martes, 22 de noviembre de 2011

¡PEÑA: POR UN PAIS SIN POBREZA!


Un México sin pobreza

México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. La inequidad en el ejercicio de derechos, en los niveles de ingreso y en el acceso a oportunidades de desarrollo es profunda y persistente. La desigualdad de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 25 a uno, mientras que en los países de la OCDE, en promedio, es de nueve a uno (gráfica 1). En materia de escolaridad, la diferencia entre estos dos extremos es de nueve años de estudio. Asimismo, la movilidad social es muy baja. La "cuna" en la que se nace, o el origen familiar, y no el trabajo o el esfuerzo realizado, determina significativamente el nivel socioeconómico que se puede alcanzar en la vida adulta.

Como ya se mencionó con anterioridad, según el CONEVAL, el número de personas que se encuentra en pobreza patrimonial se incrementó en los últimos años. En 2010, sumaron 57.7 millones de personas viviendo bajo esas condiciones, lo que significa un incremento de 12.2 millones de habitantes en tan sólo 4 años. Este número significa que la pobreza afecta a la mitad de la población, que las desigualdades se reproducen de una generación a otra y que se agudizan -aún más- entre sectores de la sociedad en donde el territorio, el origen étnico o el género condicionan las oportunidades de desarrollo. En México, nacer en el campo, ser indígena y/o mujer representa una serie de desventajas para el pleno desarrollo. Por ejemplo, 82% de las viviendas urbanas disponen de agua entubada en su interior, mientras que sólo 35% de las localidades rurales cuentan con este servicio básico para la salud. El 40% de la población indígena padece pobreza extrema, mientras que esta condición afecta a 8.5% de la población no indígena; la gran mayoría de los jóvenes "ninis", que ni estudian ni trabajan, son mujeres.

Esto es absolutamente injusto, perjudicial y peligroso en cualquier sociedad. Es injusto porque la baja movilidad social desvincula el mérito de las oportunidades reales de bienestar, y la pobreza limita el pleno desarrollo de quien la padece. El Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, ejemplifica esta limitación con una metáfora en la que menciona que los pobres son como excelentes semillas con todo el potencial de transformarse en árboles grandes, fuertes y frondosos. Sin embargo, ante la falta de oportunidades de desarrollo en su entorno, se convierten solamente en "bonsáis." Es perjudicial porque se desperdicia el potencial productivo y creativo de quienes podrían contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto. Es peligroso porque la frustración ante la falta de oportunidades provoca tensiones, debilita la cohesión social y, en algunos casos, hace que las actividades ilegales sean vistas como opciones atractivas para ascender socialmente.

I. Una política social insuficiente e ineficaz

Pese a sus aciertos, los esfuerzos gubernamentales por superar la pobreza son insuficientes, pues no han tenido todo el éxito esperado. A pesar de que el gobierno federal ha incrementado significativamente el gasto social, el Coneval señala que "el aumento en el gasto social se asocia con aumentos del gasto corriente" y las políticas de desarrollo social no están guiadas por los derechos sociales. Además, como ha sido señalado, contrario a la tendencia latinoamericana donde la pobreza ha disminuido, en México ésta se ha incrementado.

El gasto social no responde a criterios de equidad, pues asigna más recursos a los hogares de mayores ingresos en lugar de a los que menos tienen. El PNUD nos advierte que sólo 13% del gasto público federal en desarrollo humano (educación-salud-apoyos al ingreso) llegó a 20% de la población con menores ingresos en 2008, mientras que 32% del gasto benefició a 20% de la población más rica (gráfica 2). Esto obedece, en gran medida, a los subsidios generalizados al consumo, a los apoyos al campo pobremente focalizados y al actual sistema de seguridad social ligado al trabajo formal.

