El presidente del Consejo de MVS Comunicaciones detalló los términos en los que Alejandra Sota, vocera de Presidencia, solicitó que Carmen Aristegui se disculpara por los comentarios sobre Felipe Calderón.
México, DF. El presidente del Consejo de MVS Comunicaciones, Joaquín
Vargas, expuso pruebas pormenorizadas de los acontecimientos ocurridos a partir
de inicios de febrero de 2011, a raíz de un cuestionamiento de la periodista
Carmen Aristegui y que luego dio origen a un conflicto por el tema de la banda
de 2.5 Gigahertz, la cual dicha empresa estaba negociando y que recientemente el
gobierno anunció que rescataría.
A una semana de la pasada conferencia donde se conoció en términos generales estos hechos, Vargas ofreció una sesión informativa donde dio lectura puntual a las versiones estenográficas, certificadas notarialmente, de las comunicaciones que vía celular y correo eléctrónico sostuvo con la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota; y el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, a quien desmintió por los señalamiento de que fue él quien puso sobre la mesa "la cabeza" de la comunicadora para poder concretar la negociación en materia de telecomunicaciones.
Vargas rechazó categóricamente esos dichos, aunque en su relación cronológica de los hechos, reconoció que no estuvo de acuerdo con la exposición de la comunicadora relativa a un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Asimismo, asumió que en la decisión de cortar relación laboral con Aristegui fue abrupta y se saltó la intermediación del árbitro con el que cuenta MVS para casos de violaciones al Código de Ética y las sanciones asignadas para ello.
Asimismo, presentó los detalles de los términos en que Sota le solicitó que la periodista se disculpara públicamente por lo emitido, lo cual fue rechazado por Aristegui, quien a su vez ofreció redactar un texto, mismo que no fue aceptado por la empresa, y fue entonces cuando se decidió prescindir de su presencia.
El hecho, dijo, tuvo tan inmediatas y grandes repercusiones en las redes sociales que la propia Sota se manifestó preocupada, y fue así como el asunto derivó en diversos encuentros en los que estuvo involucrado Lozano, y quien expresó aquello de "tu proyecto de 2.5 ghz tiene méritos, pero si recontratas a la periodista a tu proyecto se lo lleva la chingada".
Previo a ello, el vicepresidente corporativo de MVS, José Antonio Abad, dijo que es “totalmente falso” que la empresa no quiera pagar una contraprestación por el uso de la banda 2.5 Gigahertz (Ghz).
En conferencia de prensa, enfatizó que “MVS ha sostenido en múltiples ocasiones que está dispuesta a pagar una contraprestación determinada con base en los precios de subastas internacionales de la banda 2.5 de forma congruente con la metodología de Cofetel y ajustando estos precios”.
Dijo que al obtener el promedio ajustado de licitaciones de la banda 2.5 Ghz es de 0.04 dólares, da como resultado 11 mil 164 millones de pesos por derecho de uso de esta parte del espectro, propuesta que MVS presentó al gobierno y la cual se mantiene.
“Se ha hecho pensar que MVS no quiere pagar, lo cual es totalmente falso y queda demostrado, con este pretexto se ha retrasado al país cinco años en penetración de banda ancha”, consideró.
Al término de la larga relatoría de diálogos entre Vargas y los diferentes actores del gobierno involucrados en todo esto, se comunicó que no habría sesión de preguntas, toda vez que el cuerpo jurídico de la empresa recomendó no emitir más información sobre este conflicto.
(Con información de Notimex)
A una semana de la pasada conferencia donde se conoció en términos generales estos hechos, Vargas ofreció una sesión informativa donde dio lectura puntual a las versiones estenográficas, certificadas notarialmente, de las comunicaciones que vía celular y correo eléctrónico sostuvo con la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota; y el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, a quien desmintió por los señalamiento de que fue él quien puso sobre la mesa "la cabeza" de la comunicadora para poder concretar la negociación en materia de telecomunicaciones.
Vargas rechazó categóricamente esos dichos, aunque en su relación cronológica de los hechos, reconoció que no estuvo de acuerdo con la exposición de la comunicadora relativa a un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Asimismo, asumió que en la decisión de cortar relación laboral con Aristegui fue abrupta y se saltó la intermediación del árbitro con el que cuenta MVS para casos de violaciones al Código de Ética y las sanciones asignadas para ello.
Asimismo, presentó los detalles de los términos en que Sota le solicitó que la periodista se disculpara públicamente por lo emitido, lo cual fue rechazado por Aristegui, quien a su vez ofreció redactar un texto, mismo que no fue aceptado por la empresa, y fue entonces cuando se decidió prescindir de su presencia.
El hecho, dijo, tuvo tan inmediatas y grandes repercusiones en las redes sociales que la propia Sota se manifestó preocupada, y fue así como el asunto derivó en diversos encuentros en los que estuvo involucrado Lozano, y quien expresó aquello de "tu proyecto de 2.5 ghz tiene méritos, pero si recontratas a la periodista a tu proyecto se lo lleva la chingada".
Previo a ello, el vicepresidente corporativo de MVS, José Antonio Abad, dijo que es “totalmente falso” que la empresa no quiera pagar una contraprestación por el uso de la banda 2.5 Gigahertz (Ghz).
En conferencia de prensa, enfatizó que “MVS ha sostenido en múltiples ocasiones que está dispuesta a pagar una contraprestación determinada con base en los precios de subastas internacionales de la banda 2.5 de forma congruente con la metodología de Cofetel y ajustando estos precios”.
Dijo que al obtener el promedio ajustado de licitaciones de la banda 2.5 Ghz es de 0.04 dólares, da como resultado 11 mil 164 millones de pesos por derecho de uso de esta parte del espectro, propuesta que MVS presentó al gobierno y la cual se mantiene.
“Se ha hecho pensar que MVS no quiere pagar, lo cual es totalmente falso y queda demostrado, con este pretexto se ha retrasado al país cinco años en penetración de banda ancha”, consideró.
Al término de la larga relatoría de diálogos entre Vargas y los diferentes actores del gobierno involucrados en todo esto, se comunicó que no habría sesión de preguntas, toda vez que el cuerpo jurídico de la empresa recomendó no emitir más información sobre este conflicto.
(Con información de Notimex)
