial que debe ser dictaminada y votada a más tardar el próximo 30 de septiembre.
El dictamen propone un nuevo esquema para detallar los tipos de actividades que no podrán realizar los menores.
En este punto todos los actores involucrados están de acuerdo.
Discusión por la constitucionalidad
Para los especialistas Manuel Fuentes Muñiz y Jorge Sánchez Delgado, la iniciativa preferente de reforma laboral presentada ante el Congreso por el presidente Felipe Calderón es una propuesta violatoria a la Constitución, contraria a los tratados internacionales signados por México en materia de trabajo y a los derechos humanos.
Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho penal y especialista en derecho laboral, por el simple hecho de violar la Carta Magna la iniciativa debería ser desestimada por la Cámara de Diputados, ya que, sostuvo, los legisladores no pueden aprobar un proyecto de esa naturaleza.
“La Cámara de Diputados tiene la obligación de respetar los derechos humanos y, en consecuencia, tendría que desechar la iniciativa por todas las irregularidades que tiene. Es una iniciativa diseñada para incrementar la producción, reducir salarios; afectar la estabilidad en el empleo propicia abusos”, dice.
El también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) asegura que, de acuerdo con un comparativo de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con la Constitución, localizó por lo menos diez violaciones al artículo 123, así como a los tratados y protocolos firmados por nuestro país internacionalmente.
“La legislación viola la Convención Americana de Derechos Humanos, viola protocolos, es una iniciativa lesiva que debe ser rechazada”, insiste.
Fuentes añade que “al plantear el escenario de los contratos temporales, los contratos a prueba, de capacitación inicial o contrato por hora esos no tienen pago de salarios caídos, no tienen pago de indemnización, entonces los empresarios van a preferir la búsqueda de ese tipo de contratos”.
Jorge Sánchez Delgado, ex juez en materia laboral, también considera que la propuesta presidencial es violatoria de la constitución y lastimará a los trabajadores.
Ambos especialistas resaltan que la iniciativa está diseñada para incrementar la producción y reducir salarios lo que propiciará abusos por lo que detallaron que en caso de ser aprobada generaría crisis.
“Lo más grave es que en nuestro país el número de trabajadores informales, quienes no tienen seguridad social, se estaría incrementando. Al aumentar el desempleo se estaría creando un problema social muy grave, esta es una reforma con consecuencias sociales muy amplias y no únicamente laborales”, precisa Sánchez Delgado.
Para el especialista Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, legalizar el pago por hora vulnera la estabilidad en el empleo y en algunos casos los trabajadores no contarán con contrato o con seguridad social, además, la Ley del Seguro Social no reconoce el pago por hora.
Beneficios
Según la exposición de motivos de la iniciativa del presidente Calderón, “incluir en nuestra legislación, como nuevas modalidades de contratación, los períodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo.
“Con ello se generarán las condiciones para que un mayor número de personas, principalmente jóvenes y mujeres, puedan integrarse a puestos de trabajo en la economía formal. Estas propuestas permitirían romper el círculo vicioso en torno a que las personas no tienen empleo porque no están capacitadas y no tienen capacitación porque no cuentan con empleo.
“Desde luego, para evitar posibles abusos con el uso de estas nuevas figuras, se ha previsto que los contratos se celebren por escrito; que los periodos de prueba y los contratos de capacitación inicial sean improrrogables y, que no puedan aplicarse dentro de una misma empresa o establecimiento al mismo trabajador, simultánea o sucesivamente, ni en más de una ocasión.
“De esta manera los trabajadores que presten sus servicios bajo estas modalidades, tendrán los mismos derechos y obligaciones como cualquier trabajador, en proporción al tiempo trabajado.
“Esta modificación le permitiría al patrón conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores en un breve tiempo, y a éstos apreciar si ese empleo cumple con sus expectativas”, precisa el mandatario federal. Respecto a las outsourcing, explica que regularla ,tiene el “propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón”.
Y a pesar de que existen sindicatos mayoritarios que constantemente se ven envueltos en críticas de sus agremiados, porque sus dirigentes no rinden cuentas de la forma en que se gastan las cuotas sindicales, y por el contrario incrementan su patrimonio personal, como son los casos ventilados del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, la presidenta vitalicia de los maestros, Elba Esther Gordillo y el dirigente de los ferrocarrileros, Víctor Flores, en México existen muchos sindicatos que sí ejercen la rendición de cuentas y aplican la democratización interna.
