Los juicios dependerán de factores internos y externos imprevisibles. Pero Calderón será recordado, alabado o condenado por una sola vertiente de su gestión: la guerra contra el narcotráfico.
El juicio político se dará en los comicios presidenciales de julio del año entrante. La elección será un referéndum sobre los 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN) bajo Calderón y su predecesor, Vicente Fox, y en particular sobre el costo y resultados de la guerra contra las drogas.
Encuestas realizadas el mes pasado por El Universal/Buendía & Laredo muestran que la popularidad de Calderón sólo es ligeramente inferior a la de sus predecesores en la misma etapa de su presidencia, y que los mexicanos aprueban la estrategia de Calderón de recurrir a la participación del ejército en la guerra contra el narco.
Pero en los resultados de las encuestas de los precandidatos presidenciales, Josefina Vázquez Mota, del PAN de Calderón, se encuentra unos 20 puntos porcentuales debajo de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y casi empatada con Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Si el PRI logra impedir que los votantes no se preocupen por el regreso del PRI al poder (después de dominar la política mexicana durante siete décadas), y si no se registra una gran victoria en la lucha contra el narcotráfico, es poco probable que el partido de Calderón remonte una desventaja de 20 puntos. Ese será el juicio político de los votantes.
El juicio legal empezó el 25 de noviembre cuando activistas mexicanos de los derechos humanos pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, que investigue a Calderón, asegurando que toleró y encubrió crímenes cometidos por el ejército y la policía durante la guerra contra las drogas. La oficina de Calderón respondió con la amenaza de demandar a los acusadores por difamación.
La campaña en la CPI quizá no sea realista. Pero el contexto es comprensible: el inmenso costo en vidas de la guerra contra las drogas. Aunque el gobierno ha dejado de publicar cifras de muertos, la prensa mexicana entrega los llamados "ejecutómetros"cada semana. El más confiable de ellos menciona 45,000 homicidios relacionados con las drogas entre 2006 y ahora.
El 9 de noviembre, Human Rights Watch emitió un severo informe acerca del procesamiento legal en la guerra contra el narcotráfico: de 35,000 homicidios cometidos por el crimen organizado entre diciembre de 2006 y enero de 2011, sólo 1,000 habían sido investigados por las autoridades federales. En sólo una tercera parte de esos casos se ha acusado a sospechosos - y sólo 22 de ellos han sido declarados culpables.
Interrogados acerca de por qué han sido tan pocas las sentencias de culpabilidad, los funcionarios mexicanos citan una gran variedad de circunstancias atenuantes. "No obstante", dice el informe, "varios fiscales confiaron a Human Rights Watch que uno de los mayores obstáculos para investigar y enjuiciar con eficacia tales casos es la letanía de abusos cometidos por soldados y policías".
Los incontables casos de tortura, asesinato y desapariciones forzadas; la impunidad de los culpables, y el rechazo sistemático del gobierno en cuanto a impulsar cambios que remedien esta situación están proyectando una sombra que puede oscurecer el porvenir de muchos de los funcionarios involucrados.
"Nadie acusa al presidente Calderón de haber ordenado estos abusos, pero los está tolerando con una serie de políticas equivocadas", dijo el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, en una entrevista con el Financial Times.
En Mexico se rumora que Calderón, al dejar la presidencia, desea ocupar un cargo en la ONU relacionado con los cambios climáticos, en las oficinas de ésta en Nueva York. Si efectivamente decide residir en Estados Unidos, se podría aplicar un precedente legal. En septiembre, una demanda alegando crímenes contra la humidad fue presentada contra el presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien enseña en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.
La demanda civil fue interpuesta en nombre de los supervivientes y familias de las víctimas de lo que es conocido como la Masacre de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, en la aldea de Acteal, en el estado de Chiapas, un grupo paramilitar masacró a 45 activistas por la paz. Zedillo era presidente en ese tiempo, y los acusadores aseguran que la matanza tuvo lugar en parte por las políticas de su administración.
Casi seguramente, Zedillo no será sometido a un juicio. Cuando acusaciones similares fueron presentadas contra el ex presidente de Colombia Alvaro Uribe, hoy conferencista invitado en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., la administración de Obama, bajo presión del gobierno colombiano, recomendó que Uribe no fuera llamado a testificar.
Mientras tanto, sin embargo, Zedillo ha tenido que dar explicaciones, contratar abogados y enfrentar la ansiedad de un posible juicio.
Si la Masacre de Acteal puede generar una demanda legal después de 14 años, ¿cómo podrían reaccionar los parientes de 40.000 víctimas de la guerra contra las drogas? De presentarse un caso contra Calderón, el gobierno de Estados Unidos podría extenderle una inmunidad similar a la de Uribe - o quizá no.
La posibilidad de que Calderón sea enjuiciado parece remota, si no es que imposible. No obstante, por varias razones - políticas, de animosidad, venganza o verdadero dolor causado por la pérdida de un ser amado - puede haber intentos, más o menos responsables, más o menos exitosos, para llevarlo a juicio.
Y así llegamos al juicio moral. México ha padecido un costo enorme en muertes y gasto en la guerra contra las drogas, así como una pérdida de prestigio fenomenal en el mundo. ¿Por qué desperdició México tantas vidas, tanto dinero y tanto prestigio?
Es probable que el gobierno de México sea derrotado las urnas en el juicio político, gane el juicio legal, y pierda terriblemente el juicio moral - el peor de todos.
Infobae – Hace 7 horas
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