Además, los resultados de Progresa-Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza -mismo que ha merecido el reconocimiento de expertos nacionales y extranjeros-, corren el riesgo de verse invalidados por la baja calidad de los servicios públicos a los que acuden sus beneficiarios y el mediocre crecimiento económico que no está generando los empleos necesarios para que quienes terminen sus estudios encuentren un trabajo decente.

Por ello, la efectividad de Progresa-Oportunidades enfrenta dos grandes retos. El primero es mejorar la calidad de los servicios de educación (tema que abordé en el capítulo 4) y de salud, asunto al que me referiré más adelante, que lejos de ser óptima es indiscutiblemente "deficiente", particularmente en localidades rurales con alta población indígena.

El segundo es la insuficiente generación de empleos productivos, tanto en el campo como en la ciudad, que permitan aprovechar la inversión que el Estado y sus familias han hecho en los beneficiarios del programa. Por ello, requerimos acelerar el crecimiento y la generación de empleos, como señalé en el capítulo 3. Un estudio señala que "los [beneficiarios] más escolarizados son los que se van a vivir y trabajar a los Estados Unidos". Muchos más ingresan a la economía informal, quedando excluidos de la seguridad social y perjudicando la hacienda pública. Es decir, los avances de la política social se ven amenazados por los fracasos de la política económica y la falta de articulación entre las dos.

La base, el piso mínimo al que todo mexicano debe tener acceso, sin importar su condición laboral, es la seguridad social. Esta protección es fundamental tanto para los hogares en pobreza como para los estratos de ingresos medios, como expondré a continuación.

II. Fortalecer y ensanchar la clase media

Un amplio sector de la sociedad mexicana ha transformado su nivel de vida de manera importante en las últimas décadas y se autodefine como perteneciente a "la clase media", en función de su nuevo acceso a servicios públicos y privados, a patrones de consumo, y a sus actitudes y aspiraciones, a pesar de que su ubicación relativa en la distribución de ingresos sigue siendo precaria. El polémico e interesante debate despertado por Luis de la Calle y Luis Rubio al argumentar que México es ya un país de "clasemedieros" ha sido muy valioso para revalorar y buscar fortalecer a la clase media mexicana considerada "la esencia del desarrollo" de una nación.

El censo 2010 confirma que, a pesar de que aún falta mucho por hacer, en las últimas décadas ha habido un progresivo avance en la cobertura educativa, la atención a la salud y en los servicios básicos en las viviendas como energía eléctrica, agua potable y drenaje. Éste es un proceso "íntimamente ligado a la urbanización, condición que en México ya alcanza a casi 80% de los mexicanos".

Por ejemplo, en 1960 el 29% de las viviendas particulares habitadas en México tenía drenaje; la cifra aumentó a 41.5% en 1970, 51% en 1980, 62% en 1990, 75.4% en el año 2000 y actualmente se encuentra en 88.5% (gráfica 3). En cuanto a disponibilidad de energía eléctrica, el porcentaje de viviendas con este servicio aumentó de 59% en 1970, a 65.9% en 1980, 87.5% en 1990, 95.4% en el año 2000 y hoy se encuentra en 97.8% (gráfica 4). Asimismo, ha crecido el porcentaje de hogares con bienes como refrigerador, lavadora, computadora y automóvil. No podemos desestimar lo que el disfrute de estos nuevos productos y servicios representa en la vida cotidiana de quienes anteriormente carecían de ellos.

Es importante identificar los factores que explican estos cambios para poder fortalecerlos y así apoyar el ascenso de un mayor porcentaje de la población mexicana a las clases medias. En particular destacan cuatro elementos: 1) La disminución de la tasa de crecimiento poblacional y de la tasa de natalidad debido a la política de población y control natal iniciada en la década de 1970. ¿Quién no recuerda las frases: "La familia pequeña vive mejor" o "Pocos hijos para darles mucho"?; 2) La estabilidad macroeconómica alcanzada desde hace más de una década; 3) La apertura económica, particularmente el TLCAN, que ha aumentado la oferta de productos y servicios a menores costos y de mayor calidad. Lo anterior, aunado al crecimiento del crédito para el consumo, han ampliado el mercado de ciertos bienes para millones de mexicanos; 4) La progresiva, aunque aún insuficiente, expansión de servicios públicos y programas sociales.

