El conflicto poselectoral que ahora presenciamos no va a tener la anulación de la elección como desenlace. Abrirá de nuevo el expediente de nuestra regulación electoral, de eso estoy casi segura. Abrirlo es tan arriesgado como destapar la Caja de Pan
En la pasada justa electoral los partidos dispusieron de recursos públicos como nunca antes. La última reforma electoral acabó siendo muy generosa con ellos. Si bien los partidos recibieron vía prerrogativas un poco menos de lo obtenido en 2006 (cinco mil 292 millones de pesos vs cinco mil 786 mdp), en esta ocasión dispusieron de acceso a medios electrónicos sin tener que sufragar un solo peso. Su exposición en medios corrió a cargo de los tiempos oficiales de que dispone el Estado mexicano. En otras palabras, aunque en términos nominales recibieron menos, en términos reales les fue otorgada una dote espectacular.
En México Evalúa hicimos el cálculo de lo que hubiera costado la exposición mediática de partidos en este proceso, si le imputamos a esos espacios un precio comercial. La cifra a la que llegamos es fenomenal. Los partidos políticos en México son caros y la tendencia es a que nos cuesten más. Y sin embargo, los mexicanos sabemos poco de los partidos y mucho menos de sus cuentas. A diferencia de entidades gubernamentales o entes del Estado mexicano que están sujetos a las leyes de transparencia, los partidos, lo mismo que sindicatos, se manejan con particular opacidad. En realidad, no tiene por qué hacerlo distinto: no son sujetos obligados en términos de la ley.
Los partidos, en específico, están sujetos a un régimen de fiscalización especial a cargo del IFE y el Tribunal Electoral, cuyos esquemas han mostrado limitaciones. Las capacidades de los partidos de eludir la ley han rebasado por mucho la capacidad de las instituciones electorales para regularlos con efectividad. Si bien la comisión de fiscalización del IFE ha podido armar y documentar casos como Los amigos de Fox y el Pemexgate, quién sabe cuántos otros hechos ilícitos hayan transcurrido sin que fueran detectados por su radar. Todavía más preocupante, las sanciones que el IFE contempla son tan “suaves” que no disuaden a nadie de cometer un ilícito. Algún cínico comentó que los partidos dejaban un guardadito para sufragar las multas por sus excesos.
Ciertamente el IFE puede fortalecer sus capacidades de fiscalización. Esa ha sido la tendencia de los últimos años: dotarlo de atribuciones y, por tanto, de presupuestos cada vez más amplios para cumplir con esa función. La solución, sin embargo, quizá no vaya sólo por ahí. Me parecería más natural que el IFE se auxiliara del entramado institucional con que contamos en materia de fiscalización y transparencia, por lo menos a nivel nacional, que el querer construir dentro de su seno una estructura tan capaz y potente para fiscalizar con oportunidad y pertinencia el gasto de partidos y campañas y disuadir así el acto ilegal. Necesitamos que los partidos políticos rindan cuentas. Un primer paso es convertirlos en sujetos obligados en materia de transparencia.
Existe todo un alegato jurídico sobre porqué los partidos no clasifican en dicho ordenamiento legal (la Ley de Transparencia). Me parece, sin embargo, que nuestras circunstancias ameritan una profunda reflexión en torno a cómo inscribir a los institutos políticos en esquemas de rendición de cuentas y transparencia que permitan acotar el margen de discrecionalidad e impunidad con que se manejan. En la actualidad, no sabemos el origen de los recursos privados que recaudan, los montos y su destino. En la oscuridad, los partidos igual pueden recibir recursos de criminales que de gobiernos en funciones que desfalcan sus haciendas para hacer favores en épocas de elección. Pero incluso no conocemos con claridad el manejo de las cuantiosas prerrogativas públicas que reciben año con año.
Definitivamente no podemos tener un sistema de partidos modernos ahí donde priva la opacidad. Tampoco podremos aspirar a elecciones libres, competidas y equitativas mientras las tripas de los partidos sigan tan lejos de la luz y escrutinio públicos.
El conflicto poselectoral que ahora presenciamos no va a tener la anulación de la elección como desenlace. Abrirá de nuevo el expediente de nuestra regulación electoral, de eso estoy casi segura. Abrirlo es tan arriesgado como destapar la Caja de Pandora: después de tanto manoseo a la ley electoral, quién sabe dónde vayamos a parar. Pero también puede ofrecernos una oportunidad: colocar el tema de la transparencia de partidos en el centro del debate y de la agenda a impulsar.
