La reforma para transparentar las finanzas de los estados acota el poder de los gobernadores en materia de deuda pública
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre.- En lo que representa un hecho inédito en la historia de México, el Presidente de la República aprovechó la entrega del Sexto Informe de Gobierno para ejercer su derecho a la iniciativa preferente y enviar al Congreso de la Unión las reformas en materia laboral y para transparentar las finanzas de los estados.
De acuerdo con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien entregó el último Informe de Gobierno de Felipe Calderón al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, el mandatario federal pidió que la iniciativa laboral sea procesada en San Lázaro y la de transparencia, en el Senado.
Contra la opacidad que los gobernadores ejercen en materia de finanzas públicas, la reforma pretende acotar la manga ancha que tienen para endeudarse a espaldas de la población que gobiernan o para hacer mal uso de los fondos que reciben para atender los programas
prioritarios.
Además, pretende castigar con cárcel de dos a cinco años a los funcionarios que falsifiquen información o se nieguen a entregarla.
Sobre la reforma laboral, ésta busca otorgar mayor poder a los trabajadores frente a sus dirigentes sindicales.
También pide que sea “obligatorio el voto libre, directo y secreto para definir al sindicato que se deba quedar con la titularidad del contrato colectivo de trabajo; la calificación de la inexistencia de la huelga y la elección de la directiva sindical”, entre otros puntos.
Ejecutivo envía 2 iniciativas
El presidente Felipe Calderón Hinojosa acompañó la entrega de su último Informe de Gobierno con la presentación, por primera vez en la historia, de dos iniciativas preferentes, para que el Congreso de la Unión las procese en dos meses, una en materia laboral y la otra para transparentar las finanzas de los estados.
Tal como lo informó Excélsior el miércoles pasado, luego de que el mandatario federal les hiciera el anuncio a los senadores electos del PAN en una cena, ayer Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, informó al presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jesús Murillo Karam, que el mandatario federal hacía uso de su derecho constitucional a la iniciativa preferente, que forma parte de la reciente reforma política.
Esa prerrogativa se acota a dos iniciativas por periodo ordinario de sesiones, por lo que el próximo Presidente, Enrique Peña Nieto, deberá esperar hasta el siguiente periodo, que se inicia en febrero, para enviar iniciativas preferentes.
La reforma laboral, la cual el Presidente pidió canalizarla a la Cámara de Diputados, retoma gran parte de los puntos discutidos durante varios meses, entre ellos varios que carecen de consenso entre priistas y perredistas, pero incluye una novedad: más poder a los trabajadores frente a sus líderes sindicales.
Reconoce el derecho de los trabajadores de solicitar en todo momento información a la directiva sobre la administración del patrimonio sindical. Los estatutos deberán prever sanciones a sus directivos por no presentar cuentas sobre la administración del patrimonio sindical.
Dispone la obligación de establecer procedimientos internos para resolver controversias con motivo de la gestión de los fondos sindicales (…) Agotados los procedimientos internos sin quedar satisfechas las pretensiones de los trabajadores, tendrán acción ante las juntas.
En materia sindical, el Ejecutivo también propone “hacer obligatorio el voto libre, directo y secreto para la prueba del recuento para definir al sindicato que se deba quedar con la titularidad del contrato colectivo de trabajo; la calificación de la inexistencia de la huelga y la elección de la directiva sindical”.
Respecto de la propuesta para transparentar las finanzas de los estados, turnada al Senado, Calderón propone poner candados a la libertad de acción financiera de los gobernadores y los presidentes municipales, para evitar que se endeuden a espaldas de la población que gobiernan o hagan mal uso de los fondos que reciben para atender programas prioritarios.
Incluye una parte de sanciones para todos aquellos que falseen información o se nieguen a entregarla, con prisión de dos a cinco años y con multas de cien mil a doscientos mil días de salario mínimo.
Los senadores y diputados federales tienen dos meses para concluir los procesos legislativos de estas dos iniciativas preferentes, lo cual implica que el Congreso está obligado a procesarlas antes del 1 de noviembre; sin embargo, el Congreso carece aún de comisiones de trabajo, por lo cual los legisladores federales deberán encontrar la justificación jurídica para, si fuera el caso, retrasar su definición sobre ambos temas.