A pesar de estos avances, la OCDE advierte que las clases medias en América Latina, y México no es la excepción, no encajan en el estereotipo de estos estratos en los países desarrollados. Al contrario, se caracterizan por su vulnerabilidad, ya que tienen ingresos precarios y empleos inestables. "La pérdida del empleo, un accidente en el coche, la enfermedad del abuelo, un divorcio o la drogadicción de algún hijo pueden convertirse en eventos devastadores" para su patrimonio.

En particular, las clases medias mexicanas han visto empeorar su situación económica desde 2006 (gráfica 5), año en que, según el INEGI y el Coneval, inició el declive en los ingresos de las familias mexicanas y más de 12 millones de "clasemedieros" cayeron en las filas de la pobreza, revirtiendo los esfuerzos positivos que desde hace más de una década habían logrado reducir los niveles de pobreza.

Este retroceso es sumamente preocupante porque México requiere de una clase media fortalecida y en expansión para acelerar su desarrollo. Por ello, se necesita una estrategia que reduzca los riesgos que enfrentan los hogares de clase media de caer en la pobreza y perder el patrimonio que han logrado atesorar con tanto esfuerzo. La universalización de los derechos sociales, y en particular de la seguridad social, crearía una "red de apoyo" para amortiguar el impacto de los cambios que pudieran afectar el bienestar de las familias mexicanas.

III. Derechos sociales universales y subsidios focalizados

La política social debe estar anclada en el ejercicio de derechos sociales universales y ser complementada con subsidios bien focalizados. En particular, los subsidios deben ser dirigidos hacia la llamada "pobreza dura", aquella que, debido a características como el aislamiento geográfico de quien la padece, no se puede erradicar fácilmente, y a grupos que requieren de atención prioritaria como los pueblos indígenas. Para llevar a cabo esta agenda se necesita establecer un nuevo pacto social basado en criterios universales y solidarios.

En particular, la superación de la pobreza -tanto urbana como rural- y el fortalecimiento de las clases medias del país requieren que el Estado establezca un piso básico y suficiente para proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los de menores ingresos, ante situaciones de vulnerabilidad como las enfermedades, la pérdida de empleo o la vejez. Debe garantizar una protección básica universal a partir de la cual cada mexicano tenga la posibilidad y la libertad de desarrollar su proyecto de vida y lograr con ello una mayor cohesión social.

IV. El piso básico: la Seguridad Social Universal

En México, más de la mitad de la población no tiene seguridad social (gráfica 6). Esta situación es inaceptable en un Estado que tenga como objetivo central garantizar los derechos de su población. Por ello, uno de los grandes objetivos que nos debemos proponer es precisamente universalizar el acceso a la seguridad social.

A pesar de los importantes logros alcanzados por instituciones como el IMSS y el ISSSTE a lo largo de más de medio siglo, el actual sistema de seguridad social en nuestro país es inequitativo, incompleto e ineficaz. Es inequitativo, porque excluye a la mitad de la población de los servicios de salud, las pensiones, los seguros y demás prestaciones que otorgan las instituciones de seguridad social a su población derechohabiente. Es incompleto porque no ofrece seguro de desempleo. Es ineficaz porque el sistema está fragmentado en diversas instituciones, lo que genera duplicidades tanto de servicios como de beneficiarios, lo cual resulta en un aumento de los costos para brindar servicios. Los datos son contundentes: mientras en México los gastos administrativos de los servicios de salud alcanzan 9.5% del gasto total en atención a la salud, en el Reino Unido o en Australia, países con atención médica universal, son apenas de 3% del total.