Uno de esos casos es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), que desde 2002 coloca en la página en internet de la UAM el contrato colectivo que firma anualmente; además, a sus agremiados entrega un reporte sobre el patrimonio sindical y jamás ha tenido un dirigente que dure más del periodo que le corresponde, lo cual le ha permitido el relevo constante de generación del grupo dirigente; tampoco ninguna de las corrientes internas ha dominado en la Secretaría General.
El presidente Felipe Calderón propone que todos los sindicatos se sometan, por ley, a la democratización y a la rendición de cuentas.
El 16 de septiembre de 1872, dos meses después de la muerte del ex presidente Benito Juárez –hace 140 años– nació el primer Círculo de Obreros. Ése fue el inicio del movimiento obrero en México que marcó la lucha entre el proletariado y la burguesía.
La ideología del movimiento pasó del anarquismo al comunismo y luego al socialismo, y aunque fue institucionalizado y entró a la lucha por el poder político, actualmente es considerado como uno de los contrapesos del neoliberalismo, aunque está atrapado en la opacidad y las canonjías para los líderes sindicales.
Dos años después, en 1876, el Círculo de Obreros tuvo entre sus filas a ocho mil trabajadores: artesanos, obreros de hilados y tejidos, principalmente. Ese mismo año apareció la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, que logró la cohesión de los trabajadores, hasta llegar a 1890 con la fundación de Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de Hermanos Caldereros Mexicanos, la Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, entre otras.
En Cananea, Sonora –la llamada cuna de la Revolución de 1910– se fundó la Unión Liberal Humanidad, que encabezó la huelga de Cananea, en un mineral de cobre en1906, demandaban un salario equitativo. En 1907, en Orizaba, Veracruz, surgió el Gran Círculo de Obreros Libres, ligado al Partido Liberal y a Ricardo Flores Magón –entonces en el exilio. El Gran Círculo de Obreros Libres se encargó la huelga de Río Blanco en una fábrica de tejidos, cuando el presidente Porfirio Díaz apoyó a los empresarios en detrimento de los obreros.
En 1911, el presidente Francisco I. Madero anunció la creación del Departamento del Trabajo.
A la par también se estableció la Casa del Obrero Mundial–de tendencia anarquista– que al año siguiente conmemoró por primera vez en México el Primero de Mayo, donde exigieron los obreros la jornada de ocho horas y el descanso dominical.
La primera huelga en que tomó parte la Casa del Obrero Mundial fue declarada en el café inglés, durante la cual los obreros que participaron en hecho con los meseros huelguistas, ocuparon las mesas del establecimiento como si fueran clientes del lugar.
La lucha del sector obrero en esos primeros años del siglo XX fue intensa. Para 1916 los obreros celebraron un congreso en Veracruz donde se acordó formar la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, que estableció como prioridad la lucha de clases y se auto marginó de lapolítica y la participación en la administración pública
Dos años después en 1918, en Saltillo se creo la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), bajo el lema anarquista: salud y revolución social. En la actualidad la CROM existe, aunque disminuida.
El nombre de esta organización se debe a que anarquistas y socialistas peleaban por el título de regional de México, con la idea de fuera una sección de una central internacional. Se tiene la idea de que la fundación de la CROM fue el triunfo del reformismo en el movimiento obrero, ya que poco a poco se desligaron de la ideología anarquista y de la prohibición de participar en política.
Posteriormente, la CROM se vinculó en lo doméstico con el Partido Laborista, que postuló a Plutarco Elías Calles (fundador del PRI) como su candidato presidencial. De hecho la CROM declaró a Calles, su presidente honorario en 1924, mismo año que llegó a la presidencia de México.
Luis N. Morones fue nombrado en 1925 por Calles el titular de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, con la idea de sindicalizar a todos los obreros y campesinos y agruparlos en la CROM. Esto provocó que las de por si no buenas relaciones entre el partido oficial, es decir el Laborista y el Nacional Agrarista al mando de Álvaro Obregón se rompieran definitivamente.
Un grupo de militantes inconformes con la CROM se unieron a la Confederación General de Trabajadores y fundaron la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal; entre ellos estaban los llamados cinco lobitos, Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero, todo ellos priistas y a la postre personajes emblemáticos de los líderes sindicales llenos de beneficios gubernamentales.
Entre los agremiados de la CGT no todo era miel sobre hojuelas porque había comunistas y anarquistas que disputaban la línea a seguir.
La Federación Anarquista Mexicana fue la única que permaneció en grupo de organizaciones anarcosindicalistas.
Otro intento por mantener unido al sector obrero fue la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), dirigida por Vicente Lombardo Toledano.