Propone dar más poder a trabajadores
Otorgar poder a los trabajadores para que pidan cuentas a sus dirigentes sindicales; acotar el derecho de huelga; obligar a los gremios a renunciar a su monopolio de representación, y regular el outsourcing son algunos de los puntos de la propuesta de reforma laboral enviada ayer por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados.
“Reconoce el derecho de los trabajadores de solicitar, en todo momento, información a la directiva sobre la administración del patrimonio sindical.
“Los estatutos deberán prever sanciones a sus directivos por no presentar cuentas sobre la administración del patrimonio sindical.
“Dispone la obligación de establecer procedimientos internos para resolver controversias con motivo de la gestión de los fondos sindicales (…) Agotados los procedimientos internos sin quedar satisfechas las pretensiones de los trabajadores, tendrán acción ante las juntas”, establece la parte más novedosa de la propuesta presidencial que sometió a consideración del Congreso de la Unión, por primera vez, con el carácter de iniciativa preferente.
En materia sindical, el Presidente de la República también propone “hacer obligatorio el voto libre, directo y secreto para la prueba del recuento para definir al sindicato que deba quedarse con la titularidad del contrato colectivo de trabajo”.
Asimismo “la calificación de la inexistencia de la huelga y la elección de la directiva sindical”.
Prevé la obligación de dictaminar anualmente los resultados de la administración del patrimonio sindical por un auditor externo (en sindicatos mayores a 150 miembros) y que se considere como información pública la relacionada con registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores.
La propuesta presidencial retoma la mayor parte de los puntos que ya fueron discutidos en la Cámara de Diputados y que, incluso, tienen consensos mayoritarios.
Un ejemplo es sancionar con mayor severidad el trabajo infantil, cuando se realice fuera del entorno familiar, así como crear un listado de espacios laborales estrictamente prohibidos para menores.
Insiste en que el derecho de huelga debe tener un límite, pues define que se trata de “una suspensión temporal del trabajo, no permanente. Tiene por objeto ser un medio de negociación y no un medio para destruir la fuente de trabajo”.
Así, propone que “a falta de iniciativa del sindicato para someter el conflicto a resolución jurisdiccional (arbitraje), el patrón o terceros interesados podrán hacerlo, si la huelga dura más de 60 días naturales tratándose de servicios públicos y 120 en los demás casos”.
De esta manera se acota el poder sindical a decidir la duración de la huelga.
La iniciativa añade la facultad de la Secretaría del Trabajo para “restituir la posesión de los bienes muebles propiedad de terceros, en caso de huelgas estalladas, mediante un procedimiento paralelo (incidente), con el propósito de brindar certidumbre jurídica a la inversión”.
En materia de outsourcing, se exige contrato por escrito, el beneficiario deberá cerciorarse de la solvencia económica del contratista y del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo; se establece la responsabilidad solidaria de patrones (beneficiarios) e intermediarios (contratistas) en las obligaciones contraídas con el trabajador y define y sanciona la subcontratación dolosa.
Simplificar el procedimiento de clausura de los centros de trabajo cuando exista peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas.
Incluye disposiciones para el trabajo en las minas, como la prohibición expresa del trabajo en pozos, la contratación de menores de 18 años.
También obliga al patrón a contar con planos, sistema de ventilación y fortificación, así como dotar a los trabajadores de equipo de protección personal; prevé la obligación solidaria del concesionario con quien explota la mina; tipifica como delito y multa, la omisión en las medidas de seguridad que produzca la muerte de un trabajador.
Busca fin a opacidad de gobernadores y alcaldes
El presidente Felipe Calderón propuso al Senado acotar al máximo el margen de opacidad de las finanzas estatales y municipales, para evitar que los gobernadores se endeuden a espaldas de la población o hagan mal uso del dinero que reciben para programas sociales, seguridad o educación, con sanciones que incluyen cinco años de cárcel a quien se niegue a rendir cuentas o falsee información.
Se trata de la iniciativa preferente que el Presidente envió ayer al Congreso, para ser procesada por el Senado, que obliga a los gobernadores a rendir cuentas de la deuda que adquieran, de las personas que contratan y de los maestros que premian con comisiones especiales.