Esta situación es aún más grave porque con la finalidad de atender a quienes no cuentan con seguridad social se han creado programas, como el Seguro Popular en materia de atención a la salud, que han fragmentado aún más la política social en general y el sector salud en particular, contribuyendo al aumento de los costos del sistema de salud sin mejorar su servicio. Además, el empadronamiento de beneficiarios a estos programas no se ha traducido en una efectiva prestación de servicios. Por ejemplo, según las últimas cifras del Coneval, todavía hay más de 35 millones de mexicanos que no cuentan con el acceso a los servicios de salud.

Además, como ha argumentado Santiago Levy en diversas publicaciones, la coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal. Por un lado, se cobran cuotas a los trabajadores y a las empresas del sector formal para financiar a las instituciones de seguridad social, lo que en la práctica se traduce en un "impuesto" al trabajo formal que llega a alcanzar hasta 35% del salario de un trabajador. Por el otro, se subsidian con impuestos generales programas sociales gratuitos, o a un muy bajo costo, para los no derechohabientes, como es el caso del Seguro Popular.

En consecuencia, este esquema dual desincentiva el empleo formal, ya que se pueden obtener servicios públicos gratuitos en la economía informal sin necesidad de cubrir las cuotas correspondientes a la seguridad social. Esto obstaculiza el crecimiento económico y frena la productividad, puesto que las empresas informales se caracterizan por tener acceso limitado al crédito, a la capacitación laboral y a tecnologías innovadoras. Además, la evasión de impuestos que se deriva de la informalidad debilita al resto de la economía por la insuficiencia de recursos hacendarios.

Para corregir esta situación, debemos construir un Sistema de Seguridad Social Universal que otorgue un piso de protección social básico y gratuito a todos los mexicanos. Este sistema debe incluir cuatro elementos fundamentales: acceso efectivo a los servicios de salud, pensión para la vejez, seguro de desempleo y seguro de riesgos de trabajo. En este sentido, la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el eje del nuevo sistema de seguridad social.

Desde luego, la población afiliada a las instituciones de seguridad social podrá seguir disfrutando de las demás prestaciones a las que tiene acceso. Sin embargo, la protección social básica debe ser un derecho de todos y cada uno de los mexicanos.

El nuevo Sistema de Seguridad Social Universal debe integrar el hoy fragmentado sector salud para alcanzar dos objetivos. Primero, evitar que se dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del sistema. Segundo, que los usuarios puedan decidir la clínica y el médico de su elección.

Por su parte, la pensión universal es un reconocimiento a millones de mexicanos que han contribuido con bienestar del país y hasta ahora han sido excluidos de gozar de una vejez digna. Ésta es una pensión mínima otorgada por la condición de ser ciudadano sin importar el tipo de vinculación que se haya tenido con el mercado laboral, que complementaría pero que no sustituiría al actual sistema de ahorro para el retiro ni a las llamadas AFORES, cuyo funcionamiento seguiría sujeto al mercado laboral. Es particularmente importante para la equidad de género porque, al desligar las pensiones del empleo formal, el Estado reconoce las valiosas aportaciones realizadas por las mujeres mexicanas a la sociedad a lo largo de su vida como el cuidado de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos, el trabajo doméstico no remunerado o las interrupciones en su carrera laboral para atender responsabilidades familiares. Es desde luego de gran importancia para los trabajadores del sector informal, para los jornaleros agrícolas, para quienes con mucho esfuerzo y sacrificios pasaron parte de su vida trabajando en Estados Unidos y enviaron remesas para el desarrollo de sus familias y comunidades, y para los mexicanos con alguna discapacidad que no pudieron ejercer su derecho a la plena inclusión en los distintos ámbitos de la vida social laboral.

En este sentido, la plena incorporación de los mexicanos con alguna discapacidad al Sistema de Seguridad Social Universal es de gran importancia para romper el nexo entre pobreza y discriminación al que suele estar sujeta esta población.