En 1935 los movimientos obreros prácticamente mantenía su independencia del gobierno, pero ese año, el primero del general Lázaro Cárdenas, el panorama fue otro. La mayoría de las organizaciones sindicales modificaron sus criterios a raíz de que Plutarco Elías Calles atacaba a Cárdenas.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)lanzó un exhorto a todas las organizaciones obreras para discutir la posición que el movimiento tendría sobre la pugna política entre dos gigantes. En torno a Cárdenas se unificó prácticamente todo el movimiento obrero mexicano, salvo la CROM y la CGT, fieles a Calles.
Eso marcó la definitiva institucionalización de la mayor parte del movimiento obrero en favor del PRI, entonces Nacional Revolucionario y comandado por Cárdenas. Ese acercamiento gobierno-sindicatos empezó a redituarles a los líderes obreros canonjías, quizá como es hoy.
La CTM se despegó de los conceptos sindicalistas de no participar en elecciones, y en 1937, aliado con el PNR compitió por diputaciones, lo que los distanció de organizaciones como el Partido Comunista.
Después llegaron las pugnas internas en la CTM y entre los seguidores de Fidel Velázquez y Lombardo que buscaban el liderazgo de la central, que cada vez más se plegaba al gobierno.
En marzo de 1938, Cárdenas anunció la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecesor directo del PRI. El PRM, fue conformado por cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. En el obrero estaban la CTM, CROM, CGT y el SME, que hoy se mantiene más cerca de la facción de izquierda que dirige Andrés Manuel López Obrador, que como el SME fue priista.
2012-09-24 03:15:00Los puntos que frenan los acuerdos sobre la iniciativa presidencial se refieren a la regulación de las outsourcing, los contratos por uno, tres y hasta seis meses, el trabajo por horas, los despidos y el pago de salarios vencidos, el trabajo infantil, el derecho de huelga y la transparencia sindical, principalmente.
Estos temas han sido utilizados para argumentar que la propuesta federal ofrece mayor competitividad o para denunciar que busca afectar a los sindicatos y dejar indefenso al trabajador.
La realidad es que en el país, de 32 millones de mexicanos con empleo, 15 millones 300 mil aceptan trabajar por horas, durante algunos meses, sin contratos que los respalden y sin acceso a prestaciones sociales.
En general, el Ejecutivo federal propone realizar 51 cambios a la legislación vigente.
Desde la perspectiva de especialistas y sindicalistas la iniciativa, así como está planteada, no necesariamente representará un beneficio para los trabajadores.
Crispan 17 temas ley laboral
Trabajo decente, Outsourcing, despidos, contratos por hora, multihabilidades, derechos escalafonarios, transparencia sindical y registro gremial son algunos de los puntos polémicos que discuten los diputados.
Así, temas como la transparencia y democracia sindical; la contratación por horas; la regulación de outsourcing; el despido por correo certificado; las huelgas con tiempo determinado; la limitación a sólo un año para el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado y los mecanismos para aumentar la productividad se han rodeado de tantas versiones que ya son la “mitología” de la reforma laboral.
Y es precisamente esa polémica, que el pasado fin de semana incluyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que refleja la trascendencia de la decisión política que deberán tomar los 500 diputados esta semana y los 128 senadores el próximo mes, pues con ello afectarán directamente los derechos y nuevas formas de trabajo de 32 millones de mexicanos con empleo.
A decir del presidente Felipe Calderón y sus secretarios del Trabajo, Rosalinda Vélez, y de Hacienda, José Antonio Meade, así como de los diputados y senadores del PAN, la propuesta de reforma laboral debe aprobarse en sus términos, porque permitirá el empleo a los jóvenes, la protección de las mujeres, regula el trabajo doméstico y las outsourcing, elementos que ayudarán, junto con el empleo temporal, a elevar la productividad del país.
Los empresarios argumentan que son precisamente estos elementos los que permitirán la creación de más empleos en el sector formal de la economía y con ello la generación de inversión y desarrollo que requiere el país.
Pero frente a esos argumentos, con los mismos elementos, los sindicatos responden que la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón tiene trampas que sólo buscan la destrucción de los sindicatos, al reducirle al máximo al trabajador su derecho a la defensa de su empleo y su fuerza para enfrentar las arbitrariedades de los patrones, incluso con medidas que no elevan la competitividad, sino que facilitan los despidos.
Los políticos, en tanto, se dividen en cuatro grupos. Los que integran la izquierda más radical, como el PT, argumenta que no debe pasar ni una coma de la reforma laboral; la izquierda más institucional, como el PRD, acepta la necesidad de la reforma laboral, pero no en los términos que propone el Presidente de la República; la derecha que representa el PAN, que acusa complicidades y corruptelas de quienes se niegan a la reforma, y el PRI, que se mueve entre los compromisos con grandes sindicatos aliados y su afán de mostrar un nuevo rostro que atiende las necesidades de competitividad del país.