Calderón presentó ayer una propuesta para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga facultades suficientes para cuidar que los gobiernos estatales y municipales cumplan, con calendario autorizado, con obras y programas para los cuales la Federación canalizó recursos.
Por ejemplo, para terminar con la opacidad imperante en la relación entre los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la iniciativa faculta a la Secretaría de Educación Pública a conciliar sus cifras de matrícula escolar con la reportada por los gobiernos estatales, así como el número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas.
Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyente con Homoclave, así como la función que desempeña.
De igual forma, la “relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, centro de trabajo y destino, así como el inicio y conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales”.
Igual que lo hace la Federación, los estados deberán presentar su Analítico de Plazas y Remuneraciones, incluida toda la información de los trabajadores que tengan.
Para evitar que los gobiernos estatales sorprendan a la población con deudas públicas, la iniciativa prevé incorporar el mandato a las entidades de incluir en los informes trimestrales los datos relativos a las características de las obligaciones en materia de saneamiento financiero y aquéllas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.
Para ello, deberá especificar “el tipo de obligación; el fin, destino y objeto; el acreedor, proveedor o contratista; importe total; importe y porcentaje total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; plazo; tasa a la que, en su caso, esté sujeta, e información específica respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.
Para garantizar la armonización de la información y fortalecer la rendición de cuentas, la propuesta del Presidente es que no podrán realizarse traspasos de recursos entre las cuentas específicas; para la presentación de la información financiera y la Cuenta Pública se deberán registrar ante la Tesorería de la Federación las cuentas bancarias específicas creadas por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, con el fin de trasparentar el ejercicio de recursos federales entregados a gobiernos locales.
De igual forma, para hacer más transparente el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y poner la información a disposición de la población, se establece la obligación para que difundan por internet toda la información relativa al manejo de esos recursos.
Añade que deberán especificar las obligaciones financieras solventadas, los pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y de las acciones realizadas para atender las necesidades vinculadas con la seguridad pública.
También dispone que los gobiernos estatales y municipales deberán presentar un informe de los programas que hayan cumplido o los avances que registren, antes de presentar su petición de presupuesto anual, tanto frente a los congresos estatales como ante los cabildos.
De acuerdo con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien entregó el último Informe de Gobierno de Felipe Calderón al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, el mandatario federal pidió que la iniciativa laboral sea procesada en San Lázaro y la de transparencia, en el Senado.
Contra la opacidad que los gobernadores ejercen en materia de finanzas públicas, la reforma pretende acotar la manga ancha que tienen para endeudarse a espaldas de la población que gobiernan o para hacer mal uso de los fondos que reciben para atender los programas
prioritarios.
Además, pretende castigar con cárcel de dos a cinco años a los funcionarios que falsifiquen información o se nieguen a entregarla.
Sobre la reforma laboral, ésta busca otorgar mayor poder a los trabajadores frente a sus dirigentes sindicales.
También pide que sea “obligatorio el voto libre, directo y secreto para definir al sindicato que se deba quedar con la titularidad del contrato colectivo de trabajo; la calificación de la inexistencia de la huelga y la elección de la directiva sindical”, entre otros puntos.
Ejecutivo envía 2 iniciativas
El presidente Felipe Calderón Hinojosa acompañó la entrega de su último Informe de Gobierno con la presentación, por primera vez en la historia, de dos iniciativas preferentes, para que el Congreso de la Unión las procese en dos meses, una en materia laboral y la otra para transparentar las finanzas de los estados.
Tal como lo informó Excélsior el miércoles pasado, luego de que el mandatario federal les hiciera el anuncio a los senadores electos del PAN en una cena, ayer Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, informó al presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jesús Murillo Karam, que el mandatario federal hacía uso de su derecho constitucional a la iniciativa preferente, que forma parte de la reciente reforma política.
Esa prerrogativa se acota a dos iniciativas por periodo ordinario de sesiones, por lo que el próximo Presidente, Enrique Peña Nieto, deberá esperar hasta el siguiente periodo, que se inicia en febrero, para enviar iniciativas preferentes.