De igual forma, se debe garantizar que todos los trabajadores tengan seguro de riesgos de trabajo y seguro de desempleo que apoye la capacitación y reinserción laboral. La evidencia empírica en Europa Central y Oriental parece confirmar que el seguro de desempleo ha reducido la pobreza de los desempleados en más de 50% en Hungría y de 45% en Polonia.

El nuevo sistema deberá ser financiado gradual y mayoritariamente por impuestos generales. Esto remplazaría al método actual de financiamiento vía impuestos, cotizaciones y gastos de bolsillo. De esta forma, toda la población, sin excepción, tendría pensión y acceso efectivo a la salud, al mismo tiempo que dejarían de existir los incentivos para ingresar o permanecer en la economía informal, lo que aumentaría la calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.

Para hacer realidad este objetivo debemos abandonar la lógica de las pequeñas reformas sin sentido estratégico. Necesitamos una reforma integral en la que, a la par de la creación del Sistema de Seguridad Social Universal, se apruebe una reforma fiscal, misma que abordaré en el capítulo 8, para poder financiarlo. También es esencial la transformación de la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad.

V. Combatir la pobreza dura: la dispersión y el aislamiento rural

"Una solución a fondo contra la pobreza extrema es evitar la dispersión poblacional." Es un diagnóstico compartido que "a los más pobres entre los pobres no llegan la mayor parte de los programas sociales por su dispersión y la dificultad que conlleva acceder a ellos." El censo 2010 reveló que más de 2.2 millones de mexicanos viven en más de 120,000 localidades de menos de 100 habitantes. Esto significa que en promedio, cada localidad tiene 18 habitantes. Esto dificulta -y a veces imposibilita- la prestación de servicios básicos a esta población, encarece su consumo y la excluye de mercados (laborales, financieros, de bienes y servicios) en perjuicio de su bienestar.

Por ello, es importante plantear la posibilidad de ofrecer a la población actualmente aislada de los centros de servicios la oportunidad de acceder a ellos a través de la creación de nuevos asentamientos rurales que reúnan a las familias hoy dispersas. En estas comunidades sería posible llevar al campo los beneficios asociados a la urbanización y a la expansión de las clases medias, como los servicios de agua y drenaje, hospitales con equipo y recursos humanos suficientes, y escuelas equipadas y conectadas a internet. Además, la integración de familias crearía un mercado que abriría oportunidades de ingreso a muchos de sus habitantes, quienes tendrían más alternativas productivas sin necesidad de abandonar las previas.

VI. Una sociedad más equitativa

Una de las desigualdades más profundas en México es la de género, ya que atraviesa clases sociales y grupos étnicos. En las últimas décadas, la mujer mexicana se ha transformado a pasos agigantados, pero el mercado, el Estado y sus instituciones no lo han hecho a la misma velocidad. Nuestro país difícilmente podrá alcanzar un mayor desarrollo si no construimos una sociedad más equitativa en la que hombres y mujeres contribuyamos y disfrutemos tanto de la vida familiar como de la laboral.

Asumir e impulsar la corresponsabilidad en las actividades reproductivas y productivas entre hombres y mujeres es indispensable para aprovechar el talento y el trabajo de las mexicanas, quienes, aunque han alcanzado niveles educativos sin precedentes -al grado de que, a nivel nacional, hemos logrado cerrar la brecha educativa de género-, siguen insertándose en el mercado laboral en condiciones de desigualdad y discriminación. Una realidad inaceptable es que, ante un mismo nivel educativo, el ingreso de los hombres por hora trabajada sea mayor que el de las mujeres.