En medio de todos ellos está la redacción de los 51 cambios que propone Felipe Calderón a la Ley Federal del Trabajo, contenidos en 665 de los mil 10 artículos que constituyen esta norma, y que han generado que 17 temas concentren el mayor nivel de confrontación conceptual entre competitividad y derechos laborales, sin que ello excluya las precisiones que tanto priistas como perredistas tienen para el resto del texto.
De acuerdo con el análisis realizado por los asesores de la Cámara de Diputados, estos 17 temas son el concepto de “trabajo decente”; la regulación del outsourcing; los contratos por tiempo indeterminado por uno, tres y hasta seis meses; el trabajo por horas; los despidos y el pago de salarios vencidos; la productividad, multihabilidades y derechos escalafonarios; trabajadores a comisión; hostigamiento y acoso sexual; protección a madres trabajadoras.
También el trabajo especial en minas; empleados domésticos; democracia y transparencia sindical; empresas y ramas de jurisdicción federal; riesgos de trabajo; derecho de huelga; modificaciones sindicales y registro de sindicatos.
La mitología de la reforma
Los sindicatos, sus dirigentes y su vida interna están en el primer lugar de la mitología de la reforma laboral.
El gobierno de Felipe Calderón argumenta que incluir en los artículos 357, 364 Bis, 365 Bis, 371, 373, 391, 395 y 424 Bis la obligación de los sindicatos a transparentar la forma en que utilizan las cuotas de sus agremiados, que un auditor externo verifique sus cuentas, así como a permitir procesos democráticos internos para renovar sus dirigencias y someterse a la transparencia constante aumenta los derechos de los trabajadores y protege su patrimonio sindical, sin lesionar ni la Constitución ni los acuerdos internacionales.
Pero este argumento se topa con cuatro realidades. Una, que muchos sindicatos sí tienen mecanismos de rendición de cuentas ante sus agremiados, y por lo tanto, consideran que esta parte de la reforma sólo es un engaño que esconde la destrucción del derecho laboral.
Dos, que el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que México está obligado a respetar, protege la autonomía de los sindicatos, y dice expresamente que ninguna autoridad gubernamental ni persona ajena al gremio debe inmiscuirse en sus decisiones internas.
La tercera realidad con la que choca la argumentación presidencial es que hay gremios, como los telefonistas, que tienen al mismo dirigente, Francisco Hernández Juárez, desde hace 36 años, pero cuyos integrantes votan por él constantemente, porque los beneficios que ha conseguido para ellos son más importantes que la renovación en la dirigencia; u otros, como el de los maestros, que tienen a su lideresa vitalicia, Elba Esther Gordillo, pero que tiene renovación constante de su dirigente formal, el secretario general, y siempre por votación innegablemente mayoritaria.
Cuatro, que la reforma presidencial no incluye una sola referencia a la obligación del propio gobierno federal para transparentar los montos y objetivos de los subsidios extra que canaliza a sus sindicatos, como el de los maestros, los petroleros o los burócratas, a pesar de que se trata de dinero que sale del erario federal, y que de acuerdo con los sindicatos independientes, concentran la verdadera zona de opacidad sindical.
Subcontratación
El outsourcing es otro de los temas que forma la mitología de la actual discusión. Nadie, hasta el momento, se ha opuesto a que se regule la existencia de estas empresas, que son una realidad en el país desde hace tres lustros, y que se registren ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como lo propone el Presidente de la República.
Pero la sintaxis de los cuatro artículos que se refieren a ella genera las dudas de que en verdad la reforma las regule o termine con las trampas de los empresarios que optan por fundar estas empresas.
La propuesta presidencial obliga a las empresas que contraten outsourcing a verificar que “cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”, lo cual es visto por diputados y senadores de oposición, así como por los sindicatos, como una ambigüedad.
Proponen una redacción que deje en claro que estas empresas verificarán que las outsourcing formalicen por escrito “la manera en que se garantizan los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados”, pues así no se deja espacio a la ambigüedad.
También como parte de la “mitología” en torno a la reforma laboral están los beneficios que acarreará a los jóvenes que no pueden conseguir trabajo, porque carecen de experiencia; la protección a las mujeres para que no sean despedidas por embarazarse; y la inclusión de derechos para los trabajadores domésticos.
De acuerdo con el argumento oficial, la existencia de contratos temporales o de prueba ayudará a los jóvenes a obtener un empleo y comenzar a tener experiencia, aunque no necesariamente logre ser contratado en definitiva.