La reforma laboral, la cual el Presidente pidió canalizarla a la Cámara de Diputados, retoma gran parte de los puntos discutidos durante varios meses, entre ellos varios que carecen de consenso entre priistas y perredistas, pero incluye una novedad: más poder a los trabajadores frente a sus líderes sindicales.
Reconoce el derecho de los trabajadores de solicitar en todo momento información a la directiva sobre la administración del patrimonio sindical. Los estatutos deberán prever sanciones a sus directivos por no presentar cuentas sobre la administración del patrimonio sindical.
Dispone la obligación de establecer procedimientos internos para resolver controversias con motivo de la gestión de los fondos sindicales (…) Agotados los procedimientos internos sin quedar satisfechas las pretensiones de los trabajadores, tendrán acción ante las juntas.
En materia sindical, el Ejecutivo también propone “hacer obligatorio el voto libre, directo y secreto para la prueba del recuento para definir al sindicato que se deba quedar con la titularidad del contrato colectivo de trabajo; la calificación de la inexistencia de la huelga y la elección de la directiva sindical”.
Respecto de la propuesta para transparentar las finanzas de los estados, turnada al Senado, Calderón propone poner candados a la libertad de acción financiera de los gobernadores y los presidentes municipales, para evitar que se endeuden a espaldas de la población que gobiernan o hagan mal uso de los fondos que reciben para atender programas prioritarios.
Incluye una parte de sanciones para todos aquellos que falseen información o se nieguen a entregarla, con prisión de dos a cinco años y con multas de cien mil a doscientos mil días de salario mínimo.
Los senadores y diputados federales tienen dos meses para concluir los procesos legislativos de estas dos iniciativas preferentes, lo cual implica que el Congreso está obligado a procesarlas antes del 1 de noviembre; sin embargo, el Congreso carece aún de comisiones de trabajo, por lo cual los legisladores federales deberán encontrar la justificación jurídica para, si fuera el caso, retrasar su definición sobre ambos temas.
Propone dar más poder a trabajadores
Otorgar poder a los trabajadores para que pidan cuentas a sus dirigentes sindicales; acotar el derecho de huelga; obligar a los gremios a renunciar a su monopolio de representación, y regular el outsourcing son algunos de los puntos de la propuesta de reforma laboral enviada ayer por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados.
“Reconoce el derecho de los trabajadores de solicitar, en todo momento, información a la directiva sobre la administración del patrimonio sindical.
“Los estatutos deberán prever sanciones a sus directivos por no presentar cuentas sobre la administración del patrimonio sindical.
“Dispone la obligación de establecer procedimientos internos para resolver controversias con motivo de la gestión de los fondos sindicales (…) Agotados los procedimientos internos sin quedar satisfechas las pretensiones de los trabajadores, tendrán acción ante las juntas”, establece la parte más novedosa de la propuesta presidencial que sometió a consideración del Congreso de la Unión, por primera vez, con el carácter de iniciativa preferente.
En materia sindical, el Presidente de la República también propone “hacer obligatorio el voto libre, directo y secreto para la prueba del recuento para definir al sindicato que deba quedarse con la titularidad del contrato colectivo de trabajo”.
Asimismo “la calificación de la inexistencia de la huelga y la elección de la directiva sindical”.
Prevé la obligación de dictaminar anualmente los resultados de la administración del patrimonio sindical por un auditor externo (en sindicatos mayores a 150 miembros) y que se considere como información pública la relacionada con registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores.
La propuesta presidencial retoma la mayor parte de los puntos que ya fueron discutidos en la Cámara de Diputados y que, incluso, tienen consensos mayoritarios.
Un ejemplo es sancionar con mayor severidad el trabajo infantil, cuando se realice fuera del entorno familiar, así como crear un listado de espacios laborales estrictamente prohibidos para menores.
Insiste en que el derecho de huelga debe tener un límite, pues define que se trata de “una suspensión temporal del trabajo, no permanente. Tiene por objeto ser un medio de negociación y no un medio para destruir la fuente de trabajo”.
Así, propone que “a falta de iniciativa del sindicato para someter el conflicto a resolución jurisdiccional (arbitraje), el patrón o terceros interesados podrán hacerlo, si la huelga dura más de 60 días naturales tratándose de servicios públicos y 120 en los demás casos”.