Es totalmente injusto que el peso del trabajo doméstico no remunerado recaiga exclusivamente en las mujeres, particularmente en los hogares de menores ingresos. Además, la responsabilidad de cuidar a los niños, a los padres ya mayores y a los enfermos también les corresponde principalmente a ellas. Este gran aporte al bienestar social no es remunerado económicamente ni debidamente valorado socialmente. Un estudio del INEGI señala que, de haber realizado el mismo trabajo en el mercado laboral, el valor del trabajo no remunerado en el hogar de cada mujer mexicana equivaldría a un sueldo de 37,300 pesos anuales y a 17.3% del PIB nacional en 2009.

Además, la sobrecarga del trabajo no remunerado representa un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer su derecho al trabajo, es decir, su derecho a generar ingresos individuales y familiares para salir de la pobreza y tener autonomía económica. Tiene, además, altos costos para la generación de riqueza en el país, ya que sólo cuatro de cada 10 mujeres en edad de trabajar cuentan con un empleo remunerado, mientras que, por ejemplo, en los países nórdicos dicha cifra es de siete de cada 10.

Esto es particularmente grave para la generación de ingresos en familias de jefatura femenina, las cuales hoy en día representan a uno de cuatro hogares mexicanos. En ocasiones, la exigencia de conciliar las responsabilidades familiares con las necesidades económicas obliga a las mujeres a ingresar a la economía informal, más flexible pero más precaria, sin posibilidad de acceder al sistema actual de seguridad social y con menores posibilidades de ascenso y desarrollo de capacidades.

Esto debe de cambiar. El Estado, el mercado y las familias mexicanas deben asumir un nuevo papel para redistribuir las responsabilidades familiares y laborales. El Estado debe retomar un papel mucho más activo y ampliar la oferta en las prestaciones y servicios a la familia, como el cuidado infantil de alta calidad y las jornadas escolares de tiempo completo que permitirían a los padres de familia, especialmente a las madres, generar ingresos sabiendo que sus hijos están en buenas manos. Asimismo, el Estado debe impulsar el acceso de las mujeres, particularmente las que estén en situación de pobreza, a recursos financieros como el microcrédito y fomentar el desarrollo de sus capacidades para participar en empleos productivos.

Desde luego, un Estado Eficaz debe hacer cumplir la legislación en la materia, misma que ha avanzado significativamente en los últimos años; también debe asegurarse de contar con presupuestos públicos que incorporan la perspectiva de género. Un paso en la dirección correcta fue la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, a grandes rasgos, proporciona seguridad jurídica a los beneficiarios de los programas presupuestarios y/o de las inversiones destinadas a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres para que cada año cuenten, cuando menos, con la misma proporción del del gasto programable que el del año inmediato anterior y se prohíba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizar reducciones, a lo largo del ejercicio fiscal, en estos programas.

Por su parte, las empresas tienen también una tarea importante en materia de equidad de género. Parafraseando un estudio de la OCDE, los países deben encontrar un balance entre preparar a las familias para participar activamente en el mercado laboral y preparar al mercado laboral para la vida de las familias. En particular, una contribución de las empresas para las familias consiste en lograr una mejor administración del tiempo de las madres y padres trabajadores. Diversos estudios recomiendan medidas como: flexibilizar los horarios laborales, establecer una sala de lactancia, permitir el trabajo a distancia si las funciones lo permiten, otorgar licencias para la atención de emergencias relacionadas con los hijos y ofrecer servicios de cuidado infantil durante el periodo de vacaciones escolares. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el PNUD señalan que estas medidas aumentarían la productividad de las empresas al contar con recursos humanos más satisfechos, al retener a personas con talento que no sólo buscan altos ingresos sino buenas prestaciones, y contribuirían positivamente a su imagen pública.

La equidad de género es un fin en sí mismo y un prerrequisito para alcanzar un desarrollo sostenible, superar la pobreza y construir una sociedad más justa.

VII. Una nación multicultural

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos de tres años de edad y más son hablantes de una lengua indígena (gráfica 7). De éstos, ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema: es decir, en el México del siglo XXI ser indígena prácticamente equivale a ser pobre.