La explicación oficial es que estos contratos temporales y por horas les permitirán a los jóvenes comenzar a tener antigüedad laboral. Pero la redacción de los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F, que regulan la contratación por uno, tres y hasta seis meses, o por periodo de prueba, sólo dejan en claro que estos trabajadores tendrán todos los derechos sociales durante el tiempo que trabajen y si no quedan contratados, serán liquidados.
Nada dice referente a que ese periodo se le podrá sumar al cómputo de su antigüedad, como sí ocurre en el artículo 280, referente a los trabajadores del campo, donde dice expresamente que el empleador deberá llevar un registro de los empleados temporales.
“El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales o de temporada que contrate cada año para contar con un acumulativo de las temporalidades o eventualidades, a fin de establecer la antigüedad en el trabajo con base en la suma de aquéllas. El patrón tendrá la obligación de remitir una copia de este registro al Seguro Social, así como exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello”, dice la parte que se refiere sólo a los trabajadores del campo.
La OIT analizó la iniciativa al amparo de los acuerdos de esta organización multinacional y concluyó que en materia de protección a las madres trabajadoras y las trabajadoras domésticas es limitada.
Despido inmediato y huelga
Otro de los temas que más polémica ha causado es el referente a los mecanismos de defensa de los trabajadores ante los despidos injustificados, pues el presidente Felipe Calderón propone que éstos puedan notificarse incluso “por correo certificado”.
Además, plantea que si el despedido opta por demandar a la empresa por despido injustificado, aunque el juicio dure mucho tiempo, sólo se deberá pagar un año los salarios caídos, lo cual generó el rechazo de sindicatos y partidos políticos de oposición, por considerar que vulnera sensiblemente al trabajador frente al patrón.
Este aspecto se junta con el hecho de que el Ejecutivo quiere que una huelga sólo hasta dure dos meses, pues permite que una huelga concluya por laudo de la Junta General de Conciliación y Arbitraje.
Además, establece que “los trabajadores tendrán la posibilidad en todo momento después del estallamiento de la huelga, de someter el motivo de la misma a la decisión de la Junta.
“En los casos a que se refiere el artículo 925 de esta ley, si la huelga se prolonga por más de sesenta días, sin que los trabajadores hayan sometido el conflicto a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros que acrediten su interés, en cualquier momento podrán solicitar por escrito se inicie el arbitraje correspondiente. En los demás casos, se requerirá que transcurran por lo menos ciento veinte días para que se pueda solicitar el referido arbitraje”, lo cual es interpretado, junto con otros elementos, como parte de los retrocesos en las conquistas laborales.
Y justo es con esta mitología que hoy por la tarde la Cámara de Diputados empieza la discusión abierta para aprobar o rechazar esta reforma.
Debate
Algunos puntos de la iniciativa del presidente Felipe Calderón se enfrentan con realidades que deben analizarse.
Propuestas
Los sindicatos deben transparentar la forma en que utilizan las cuotas de los agremiados, mediante una auditoría.
El registro ante la Secretaría del Trabajo de las empresas que ofrecen sus servicios a través del outsourcing.
Los contratos temporales y por hora permitirán a los jóvenes comenzar a tener antigüedad, así como protección a madres trabajadoras.
El despido inmediato o a través de un correo electrónico y los límites a la huelga son otras de las propuesta de Calderón.
Realidades
Muchos sindicatos sí tienen mecanismos de rendición de cuentas ante sus agremiados; el país tiene signados acuerdos internacionales para respetar la autonomía gremial y la reforma oficial no incluye a las agrupaciones de burócratas, ya que no incluye una sola referencia a la obligación del propio gobierno federal para transparentar los montos y objetivos de los subsidios extra que canaliza a sus sindicatos, como el de los maestros, los petroleros o los burócratas, a pesar de que se trata de dinero que sale del erario federal.
La subcontratación es una figura que opera en el país desde hace algunos lustros y la duda sobre ella radica en la forma en cómo se deben regular este tipo de modalidades.
El proyecto calderonista sólo deja en claro que estos trabajadores tendrán todos los derechos sociales durante el tiempo que trabajen y si no quedan contratados, serán liquidados.
Nada dice referente a que ese periodo se le podrá sumar al cómputo de su antigüedad, como sí ocurre en el artículo 280 y la OIT concluyó que en materia de protección a las madres trabajadoras y las trabajadoras domésticas el proyecto es limitado.
15 millones, sin prestaciones
El INEGI reporta que de los 32 millones de mexicanos empleados, más de 16 millones carecen de seguro social, y ni siquiera tienen seguridad laboral. El SAT documenta que 33 grandes compañías recurren al outsourcing para reclutar personal.