De esta manera se acota el poder sindical a decidir la duración de la huelga.
La iniciativa añade la facultad de la Secretaría del Trabajo para “restituir la posesión de los bienes muebles propiedad de terceros, en caso de huelgas estalladas, mediante un procedimiento paralelo (incidente), con el propósito de brindar certidumbre jurídica a la inversión”.
En materia de outsourcing, se exige contrato por escrito, el beneficiario deberá cerciorarse de la solvencia económica del contratista y del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo; se establece la responsabilidad solidaria de patrones (beneficiarios) e intermediarios (contratistas) en las obligaciones contraídas con el trabajador y define y sanciona la subcontratación dolosa.
Simplificar el procedimiento de clausura de los centros de trabajo cuando exista peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas.
Incluye disposiciones para el trabajo en las minas, como la prohibición expresa del trabajo en pozos, la contratación de menores de 18 años.
También obliga al patrón a contar con planos, sistema de ventilación y fortificación, así como dotar a los trabajadores de equipo de protección personal; prevé la obligación solidaria del concesionario con quien explota la mina; tipifica como delito y multa, la omisión en las medidas de seguridad que produzca la muerte de un trabajador.
Busca fin a opacidad de gobernadores y alcaldes
El presidente Felipe Calderón propuso al Senado acotar al máximo el margen de opacidad de las finanzas estatales y municipales, para evitar que los gobernadores se endeuden a espaldas de la población o hagan mal uso del dinero que reciben para programas sociales, seguridad o educación, con sanciones que incluyen cinco años de cárcel a quien se niegue a rendir cuentas o falsee información.
Se trata de la iniciativa preferente que el Presidente envió ayer al Congreso, para ser procesada por el Senado, que obliga a los gobernadores a rendir cuentas de la deuda que adquieran, de las personas que contratan y de los maestros que premian con comisiones especiales.
Calderón presentó ayer una propuesta para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga facultades suficientes para cuidar que los gobiernos estatales y municipales cumplan, con calendario autorizado, con obras y programas para los cuales la Federación canalizó recursos.
Por ejemplo, para terminar con la opacidad imperante en la relación entre los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la iniciativa faculta a la Secretaría de Educación Pública a conciliar sus cifras de matrícula escolar con la reportada por los gobiernos estatales, así como el número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas.
Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyente con Homoclave, así como la función que desempeña.
De igual forma, la “relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, centro de trabajo y destino, así como el inicio y conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales”.
Igual que lo hace la Federación, los estados deberán presentar su Analítico de Plazas y Remuneraciones, incluida toda la información de los trabajadores que tengan.
Para evitar que los gobiernos estatales sorprendan a la población con deudas públicas, la iniciativa prevé incorporar el mandato a las entidades de incluir en los informes trimestrales los datos relativos a las características de las obligaciones en materia de saneamiento financiero y aquéllas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.
Para ello, deberá especificar “el tipo de obligación; el fin, destino y objeto; el acreedor, proveedor o contratista; importe total; importe y porcentaje total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; plazo; tasa a la que, en su caso, esté sujeta, e información específica respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.
Para garantizar la armonización de la información y fortalecer la rendición de cuentas, la propuesta del Presidente es que no podrán realizarse traspasos de recursos entre las cuentas específicas; para la presentación de la información financiera y la Cuenta Pública se deberán registrar ante la Tesorería de la Federación las cuentas bancarias específicas creadas por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, con el fin de trasparentar el ejercicio de recursos federales entregados a gobiernos locales.
De igual forma, para hacer más transparente el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y poner la información a disposición de la población, se establece la obligación para que difundan por internet toda la información relativa al manejo de esos recursos.
Añade que deberán especificar las obligaciones financieras solventadas, los pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y de las acciones realizadas para atender las necesidades vinculadas con la seguridad pública.
También dispone que los gobiernos estatales y municipales deberán presentar un informe de los programas que hayan cumplido o los avances que registren, antes de presentar su petición de presupuesto anual, tanto frente a los congresos estatales como ante los cabildos.
2012-09-02 04:55:00
Leticia Robles de la Rosa e Ivonne Melgar
EXCELSIOR
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