viernes, 27 de enero de 2012

Funcionario de Marín se ampara “contra cualquier orden de aprehensión”

David Villa Issa, subsecretario de Egresos de Mario Marín y quien tuvo en su manos la cartera del estado, solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión o arraigo dictada por el gobierno de Rafael Moreno Valle
FOTO: MilenioDavid Villa Issa, subsecretario de Egresos en el sexenio de Mario Marín.

A David Villa Issa, subsecretario de Egresos en el sexenio marinista y quien tuvo en su manos la cartera del estado, su paso por la administración pública le ha robado la tranquilidad. El pasado 7 de diciembre solicitó en el Juzgado Segundo de Distrito un amparo contra cualquier orden de aprehensión o de arraigo dictada en su contra por el gobierno de Rafael Moreno Valle.

La petición del ex funcionario, a quién Animal Político le documentó que durante su paso por la secretaría de Finanzas favoreció a empresas propias con contratos gubernamentales, fue desechada por no existir, hasta el 30 de diciembre, procesos policiales en su contra.

Se trató de que una maniobra que en el mundo de los abogados se le conoce como “amparo buscador”, y se utiliza para rastrear y detener posibles ordenes de aprehensión para ganar tiempo en la defensa legal.

No es gratuito que en el instrumento jurídico –expediente 1808/2011— se haya señalado como “autoridad responsable” de la posible acción legal a 11 jueces penales –los nueve de la ciudad de Puebla, al de Cholula y de Atlixco–, a los responsables de la Dirección General para la Atención de los delitos relacionados con los Servidores Públicos y al director de la Policía Ministerial del Estado.
Y no es un procedimiento barato, pues además de los honorarios del abogado Villa Issa tuvo que depositar 110 mil pesos de fianza para que su amparo fuera admitido, pero para alguien que pagó con recursos del erario casi 100 millones de pesos a su taller mecánico durante los seis que trabajó en el gobierno de Mario Marín no debe ser una cifra que haga mella ni en su ánimo ni en sus finanzas personales.
Dos pincelazos: “me pidió el 20%”
La noche del 7 de noviembre de 2010, Raúl Hernández Garciadiego, responsable del proyecto “Agua para Todos” subía las escaleras del escenario de Iniciativa México con el corazón bombeándole a mil. Era los últimos pasos de una carrera de 12 semanas en las que compitió con 49 proyectos de desarrollo más por una bolsa de 10 millones de pesos.

Al día siguiente, el director de la asociación civil Alternativas y Procesos de Participación Social revelaba en una entrevista concedida al reportero poblano Efraín Núñez que David Villa Issa le había pedido una comisión del 20 por ciento para liberarle 8 millones de pesos que desde el sexenio de Melquiades Morales Flores le había otorgado para su proyecto.

“La SFA retuvo los desembolsos, debíamos dar mordidas y nos negamos. El subsecretario Villa Issa retuvo el dinero en su escritorio, posteriormente se presentó una persona y pidió el 20 por ciento de los recursos para poderlos liberar y como nos negamos la respuesta fue que tengan buena suerte con su cobranza”.

La respuesta del funcionario fue acusar a Hernández Garciadiego que no comprobó el gasto de los primero 5 millones de pesos que se le entregaron.

El asunto quedó, hasta el momento, en denuncias mediáticas, aunque en julio pasado Raúl Hernández anunciaba que el gobierno de Rafael Moreno Valle había iniciado una investigación.
El taller millonario
Vissa Car nació en el año 2000, justo a la mitad del trienio en que gobernó Mario Marín la ciudad de Puebla y en el que David Villa Issa fue el responsable de las finanzas municipales. Eran los años en los que el compacto grupo que Marín había creado a su alrededor se preparaba para saltar a la gubernatura, y en los que Villa Issa se encargó de los dineros.

En mayo de 2005 se registraba a Vissa Car en el padrón de proveedores del gobierno marinista (folio 5912) apenas tres meses después de que el mismo David Villa fuera nombrado subsecretario de Egresos. A partir de ese momento y hasta 2010 el pequeño negocio familiar ingresó en promedio 20 millones de pesos anuales, de acuerdo con solicitudes que información que entregó la propia Secretaría de Finanzas.

Para tratar de tapar la relación entre el funcionario y el taller se registró como representante legal a un empleado del taller de nombre Juan Rosendo Tapia Flores, pero el negocio siguió bajo la administración de Claudette Campos, esposa del funcionario marinista.

“Pero todos sabíamos que era de Villa Issa”, aseguró a finales del 2010 el ex director del Plan Popocatépetl.

Video de la Procuraduria de Puebla del cateo a la casa de Javier García Ramírez


Ernesto Aroche (@earoche)

ANIMAL POLÍTICO

Aquí la historia completa

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