Los indicadores educativos, de salud, vivienda y empleo muestran un rezago brutal entre las oportunidades de desarrollo de la población indígena y de la no indígena (tabla 1).

Por ejemplo, 10 de cada 100 niños indígenas de seis a 14 años no asisten a la escuela. Entre los niños no indígenas la cifra es de la mitad (4.7 de cada 100); en promedio, una mujer no indígena tiene el doble de años de escolaridad que una indígena (8.7 vs. 4.5); la desnutrición crónica infantil en niños indígenas es más del triple de la que padecen los no indígenas (38% vs, 12.5%); en cuanto a prestaciones laborales, 80% de la población subordinada y remunerada de habla indígena no recibe ahorro para el retiro, mientras que en los no hablantes de lengua indígena la cifra es de 55%. Más de 70% no recibe vacaciones con goce de sueldo frente a 48% que carece de esta prestación entre los no indígenas.

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Estos ejemplos ilustran la marcada desventaja de los pueblos indígenas frente al resto de la sociedad para ejercer derechos básicos, debido a su condición étnica en un contexto nacional cargado de discriminación, racismo, prejuicios y sobre todo de ignorancia. "La discriminación hacia los indígenas que usan su propia lengua o su vestimenta típica, o incluso por sus rasgos físicos, les afecta seriamente, pues muchas veces les impide el acceso a servicios, trabajos y oportunidades que sí están disponibles para otros mexicanos." En este sentido, el combate a la pobreza y la marginación de los pueblos indígenas debe de ir de la mano del combate a la discriminación entre la población no indígena.

Por ello, todos los mexicanos -indígenas y no indígenas- debemos promover un desarrollo incluyente y equitativo que nos permita lograr la cohesión social dentro de la diversidad. No se trata, como se hizo en el pasado, de intentar "asimilar" a los pueblos indígenas a la cultura dominante "mestiza", un término por decir lo menos ambiguo. Tampoco de promover el asistencialismo paternalista de antaño.

Como he dicho a lo largo del libro, un Estado Eficaz debe promover el efectivo ejercicio de los derechos de toda su población y el desarrollo de las capacidades de cada mexicano para ampliar sus libertades y opciones de vida. Esto incluye, evidentemente, tanto a los

mexicanos que hablan la lengua náhuatl, maya, tzeltal, tzotzil, mixteca, zapoteca u otomí, por mencionar algunas entre las decenas de lenguas indígenas, como a los mexicanos que sólo hablan español.

Desde luego, los pueblos indígenas están incluidos en todos y cada uno de los temas que he planteado para mejorar el bienestar de los mexicanos y contribuir a que estén mejor preparados para participar en la vida nacional y el mundo global. Sin embargo, para que sean incluidos en condiciones equitativas frente al resto de la sociedad, su desarrollo debe ser una prioridad en la agenda nacional y las finanzas públicas.

Es fundamental que la multiculturalidad del país, reconocida legalmente, permee en las instituciones, en las políticas públicas y en la sociedad mexicana, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. El objetivo es que los casi siete millones de mexicanos que hablan una de las más de 60 lenguas indígenas que existen en el país no encuentren obstáculos derivados de su condición étnica.

El Estado debe garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una limitante para ejercer derechos como el acceso a la justicia, a través de defensores de oficio y traductores bilingües, o a la educación. El acceso efectivo a una educación bilingüe -es decir, en español y en la lengua indígena del estudiante- e intercultural de calidad es básica para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes indígenas y ampliar sus oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, así como para potenciar el desarrollo de sus capacidades humanas.