Ésta es parte de la realidad que se vive en el mercado laboral de México desde hace tres lustros y que la propuesta del presidente Felipe Calderón para cambiar la Ley Federal del Trabajo busca regular, para proteger legalmente a estos empleados que son contratados, mayoritariamente, vía las empresas outsourcing, o por oficinas y fábricas que de esta forma evaden el pago de impuestos o de prestaciones sociales.
Se trata de una realidad que también lleva constantemente a los juzgados laborales en busca de una justicia que carece de sustento para aplicarse, porque si bien estas modalidades son permitidas, no existen preceptos legales que les permitan su existencia, aunque tampoco ninguna que se las prohíba.
Datos del INEGI reportan que de los 32 millones de mexicanos empleados ya sea por el sector privado o público, 16.9 millones carecen de prestaciones de salud, y de estos, 16.7 millones ni siquiera tienen seguridad laboral, porque no cuentan con un contrato que sustente su relación laboral.
Datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) muestran que existen al menos 33 grandes compañías que optaron por contratar empresas outsourcing para que seleccionen, entrevisten y recluten a sus futuros empleados.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los 157 mil 14 empleados de la banca, 56 mil 641 estaban contratados por empresas intermediarias, incluso desde ese tiempo uno de los bancos sólo tenía a un empleado directo y el resto era de vinculación.
El Seminario Permanente de Estudios de Trabajos Atípicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) registra que laboratorios clínicos, restaurantes de comida rápida, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia que emplean por horas, con pagos que van de siete a 20 pesos por hora.
Otra de las realidades que ya existen y que la reforma propuesta por Felipe Calderón quiere regular es el despido por correo electrónico o correo certificado, que utilizan principalmente empresas trasnacionales, porque esos son mecanismos que se utilizan en otros países.
Pero desde la perspectiva de especialistas y sindicalistas, la inclusión de estas prácticas al país no significa que necesariamente signifiquen un beneficio para los trabajadores; por el contrario, permitirán a las empresas contar con sustentos legales para abusar de los empleados.
Detallan riesgos del trabajo infantil
Otra práctica que ocurre pese a estar prohibida es la contratación de niños, para actividades que incluso son riesgosas para su integridad física y emocional.
“Tipificar como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, para lo cual se otorgan facultades a las autoridades, a efecto de que puedan ordenar el cese inmediato de las labores de aquéllos, además de establecer la obligación de resarcir las diferencias salariales, en caso de que percibieran ingresos menores a los de otros trabajadores que realicen idénticas actividades”, refiere la iniciativa presidencial que debe ser dictaminada y votada a más tardar el próximo 30 de septiembre.
El dictamen propone un nuevo esquema para detallar los tipos de actividades que no podrán realizar los menores.
En este punto todos los actores involucrados están de acuerdo.
Discusión por la constitucionalidad
Para los especialistas Manuel Fuentes Muñiz y Jorge Sánchez Delgado, la iniciativa preferente de reforma laboral presentada ante el Congreso por el presidente Felipe Calderón es una propuesta violatoria a la Constitución, contraria a los tratados internacionales signados por México en materia de trabajo y a los derechos humanos.
Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho penal y especialista en derecho laboral, por el simple hecho de violar la Carta Magna la iniciativa debería ser desestimada por la Cámara de Diputados, ya que, sostuvo, los legisladores no pueden aprobar un proyecto de esa naturaleza.
“La Cámara de Diputados tiene la obligación de respetar los derechos humanos y, en consecuencia, tendría que desechar la iniciativa por todas las irregularidades que tiene. Es una iniciativa diseñada para incrementar la producción, reducir salarios; afectar la estabilidad en el empleo propicia abusos”, dice.
El también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) asegura que, de acuerdo con un comparativo de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con la Constitución, localizó por lo menos diez violaciones al artículo 123, así como a los tratados y protocolos firmados por nuestro país internacionalmente.
“La legislación viola la Convención Americana de Derechos Humanos, viola protocolos, es una iniciativa lesiva que debe ser rechazada”, insiste.
Fuentes añade que “al plantear el escenario de los contratos temporales, los contratos a prueba, de capacitación inicial o contrato por hora esos no tienen pago de salarios caídos, no tienen pago de indemnización, entonces los empresarios van a preferir la búsqueda de ese tipo de contratos”.
Jorge Sánchez Delgado, ex juez en materia laboral, también considera que la propuesta presidencial es violatoria de la constitución y lastimará a los trabajadores.
Ambos especialistas resaltan que la iniciativa está diseñada para incrementar la producción y reducir salarios lo que propiciará abusos por lo que detallaron que en caso de ser aprobada generaría crisis.
