lunes, 7 de noviembre de 2011

Tensiones electorales, comunicación política y democracia

Artículo de Leonardo Valdés Zurita, Presidente del Consejo General del IFE. Para Milenio Online

 

2011-11-07•Política

Si revisamos los momentos decisorios de nuestra transición a la democracia, fácilmente se pueden detectar las crisis del sistema y los arreglos institucionales para salir de ellas; de eso hay tres ejemplos: las elecciones de 1976, 1988 y 2006.

Foto: Octavio Hoyos/Archivo
 
Normalmente los cambios institucionales resuelven tensiones políticas. Mientras más graves sean las presiones sobre el sistema político, más profundos deben ser los acuerdos. Esta es la lógica de las reformas legislativas.

Si revisamos los momentos decisorios de nuestra transición a la democracia, fácilmente se pueden detectar las crisis del sistema y los arreglos institucionales para salir de ellas. Veamos tres ejemplos: 1976, 1988 y 2006.

En 1976, ante la crisis de credibilidad que provocó una elección presidencial sin contendientes, los tomadores de decisiones respondieron con una reforma constitucional y legal que impulsó una drástica liberalización política. Se dio cauce al pluralismo en la Constitución, los partidos se convirtieron en entidades de interés público y se establecieron las características del sistema de representación mixta que hoy tenemos.

En 1988, los cuestionamientos a los resultados de la elección presidencial, por ser el gobierno parte y árbitro en la contienda, derivaron en el diseño de un nuevo marco legal, y en la creación del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la magnitud de los arreglos institucionales no logró eliminar las tensiones políticas. Éstas se disiparon hasta que se eliminó la intervención gubernamental, se acreditó la imparcialidad de la autoridad electoral, se le otorgó autonomía y se ciudadanizaron los procesos electorales.
Para 2006, la evidente injerencia de los medios de comunicación y de algunos actores políticos en las elecciones, así como el debate poselectoral que originó el escaso margen de victoria entre el primero y segundo lugar, propiciaron que amplios segmentos de la sociedad cuestionaran el resultado de la elección.
Desde los años 90 el régimen político no había experimentado tal nivel de tensión como el que se vivió después de estas elecciones.

La coincidencia en la clase política sobre los factores que provocaron la inestabilidad que pasó del sistema electoral al sistema político, se concretó en reformas profundas al modelo electoral mexicano.
Así, en menos de dos años, la necesidad de eliminar las tensiones electorales favoreció que los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, haciendo a un lado sus intereses electorales y en beneficio de la estabilidad política, acordaran reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estos arreglos institucionales transformaron la fisonomía de la autoridad electoral, contribuyeron al desarrollo equitativo de las campañas electorales y a la gobernabilidad posterior a los procesos electivos.

El papel del nuevo modelo de comunicación política instaurado con la reforma 2007-2008 ha sido fundamental en este proceso. Su operación ha sido exitosa de 2009 a 2011 en 50 procesos electorales. Los niveles de cumplimiento logrado por parte de más de dos mil medios electrónicos, promedia 97 por ciento.
Por ello, es innegable que el modelo de comunicación política ha contribuido a disminuir las tensiones electorales y a la equidad en la disputa por el poder político. De hecho, gracias al Sistema Integral de Administración de los del Estado (SIATE), los partidos y sus candidatos han podido constatar que sus promocionales se transmitan conforme a la pauta generada por el IFE, y contado con elementos para ejercer sus derechos cuando consideran que la transmisión no fue la indicada por la autoridad electoral.
La prohibición para comprar o adquirir tiempos en radio y televisión para uso electoral, ha sido la fórmula que el Estado encontró para evitar la influencia del dinero en la lucha por el poder político. Sin embargo, aunque la gran mayoría de los sujetos regulados se han apegado a las disposiciones constitucionales, el sector que se sintió afectado con el mandato que dio al IFE el carácter de administrador único de los tiempos del Estado en materia electoral, en ejercicio de su derecho, ha mediatizado las decisiones de la autoridad electoral.

Del modelo de comunicación política se han dicho muchas cosas: se ha hablado de spotización; de excesos de la autoridad y de posibles limitantes al derecho a la información y la libertad de expresión: pero ningún partido, ni candidato ha señalado inequidad en la comunicación política.

El modelo es perfectible, aunque es indubitable su aportación a la equidad y la disminución de las tensiones electorales entre los contendientes. También ha sido un factor de desencuentro entre el IFE y algunos medios de comunicación. Desde mi punto de vista el modelo requiere reformas de detalle para ser un instrumento que contribuya no sólo a la equidad sino a la calidad del debate político.

De ahí que mientras los legisladores, en su caso, llegan a los consensos de su ámbito de competencia, el IFE ejerció sus facultades y llevó a cabo una reforma al Reglamento de Radio y Televisión, para que la transmisión de mensajes fuera más dinámica y acorde con las campañas. (1)

A partir de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar el reglamento aprobado por el IFE, el 23 de septiembre propuse llevar a cabo la consulta pública más amplia realizada entre una institución del Estado Mexicano y los medios de comunicación. Con ello, no sólo acatamos escrupulosamente la determinación del Tribunal, fuimos más allá al incluir en la consulta a todos los sujetos e instancias involucradas.

Solicitamos la opinión de 2 mil 319 concesionarios y permisionarios, de 5 organizaciones que los agrupan y de 21 instituciones públicas y organizaciones especializadas; publicamos desplegados y generamos un sitio en la página de Internet del IFE para que cualquier interesado conociera directamente la información técnica que está en manos de esta autoridad electoral.

De esta consulta recibimos 441 respuestas, de éstas 327 fueron de concesionarios y permisionarios en lo individual y 114 que agrupan a dos o más sujetos regulados; en conjunto, dichas respuestas representan a 2 mil 44 emisoras de radio y televisión. También nos dieron su opinión cinco organizaciones de permisionarios y concesionarios, que incluyen a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas y al Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior, entre otras. Respondieron, a su vez, la UNAM, el IPN y diversos ciudadanos.

El nuevo reglamento se aprobó el 27 de octubre en el Consejo General, después de amplias discusiones, y únicamente ha sido impugnado de manera parcial por dos partidos políticos.

Sin duda el nuevo reglamento dará mayor dinamismo a las campañas electorales en beneficio de la ciudadanía y la equidad en las contiendas, y favorecerá una nueva relación de colaboración por parte de los medios de comunicación electrónica. Espero que las expresiones de algunos directivos de la industria y formadores de opinión en la prensa escrita y hablada, sean un parámetro en este sentido. Confío en que con el nuevo reglamento, el modelo de comunicación política contribuirá a la imparcialidad en la democracia, a disminuir las tensiones electorales entre contendientes, industria y autoridades; pero sobre todo sea instrumento para que la ciudadanía tenga más y mejor información para decidir el sentido de su voto el próximo 1 de julio. Eso ayudará a consolidar nuestra joven democracia.
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(1) Cabe mencionar que el reglamento anterior se elaboró antes de que el modelo de comunicación política entrara en funciones


 

http://impreso.milenio.com/node/9057791

 

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