Elementos de la Policía Federal Preventiva, Ministerial y Preventiva locales dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa durante el enfrentamiento con éstos, y murieron dos manifestantes, denunció ayer en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.
El funcionario señaló que los servidores públicos que participaron en los hechos omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado.
Ellos fueron los que propiciaron el enfrentamiento en la vía pública y pusieron en peligro vidas humanas, además de segar la vida de dos de los estudiantes y herir a cuatro con sus disparos, precisó el ombudsman.
En un informe preliminar de las investigaciones acerca del desalojo violento de los estudiantes que el 12 de diciembre bloquearon la Autopista del Sol, la CNDH indicó que era una manifestación pública y los participantes no portaban armas de fuego, pero los elementos de seguridad pública federales y locales sí, y las usaron indebidamente.
Plascencia señaló que por las investigaciones del caso, personal de la CNDH llegó a la conclusión de que los efectivos de seguridad del Gobierno del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) cometieron violaciones graves a derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
Según el informe, el enfrentamiento entre autoridades y estudiantes se desencadenó al estallar una granada de gas lacrimógeno lanzada contra los jóvenes.
Hasta el momento, dijo el ombusdman nacional, no se ha podido determinar quiénes de dichas corporaciones de seguridad fueron los primeros en disparar.
También se informó que la CNDH no pudo determinar qué armas dispararon las ojivas con que se asesinó a los dos estudiantes e hirieron a cuatro, porque éstas atravesaron los cuerpos y se perdieron.
Sin embargo, en el informe preliminar se detalla que “por la trayectoria de los disparos, vinieron muy probablemente de poniente a oriente, desde donde estaban los servidores públicos de Guerrero, de la Policía ministerial y estatal”, aseguró Plascencia.
Agregó que las evidencias en el lugar de los hechos fueron alteradas por los mismos agentes involucrados en el enfrentamiento, y, según la indagatoria, en el lugar hubo 165 elementos desplegados, 67 de los cuales portaban armas de fuego.
A casi un mes de los hechos, la CNDH señaló que los servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno omitieron actuar con eficiencia y cumplir con la debida diligencia. Además, dijo, tras el enfrentamiento, 24 personas fueron detenidas arbitrariamente por agentes policiacos, 14 de las cuales fueron sometidas a trato indigno y una a torturas, y los agentes que participaron en el desalojo omitieron brindar atención a los heridos por arma de fuego.
Destacó que turnará a la PGR una copia del informe para que se efectúe el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Explicó que los hechos ocurrieron entre las 11:30 y las 12:50 horas del 12 de diciembre pasado, cuando un grupo de 250 a 300 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, y otros colectivos llegaron a bordo de varios autobuses a la ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero.
Allí empezaron la manifestación por la negativa del gobernador a darles audiencia. Alrededor de las 11:35 horas llegaron a la autopista y atravesaron un autobús en el sentido de norte a sur y dos en la salida hacia al lugar conocido como “Petaquillas”.
A las 11:40 horas, aproximadamente, la autopista se encontraba totalmente bloqueada con manifestantes. A esa hora llegó al lugar, en el sentido sur a norte, la camioneta de la Policía Federal número 13775, de la cual descendió uno de sus elementos, que respondía al apodo de “El 30”. Alrededor de las 11:50 horas, según lo señalaron los agraviados, del sentido norte a sur llegó un contingente de la Policía Federal al mando del subinspector de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a bordo de patrullas oficiales, y también el director general de Gobierno del estado, los exhortaron a retirarse ofreciéndoles instalar una mesa de trabajo con el gobernador. A las 12:05 horas, aproximadamente, en que no había ningún acuerdo y se cruzaban agresiones verbales, llegaron más policías federales, que alrededor de las 12:10 horas avanzaron hacia los manifestantes con la intención de contenerlos; entonces se incrementó el intercambio de insultos.
Alrededor de las 12:15 horas, desde el cerro ubicado en el lado oriente, a la altura de la desviación a “Petaquillas”, un elemento, al parecer de la Policía Federal, disparó una granada de gas lacrimógeno contra el grupo que se encontraba ubicado en la pista en el sentido de norte a sur.
La mayoría de los manifestantes comenzaron a dispersarse y corrieron la mayoría en dirección al norte, pero a la altura de la Estación de Gasolina número 4049 se enfrentaron con elementos de la citada Policía Federal, quienes comenzaron a someterlos de manera violenta y apuntarles con sus armas.
Los estudiantes que lograron evitar el enfrentamiento corrieron de nuevo en dirección al sur y se concentraron atrás de los camiones que estaban obstruyendo la circulación de norte a sur.
Para ese momento ya se había incendiado una de las bombas de abastecimiento de gasolina de la mencionada estación.
Los manifestantes continuaron dispersándose, y en medio de la trifulca se escucharon detonaciones de arma de fuego. Desde el puente que cruza a la calle René Juárez Cisneros vieron a agentes de la Ministerial de la Procuraduría de Justicia de Guerrero y a otros que portaban armas largas, pero iban vestidos de civil, la mayoría con playeras blancas y sin ninguna insignia oficial visible que los distinguiera como miembros de la institución.
Edmundo Olivares Alcalá
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