“Lo más grave es que en nuestro país el número de trabajadores informales, quienes no tienen seguridad social, se estaría incrementando. Al aumentar el desempleo se estaría creando un problema social muy grave, esta es una reforma con consecuencias sociales muy amplias y no únicamente laborales”, precisa Sánchez Delgado.
Para el especialista Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, legalizar el pago por hora vulnera la estabilidad en el empleo y en algunos casos los trabajadores no contarán con contrato o con seguridad social, además, la Ley del Seguro Social no reconoce el pago por hora.
Beneficios
Según la exposición de motivos de la iniciativa del presidente Calderón, “incluir en nuestra legislación, como nuevas modalidades de contratación, los períodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo.
“Con ello se generarán las condiciones para que un mayor número de personas, principalmente jóvenes y mujeres, puedan integrarse a puestos de trabajo en la economía formal. Estas propuestas permitirían romper el círculo vicioso en torno a que las personas no tienen empleo porque no están capacitadas y no tienen capacitación porque no cuentan con empleo.
“Desde luego, para evitar posibles abusos con el uso de estas nuevas figuras, se ha previsto que los contratos se celebren por escrito; que los periodos de prueba y los contratos de capacitación inicial sean improrrogables y, que no puedan aplicarse dentro de una misma empresa o establecimiento al mismo trabajador, simultánea o sucesivamente, ni en más de una ocasión.
“De esta manera los trabajadores que presten sus servicios bajo estas modalidades, tendrán los mismos derechos y obligaciones como cualquier trabajador, en proporción al tiempo trabajado.
“Esta modificación le permitiría al patrón conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores en un breve tiempo, y a éstos apreciar si ese empleo cumple con sus expectativas”, precisa el mandatario federal. Respecto a las outsourcing, explica que regularla ,tiene el “propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón”.
Y a pesar de que existen sindicatos mayoritarios que constantemente se ven envueltos en críticas de sus agremiados, porque sus dirigentes no rinden cuentas de la forma en que se gastan las cuotas sindicales, y por el contrario incrementan su patrimonio personal, como son los casos ventilados del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, la presidenta vitalicia de los maestros, Elba Esther Gordillo y el dirigente de los ferrocarrileros, Víctor Flores, en México existen muchos sindicatos que sí ejercen la rendición de cuentas y aplican la democratización interna.
Uno de esos casos es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), que desde 2002 coloca en la página en internet de la UAM el contrato colectivo que firma anualmente; además, a sus agremiados entrega un reporte sobre el patrimonio sindical y jamás ha tenido un dirigente que dure más del periodo que le corresponde, lo cual le ha permitido el relevo constante de generación del grupo dirigente; tampoco ninguna de las corrientes internas ha dominado en la Secretaría General.
El presidente Felipe Calderón propone que todos los sindicatos se sometan, por ley, a la democratización y a la rendición de cuentas.
Para Jorge Sánchez Delgado, en el caso del punto en que se propone que los sindicatos tengan la obligación de entregar cuentas sobre sus finanzas y decisiones a sus trabajadores afiliados, así como permitir que un auditor externo haga revisiones es desigual, ya que en la reforma no se obliga a los patrones a informar lo relativo a sus finanzas.
Sindicatos ponen línea
La historia obrera en México registra ya 140 años y su desarrollo está íntimamente ligado a la evolución del PRI
La ideología del movimiento pasó del anarquismo al comunismo y luego al socialismo, y aunque fue institucionalizado y entró a la lucha por el poder político, actualmente es considerado como uno de los contrapesos del neoliberalismo, aunque está atrapado en la opacidad y las canonjías para los líderes sindicales.
Dos años después, en 1876, el Círculo de Obreros tuvo entre sus filas a ocho mil trabajadores: artesanos, obreros de hilados y tejidos, principalmente. Ese mismo año apareció la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, que logró la cohesión de los trabajadores, hasta llegar a 1890 con la fundación de Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de Hermanos Caldereros Mexicanos, la Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, entre otras.
En Cananea, Sonora –la llamada cuna de la Revolución de 1910– se fundó la Unión Liberal Humanidad, que encabezó la huelga de Cananea, en un mineral de cobre en1906, demandaban un salario equitativo. En 1907, en Orizaba, Veracruz, surgió el Gran Círculo de Obreros Libres, ligado al Partido Liberal y a Ricardo Flores Magón –entonces en el exilio. El Gran Círculo de Obreros Libres se encargó la huelga de Río Blanco en una fábrica de tejidos, cuando el presidente Porfirio Díaz apoyó a los empresarios en detrimento de los obreros.
En 1911, el presidente Francisco I. Madero anunció la creación del Departamento del Trabajo.