En el México del siglo XXI, un Estado Eficaz debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los indígenas, además de integrarse al desarrollo nacional conservando su cultura, también se puedan integrar en condiciones favorables a la globalidad. Hoy en día miles de indígenas forman parte de los flujos migratorios trasnacionales entre México y, principalmente, Estados Unidos. Por ejemplo, los mixtecos poblanos tienen una importante presencia en Nueva York, los otomíes hidalguenses en Florida y los mayas yucatecos en California. Sin embargo, al igual que muchos otros mexicanos, se tienen que integrar de manera forzada a la globalidad al no poder encontrar oportunidades en su lugar de origen. Los migrantes indígenas, por ejemplo, a la par que tienen que aprender a hablar inglés para poder vivir en Estados Unidos, buscan recrear su cultura. Observan sus tradiciones y hablan su lengua con quienes comparten su identidad, y se las ingenian para seguir comiendo sus platillos tradicionales.

Ellos no se ponen fronteras, pero la estrecha visión dominante de las políticas relacionadas con su desarrollo sí. Estas limitaciones deben quedar atrás. El Estado debe facilitar a los pueblos indígenas las herramientas indispensables para que decidan, desde una posición más ventajosa que la actual, su participación en la globalidad. Por ejemplo, una mayor inversión en infraestructura física y digital les permitiría tener un mayor acceso a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. De igual forma, con las Jornadas Escolares Completas podrían aprender el inglés como tercera lengua.

Igual de importante para promover un desarrollo incluyente es que los niños y jóvenes no indígenas sean conscientes y entiendan nuestra diversidad cultural. Es decir, que los niños no sólo conozcan a los mayas del periodo clásico mesoamericano, sino también a los mayas del siglo XXI, mexicanos con los mismos derechos que ellos. Bien le hará a México contar con ciudadanos -indígenas y no indígenas- que, dejando atrás prejuicios y acciones discriminatorias, entiendan la enorme complejidad de los retos y las oportunidades que la multiculturalidad representa para el país.

Como señala la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre Diversidad Cultural: "La diversidad cultural, como fuente de intercambios innovación y creatividad, es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los organismos vivos. Constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras".

Uno de los grandes objetivos del Estado Eficaz en el siglo XXI es lograr que los indígenas, logrando mantener plenamente su cultura, tengan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, y se puedan integrar tanto al desarrollo nacional como global en condiciones plenamente favorables.

VIII. Integrar plenamente a las personas con discapacidad

Una política de igualdad no puede dejar de lado a las personas con discapacidad. Actualmente, una de cada tres personas con limitaciones físicas o mentales no está cubierta por alguna institución de salud y el desempleo es uno de los principales problemas que enfrentan. La falta de atención médica apropiada y la dificultad para obtener ingresos propios, además de limitar su derecho a la salud y al trabajo, obstaculizan su derecho a vivir de forma independiente de acuerdo a lo establecido en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, es necesario emprender una política nacional para la rehabilitación de las personas con discapacidad; una política de empleo dirigida especialmente a este grupo a través de incentivos fiscales. Asimismo, habrá que impulsar una estrategia nacional de infraestructura urbana que permita garantizar la accesibilidad y facilitar su plena integración a la convivencia social. México necesita construir una mayor cohesión social para combatir las profundas desigualdades que nos han caracterizado y limitado como sociedad. El Estado mexicano tiene mucho por hacer. La universalización de los derechos sociales, particularmente el derecho a la seguridad social para toda la población es, sin duda, un paso transcendental en la consolidación de una nación más incluyente. Es un proyecto que nos vincularía a todos de forma solidaria y nos permitiría tener un piso de protección básico para el pleno desarrollo de cada mexicano sin distinción: hombres y mujeres; población rural y urbana; trabajadores formales e informales; indígenas y no indígenas; y quienes tienen alguna discapacidad. Es, además, una red de protección para salir de la pobreza y/o para no caer en ella.

Sin lugar a dudas, se requieren otros esfuerzos para promover y garantizar una mayor igualdad de oportunidades. En este capítulo he esbozado algunos de ellos, pero en una sociedad plural como la nuestra, un proyecto de desarrollo incluyente deberá escuchar y atender las distintas propuestas y prioridades de todos los sectores de su población.

LA PRENSA: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2318146.htm

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