La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) solicitó al Congreso local retirar el fuero al alcalde tlapaneco para que pueda procesarlo por el homicidio de legislador federal y de su ayudante, en septiembre pasado.
Cerca de las 11:00 horas, acompañado por su abogado Xavier Olea Peláez, el edil presentó la documentación ante el secretario técnico de la Comisión Instructora, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo.
Tras la firma de la ratificación del escrito, Morlet Berdejo señaló que a partir de este jueves 8, el edil priista tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar más pruebas y alegatos a su favor.
En este periodo, la Comisión Instructora, que preside el diputado local priista Marco Leyva Mena, se realizará la valoración de las pruebas y alegatos que presenten Reyes Ramos y la PGJ para emitir el dictamen correspondiente al pleno del Congreso local para retirar o no el fuero al alcalde de Tlapa.
Morlet también señaló que durante esta etapa de descargo de pruebas, alegatos y valoración, se mantendrán a salvo los derechos del alcalde impugnado.
Al respecto, Reyes Ramos dijo que en los documentos que entregó se encuentra plasmada su inocencia de los hechos que le imputa la PGJ; y pidió a los diputados locales que emitan un exhorto al procurador de Justicia, Alberto López Rosas, para que “cese el hostigamiento” que presuntamente mantiene en su contra.
Entrevistado en la sede del Poder Legislativo, al sur de esta capital, Reyes informó que el pliego de pruebas contiene fotografías y fotocopias de llamadas telefónicas que entabló con varias personas el pasado 3 de septiembre, fecha que de acuerdo con la PGJ, él planeó el homicidio de Villanueva y su chofer durante una reunión con tres sicarios al servicio del grupo denominado Los Rojos, una facción del cártel de los Beltrán Leyva que opera en las regiones Centro y Montaña de la entidad.
Rechazó que contratara a los presuntos sicarios Juan Miguel Martínez Plácido El Pequeño y Antonio Jiménez Chino El Fantasma, ambos detenidos y presos en el penal de Chilpancingo, señalados por la PGJ como autores materiales, junto con otro pistolero identificado como Jorge El Baleado, quien fue asesinado el 2 de noviembre y enterrado clandestinamente en las inmediaciones del municipio de Chilapa de Álvarez.
De acuerdo con la PGJ, este crimen fue perpetrado por El Pequeño con el objetivo de “borrar evidencia”.
El edil priista reiteró que la acusación de la PGJ está basada en “dichos” y carece de pruebas porque en la investigación, dijo, existe una serie de “contradicciones manipuladas”.
También, denunció que actualmente policías ministeriales vigilan su domicilio particular en la ciudad de Tlapa, y consideró que es una campaña de hostigamiento en su contra.
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