A la par también se estableció la Casa del Obrero Mundial–de tendencia anarquista– que al año siguiente conmemoró por primera vez en México el Primero de Mayo, donde exigieron los obreros la jornada de ocho horas y el descanso dominical.
La primera huelga en que tomó parte la Casa del Obrero Mundial fue declarada en el café inglés, durante la cual los obreros que participaron en hecho con los meseros huelguistas, ocuparon las mesas del establecimiento como si fueran clientes del lugar.
La lucha del sector obrero en esos primeros años del siglo XX fue intensa. Para 1916 los obreros celebraron un congreso en Veracruz donde se acordó formar la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, que estableció como prioridad la lucha de clases y se auto marginó de lapolítica y la participación en la administración pública
Dos años después en 1918, en Saltillo se creo la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), bajo el lema anarquista: salud y revolución social. En la actualidad la CROM existe, aunque disminuida.
El nombre de esta organización se debe a que anarquistas y socialistas peleaban por el título de regional de México, con la idea de fuera una sección de una central internacional. Se tiene la idea de que la fundación de la CROM fue el triunfo del reformismo en el movimiento obrero, ya que poco a poco se desligaron de la ideología anarquista y de la prohibición de participar en política.
Posteriormente, la CROM se vinculó en lo doméstico con el Partido Laborista, que postuló a Plutarco Elías Calles (fundador del PRI) como su candidato presidencial. De hecho la CROM declaró a Calles, su presidente honorario en 1924, mismo año que llegó a la presidencia de México.
Luis N. Morones fue nombrado en 1925 por Calles el titular de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, con la idea de sindicalizar a todos los obreros y campesinos y agruparlos en la CROM. Esto provocó que las de por si no buenas relaciones entre el partido oficial, es decir el Laborista y el Nacional Agrarista al mando de Álvaro Obregón se rompieran definitivamente.
Un grupo de militantes inconformes con la CROM se unieron a la Confederación General de Trabajadores y fundaron la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal; entre ellos estaban los llamados cinco lobitos, Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero, todo ellos priistas y a la postre personajes emblemáticos de los líderes sindicales llenos de beneficios gubernamentales.
Entre los agremiados de la CGT no todo era miel sobre hojuelas porque había comunistas y anarquistas que disputaban la línea a seguir.
La Federación Anarquista Mexicana fue la única que permaneció en grupo de organizaciones anarcosindicalistas.
Otro intento por mantener unido al sector obrero fue la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), dirigida por Vicente Lombardo Toledano.
En 1935 los movimientos obreros prácticamente mantenía su independencia del gobierno, pero ese año, el primero del general Lázaro Cárdenas, el panorama fue otro. La mayoría de las organizaciones sindicales modificaron sus criterios a raíz de que Plutarco Elías Calles atacaba a Cárdenas.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)lanzó un exhorto a todas las organizaciones obreras para discutir la posición que el movimiento tendría sobre la pugna política entre dos gigantes. En torno a Cárdenas se unificó prácticamente todo el movimiento obrero mexicano, salvo la CROM y la CGT, fieles a Calles.
Eso marcó la definitiva institucionalización de la mayor parte del movimiento obrero en favor del PRI, entonces Nacional Revolucionario y comandado por Cárdenas. Ese acercamiento gobierno-sindicatos empezó a redituarles a los líderes obreros canonjías, quizá como es hoy.
La CTM se despegó de los conceptos sindicalistas de no participar en elecciones, y en 1937, aliado con el PNR compitió por diputaciones, lo que los distanció de organizaciones como el Partido Comunista.
Después llegaron las pugnas internas en la CTM y entre los seguidores de Fidel Velázquez y Lombardo que buscaban el liderazgo de la central, que cada vez más se plegaba al gobierno.
En marzo de 1938, Cárdenas anunció la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecesor directo del PRI. El PRM, fue conformado por cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. En el obrero estaban la CTM, CROM, CGT y el SME, que hoy se mantiene más cerca de la facción de izquierda que dirige Andrés Manuel López Obrador, que como el SME fue priista.
A manera de vacuna, en el primer congreso ordinario de la CTM, el 22 de febrero de 1938, Lombardo Toledano le dijo al general Cárdenas “somos una organización independiente del gobierno, autónoma y, ni usted querría un proletariado sometido a la dirección del gobierno ni nosotros querríamos un jefe de gobierno que no estuviera sometido más que a la voluntad del pueblo de México”.
Leticia Robles de la Rosa, Jaime Contreras, Ivonne Melgar, Jorge Ramos, Juan Pablo Reyes y Andrés Becerril
EXCELSIOR
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