McALLEN, Texas, 22 de mayo.- Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.No se ha iniciado todavía ningún cargo penal contra Yarrington, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o soborno’’.
En ese entonces Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero” según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso fue presentado en San Antonio.
Las autoridades de EU intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 186 hectáreas en San Antonio
EU busca decomisar propiedades de Yarrington
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.
No se ha incoado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o soborno”.
En ese entonces Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 186 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos que fueron divulgados el martes por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington Ruvalcaba recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450 mil dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante “fondos ilícitos”.
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del cártel del Golfo para sobornar a funcionarios en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
La acusación contra Cano Martínez en Brownsville por cargos de lavado de dinero se basa en que tanto él como “uno o más socios de la confabulación no acusados formalmente” utilizaron un préstamo bancario de 67 millones de dólares para comprar una propiedad de 186 hectáreas en el condado de Bexar del que San Antonio forma parte.
Cano era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde 1993.
Uno de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009 para una sección de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto industrial de Altamira. Un auditor federal lo obligó a regresar dos millones de pesos por tramos de ese proyecto que fueron pagados pero que quedaron sin pavimentar.
Cano está prófugo y no tiene abogados que lo representen en el caso.
En tanto, la versión digital de The Houston Chronicle, publica un artículo en el que se asegura que Cano tomó dinero de los cárteles y lo entregó a funcionarios de alto rango en Tamaulipas, según la acusación en su contra.
La demanda también acusa que creó compañías en San Antonio y en el sur de Texas para comprar cientos de hectáreas de propiedades.
EXCELSIOR
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