Desafortunadamente son los propios partidos los que tienen la última palabra en materia de legislación electoral. Ellos definen la cancha en la que compiten y actúan y, al parecer, no tienen incentivo alguno para exponer a sus institutos políticos al escrutinio de la sociedad. Quizá lo recurrente de nuestras crisis poselectorales los lleve a concluir que más vale atarse las manos y transparentar las cuentas antes de sortear una nueva crisis y poner en jaque al país.
Edna Jaime
*Es directora de México Evalúa
www.mexicoevalua.org
@EdnaJaime
@mexevalua
2012-07-14 00:42:00
En México Evalúa hicimos el cálculo de lo que hubiera costado la exposición mediática de partidos en este proceso, si le imputamos a esos espacios un precio comercial. La cifra a la que llegamos es fenomenal. Los partidos políticos en México son caros y la tendencia es a que nos cuesten más. Y sin embargo, los mexicanos sabemos poco de los partidos y mucho menos de sus cuentas. A diferencia de entidades gubernamentales o entes del Estado mexicano que están sujetos a las leyes de transparencia, los partidos, lo mismo que sindicatos, se manejan con particular opacidad. En realidad, no tiene por qué hacerlo distinto: no son sujetos obligados en términos de la ley.
Los partidos, en específico, están sujetos a un régimen de fiscalización especial a cargo del IFE y el Tribunal Electoral, cuyos esquemas han mostrado limitaciones. Las capacidades de los partidos de eludir la ley han rebasado por mucho la capacidad de las instituciones electorales para regularlos con efectividad. Si bien la comisión de fiscalización del IFE ha podido armar y documentar casos como Los amigos de Fox y el Pemexgate, quién sabe cuántos otros hechos ilícitos hayan transcurrido sin que fueran detectados por su radar. Todavía más preocupante, las sanciones que el IFE contempla son tan “suaves” que no disuaden a nadie de cometer un ilícito. Algún cínico comentó que los partidos dejaban un guardadito para sufragar las multas por sus excesos.
Ciertamente el IFE puede fortalecer sus capacidades de fiscalización. Esa ha sido la tendencia de los últimos años: dotarlo de atribuciones y, por tanto, de presupuestos cada vez más amplios para cumplir con esa función. La solución, sin embargo, quizá no vaya sólo por ahí. Me parecería más natural que el IFE se auxiliara del entramado institucional con que contamos en materia de fiscalización y transparencia, por lo menos a nivel nacional, que el querer construir dentro de su seno una estructura tan capaz y potente para fiscalizar con oportunidad y pertinencia el gasto de partidos y campañas y disuadir así el acto ilegal. Necesitamos que los partidos políticos rindan cuentas. Un primer paso es convertirlos en sujetos obligados en materia de transparencia.
Existe todo un alegato jurídico sobre porqué los partidos no clasifican en dicho ordenamiento legal (la Ley de Transparencia). Me parece, sin embargo, que nuestras circunstancias ameritan una profunda reflexión en torno a cómo inscribir a los institutos políticos en esquemas de rendición de cuentas y transparencia que permitan acotar el margen de discrecionalidad e impunidad con que se manejan. En la actualidad, no sabemos el origen de los recursos privados que recaudan, los montos y su destino. En la oscuridad, los partidos igual pueden recibir recursos de criminales que de gobiernos en funciones que desfalcan sus haciendas para hacer favores en épocas de elección. Pero incluso no conocemos con claridad el manejo de las cuantiosas prerrogativas públicas que reciben año con año.
Definitivamente no podemos tener un sistema de partidos modernos ahí donde priva la opacidad. Tampoco podremos aspirar a elecciones libres, competidas y equitativas mientras las tripas de los partidos sigan tan lejos de la luz y escrutinio públicos.
El conflicto poselectoral que ahora presenciamos no va a tener la anulación de la elección como desenlace. Abrirá de nuevo el expediente de nuestra regulación electoral, de eso estoy casi segura. Abrirlo es tan arriesgado como destapar la Caja de Pandora: después de tanto manoseo a la ley electoral, quién sabe dónde vayamos a parar. Pero también puede ofrecernos una oportunidad: colocar el tema de la transparencia de partidos en el centro del debate y de la agenda a impulsar.
Desafortunadamente son los propios partidos los que tienen la última palabra en materia de legislación electoral. Ellos definen la cancha en la que compiten y actúan y, al parecer, no tienen incentivo alguno para exponer a sus institutos políticos al escrutinio de la sociedad. Quizá lo recurrente de nuestras crisis poselectorales los lleve a concluir que más vale atarse las manos y transparentar las cuentas antes de sortear una nueva crisis y poner en jaque al país.
Edna Jaime
*Es directora de México Evalúa
www.mexicoevalua.org
@EdnaJaime
@mexevalua
2012-07-14 00:42:00
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